Por si antes no era notorio, el distanciamiento social ocasionado por la COVID-19 ha resaltado de forma contundente cuán importante son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la sociedad. Después de todo, “lo digital” se ha convertido en la herramienta número uno de los Gobiernos, las empresas y los individuos para continuar sus actividades productivas, brindar servicios y otras responsabilidades.

Empero, existen límites respecto a cuánto de las tecnologías digitales es aprovechable, que van desde estar o no conectado a ellas hasta la resiliencia de las redes que las soportan. Límites que también se enfatizan hoy en día. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los no usuarios de internet, el principal grupo excluido de las ventajas digitales durante este periodo de emergencia, conforman aproximadamente un 46% de la población mundial. A su vez, más de 1,000 millones de estudiantes requieren mecanismos online para recuperar su aprendizaje; el tráfico de datos ha aumentado más del 20%, lo que genera congestión; el sector salud demanda más capacidad y velocidad de red, cada día más escasos; entre otras exigencias.

Por ende, los desafíos digitales de acceso, capacidad y calidad han incrementado su urgencia, por lo que corresponde a todo Gobierno presentar una respuesta rápidamente.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL FUTURO PRÓXIMO

En dicha línea, la UIT, en colaboración con el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la Asociación GSM, elaboró recientemente un plan de acción basado en cinco puntos: generar una mayor cobertura, seguridad y resiliencia de la banda ancha; asegurar la conexión digital y la continuidad de los servicios vitales y públicos; dar soporte a negocios y comunidades mediante el impulso de servicios digitales; promover la confianza y la seguridad online; y aprovechar el poder del big data.

Estos son lineamientos generales no solo para responder al contexto de la enfermedad, sino también pensando en la “nueva normalidad” que se avecina. Así, el plan sugiere aplicar medidas en al menos un periodo de seis meses para lograr un mayor y mejor uso de las TIC.

Entre ellas, por ejemplo, se insta a flexibilizar regulaciones y eliminar rigideces para dotar de rapidez a la instalación y expansión de infraestructura que aumente la capacidad de la red. Asimismo, se sugiere facilitar la digitalización de empresas afectadas, de forma que se integren al sistema de pagos digitales, pues ello puede tanto impulsar la actividad privada como dar mayor confianza en el e-commerce y los servicios financieros electrónicos. En cuanto al uso de big data, el trabajo conjunto entre autoridades y operadores móviles debe traducirse en el uso de datos para monitorear la expansión del virus en el tiempo, identificar zonas de riesgo y elaborar predicciones que permitan desplegar recursos de forma eficiente.

EL PERÚ HA REACCIONADO, PERO FALTARÁ MUCHO MÁS

En nuestro país, si bien no siempre desde el inicio de la emergencia sanitaria, diversas instituciones han ido reaccionando. Por un lado, el ente regulador de las telecomunicaciones, el Osiptel, ha asegurado la continuidad de los servicios del sector. Por el otro, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Decreto Legislativo 1477, ha dispuesto un procedimiento temporal con el objetivo de hacer más ágil y sencilla la instalación de infraestructura (antenas o fibra óptica), mientras que con el Decreto Legislativo 1478 busca otorgar espectro radioeléctrico adicional a las empresas que lo soliciten.

Cabe señalar, no obstante, que ambos decretos, aunque bienintencionados, tienen un amplio margen de mejora. Podrían emitirse regulaciones más eficientes si el Gobierno siguiera un análisis de impacto regulatorio y recabase la opinión del sector privado y la academia. Lo mismo podemos decir respecto de las resoluciones ministeriales 137-2020-PRODUCE y 138-2020-PRODUCE, emitidas por el Ministerio de la Producción, que se discuten en este semanario.

En cambio, vemos algunos ejemplos positivos de adopción de soluciones digitales. Tal es el caso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que por medio del Decreto Legislativo 1492, ha dispuesto la digitalización de los procedimientos y trámites involucrados en la cadena logística; o la Sunat, que con el Centro de Servicio Virtual permite la inscripción por la web al Registro Único de Contribuyentes; el aplicativo Perú en tus manos, que mide a nivel de manzanas las zonas de contagio; la plataforma Aprendo en casa del Ministerio de Educación, etc. Al respecto, convendrá revisar cómo viene el Gobierno diseñando sus políticas de contratación pública, a fin de acceder a servicios de la nube que realmente satisfagan las necesidades digitales de la administración en forma oportuna.

Finalmente, donde también se requiere un mayor esfuerzo es en dos factores: la cobertura y la velocidad. Como mencionamos en el Semanario 1016, solo un 39.3% de hogares cuenta con acceso a internet (4.8% en el ámbito rural), menos del 50% en el caso de los colegios de educación básica, y solo en seis departamentos la cobertura de las municipalidades es del 100%. Adicionalmente, según cifras del Osiptel, si bien un poco más del 80% de la población puede potencialmente navegar a una velocidad de internet móvil de 4G, menos del 60% de las líneas accede a esta. Respecto del internet fijo, todavía queda un 43% de conexiones fuera del mayor rango de velocidad (16 megabits por segundo); sin mencionar que la inserción de la tecnología 5G todavía se espera para el 2021, mientras que países como Chile y Brasil ya la están desarrollando (ver Semanario 1002).

Mejorar estos números es una tarea que el coronavirus ha vuelto impostergable. Sumadas a medidas adecuadas, las grandes inversiones son clave, pero dadas las circunstancias serán necesarios la voluntad política del Gobierno y el trabajo conjunto con el sector privado para sacarlas adelante en el menor tiempo posible. Recordemos que hay una brecha de infraestructura básica del sector igual a S/ 20,377 millones y de calidad igual a S/ 106,124 millones, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Cerrar esta brecha es vital para que más peruanos accedan a teletrabajo, teleducación, servicios de Gobierno digital, comercio electrónico, etc.

No hay otra opción más que seguir con fuerza el desarrollo digital del Perú.