Hemos mencionado en publicaciones anteriores (ver semanarios 957 y 976 y revista Negocios Internacionales 251) sobre los avances del Estado en la detección y eliminación de barreras burocráticas, a través del Indecopi, en cumplimiento del Decreto Legislativo 1256, conocido también como Ley Anti Barreras. Los esfuerzos desplegados han significado una labor importante a fin de potenciar las capacidades productivas de nuestro país, mejorar los niveles de formalización y facilitar la inversión.

En ese sentido, desde 2008, la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB) y otras doce Comisiones Regionales han asumido competencias para evaluar la legalidad o razonabilidad de las barreras burocráticas impuestas por entidades regionales y locales en sus respectivas jurisdicciones, y pueden disponer su inaplicación con efecto particular. La publicación de la Ley Anti Barreras, en diciembre de 2016, mejoró su actuar al darles la potestad de inaplicar barreras burocráticas ilegales con efectos generales, y al priorizar acciones preventivas y disuasivas que promuevan la eliminación voluntaria de barreras e inhiban la creación de otras nuevas. A fin de potenciar este objetivo y favorecer una descentralización que permita profundizar la labor a nivel nacional, se creó la Secretaría Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB), con facultades para investigar, tramitar y formular propuestas de resolución para denuncias y procedimientos de oficio a cargo de las Comisiones Regionales competentes en la materia. Gracias a la labor en Lima y el resto del país, durante el año pasado se eliminaron 5,640 barreras burocráticas por parte de entidades públicas, un 54% más con respecto a 2017 y 260% más que 2016.

Muchas veces, la atención recae en la labor de la CEB, pero lo cierto es que, a pesar de los buenos resultados obtenidos en la eliminación voluntaria de barreras por parte de las distintas entidades de la administración pública, y en el ahorro para los agentes económicos, esta comisión tiene jurisdicción únicamente sobre el Poder Ejecutivo, Lima y Callao. Sin embargo, tal como lo señala la SRB, casi más del 80% de la carga regulatoria a nivel local se encuentra bajo la jurisdicción de las doce comisiones regionales, ubicadas en La Libertad, Piura, Arequipa, Junín, Ica, Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Tacna, Loreto, San Martín y Puno. Así, la SRB tiene como encargo brindar apoyo funcional y técnico a las doce comisiones competentes para conocer y resolver los casos en materia de barreras burocráticas impuestas por Gobiernos locales y regionales, dentro del ámbito geográfico de su competencia. Además, tiene la función de priorizar las acciones preventivas y disuasivas, a fin de promover la eliminación voluntaria y la no creación de nuevas barreras burocráticas presuntamente ilegales o carentes de razonabilidad.

Según los resultados de la SRB en las regiones de La Libertad y Áncash, entre agosto de 2017 y mayo de 2018, fueron eliminadas 1,021 barreras de manera voluntaria, con un impacto de ahorro económico de S/ 3.73 millones[1]. Por otro lado, el último ranking de entidades que han eliminado barreras burocráticas voluntariamente, elaborado en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi 020-2017, correspondiente al segundo semestre de 2018, lo encabezan tres municipalidades de Piura, con un total de 795 barreras eliminadas. A su vez, las entidades que más barreras eliminaron fueron los gobiernos locales y regionales (50%), mientras que en Lima el gobierno regional y sus municipios eliminaron el equivalente al 35% de las barreras del mismo período y finalmente el Poder Ejecutivo eliminó el 15%.

Así las cosas, los esfuerzos deben seguir en ese sentido, pues si tenemos en cuenta los resultados del Doing Business 2019, del Banco Mundial (BM), el Perú se ubica en el puesto 68 de 190 economías en relación con la facilidad para hacer negocios. Nuestras peores ubicaciones corresponden a los indicadores apertura de un negocio (puesto 125) y pago de impuestos (puesto 120), lo que demuestra que hay mucho por trabajar en facilitar estos aspectos. No debemos olvidar que el BM anunció que elaborará durante este año el análisis del Doing Business a nivel subnacional, para medir la facilidad de hacer negocios en doce ciudades de nuestro país, lo que pone en relieve la labor de la SRB y las comisiones regionales en la detección de las trabas y su eliminación, para mejorar la competitividad y la descentralización de nuestra economía.

Respecto de lo anterior, creemos también que aún existe espacio para mejorar el referido Decreto Legislativo 1256 y fortalecer el sistema de eliminación de barreras burocráticas. En primer lugar, consideramos que la definición de barrera burocrática debiera ser más extensiva, pues actualmente la ley solo se refiere a aquellas que “restringen y obstaculizan el acceso o permanencia en el mercado o afecten la simplificación administrativa”, pero debería permitir eliminar la mayor cantidad de trámites, requisitos, cobros, exigencias y prohibiciones en todos los niveles de la administración pública. Asimismo, la inaplicación con efectos generales no debería limitarse únicamente a las barreras consideradas ilegales, sino también, en muchos casos, a las “irracionales”, con el fin de evitar la multiplicidad de denuncias por una misma barrera. Asimismo, esa inaplicación general no debiera ser solo respecto de una entidad, sino obedecida por todas las entidades públicas, de todo nivel de gobierno, que apliquen la misma barrera o que estén prohibidas de hacerlo en el futuro.

A su vez, las comisiones deberían elaborar un análisis de racionalidad propio, que vaya más allá de los indicios aportados por el denunciante, y no omitir pronunciamientos debido a la falta de indicios que prueben la irracionalidad por parte de los agentes económicos. Por otro lado, la acreditación de que exista un daño en el transcurso del tiempo entre la interposición de la denuncia y la resolución que ponga fin al procedimiento no debiera ser un requisito para otorgar medidas cautelares, por cuanto se convierte en muchos casos en un impedimento para su concesión. Se otorgan muy pocas medidas cautelares y la regla debiera ser la inversa. Por último, todas las barreras burocráticas tendrían que ser resueltas por las comisiones, que son los órganos especializados en la materia. Sin embargo, la resolución de barreras no arancelarias vinculadas al comercio exterior está a cargo de la Comisión de Dumping y Subsidios, que carece de especialidad, recursos y no comparte los mismos criterios que la CEB y la SRB, lo que genera poca predictibilidad y demoras en la resolución de barreras que retrasan la importación y exportación de productos y servicios.

[1] “El Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en las regiones de La Libertad y Áncash”, Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi, diciembre de 2018.