Hace unos días, el Banco Mundial (BM) se pronunció con respecto al desempeño de la economía global durante 2020. En lo que respecta a Sudamérica, posicionó a nuestro país con el segundo peor resultado, al estimar una contracción de un 12% del PBI. Si bien esto es desalentador, en realidad no sorprende ante una demanda internacional todavía débil para los minerales, prolongaciones de la cuarentena, restricción de la producción nacional y la gran presencia de informalidad en nuestra economía, la misma que no se ha atendido durante esta coyuntura mediante acciones de política para corregir los desincentivos y dificultades para ser formal.

Con relación a este último tema, recientemente, el BM ha publicado el primer reporte Doing Business subnacional para nuestro país. A diferencia de la presentación tradicional, en este se evalúa el ambiente regulatorio para emprender negocios en distintas ciudades peruanas, desde la perspectiva de pequeñas y medianas empresas, mediante el análisis de los procesos para la apertura de una empresa, la obtención de permisos de construcción, el registro de propiedades y el cumplimiento de los contratos.

Así, se encuentra que, en promedio, abrir un negocio demora 53 días e involucra un costo equivalente a un 11.4% del ingreso per cápita del país, lo cual implica que nuestro proceso es aproximadamente tres veces menos costoso que el promedio de Latinoamérica, pero 17 días más lento. Por otro lado, para obtener los permisos de construcción se requieren 156 días y un pago que asciende a un 1.7% del valor del almacén, lo que nos ubica por debajo del promedio regional con casi dos meses menos de demora y un costo de la mitad de lo que el resto de estas economías requieren.

De la misma manera, los resultados para el registro de propiedad indican que, en promedio, este proceso demora 20 días y cuesta un 3.6% del valor de la propiedad, lo que significa un desempeño mejor que el promedio de Latinoamérica, que corresponde a 40 días y un 4.7%. Finalmente, respecto del cumplimiento de los contratos, este asciende en promedio a 693 días, 4 meses más rápido que el promedio regional, y un 22.1% del valor del litigio, mientras que en la región es de un 30.9%.

No obstante, el reporte también expone un problema severo: la heterogeneidad de los procesos en el interior del país. Si bien el desempeño promedio alcanzó buenos resultados, se aprecia gran disparidad entre los departamentos. Así, aunque algunos procesos se encuentran estandarizados en plazos y etapas, se tiene que, para la apertura de una empresa, los mismos ocho trámites, en Lima, demoran 26 días, mientras que, en Chiclayo, hasta 71 días. Similarmente, en cuanto a la obtención de permisos de construcción, se aprecia que el cobro asociado a derechos para trámites municipales en Tarapoto apenas es de S/ 132, pero en Huancayo alcanza los S/ 2,615.

DESCENTRALIZACIÓN NO ORGANIZADA

Para comprender esta situación, se debe considerar que los procesos mencionados involucran entidades de nivel nacional y local. Si bien las primeras establecen un marco regulatorio uniforme, debido al proceso de descentralización, las segundas, en particular las municipalidades provinciales y distritales, son las que se encargan de efectuar los procedimientos y definir algunos costos. Pese a que el propósito de esta subdivisión de responsabilidades es desarrollar un Gobierno más efectivo y al alcance del ciudadano, en la práctica se manifiestan problemas que evidencian que esto no es así.

Uno de los primeros factores que influyen en estas diferencias radica en la eficiencia del sistema, situación que se explicaría por la organización y las capacidades de las municipalidades distritales. Por ejemplo, en 2018, no todas atendían las solicitudes de licencias de funcionamiento, y destacaba el caso de Huancavelica, donde apenas el 38% efectuaba el servicio, mientras que, en Lima, Tumbes y el Callao todas lo hacían, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Otra razón que explica este resultado serían los mecanismos empleados para atender la gran congestión de expedientes y trámites. Si bien solucionar estas dificultades requerirá de expandir la capacidad de los servicios actuales, existen alternativas para aminorar el problema, como la implementación de juicios orales y solicitudes virtuales. No obstante, lo primero solo se lleva a cabo en Arequipa, La Libertad, Lima, el Callao, Junín y Lambayeque (aunque se aprecia una mejoría, pues a fines de 2018 únicamente el primero contaba con la autorización correspondiente). Asimismo, los trámites en línea para la apertura de una empresa solo se encuentran difundidos en Lima, pese a haber sido facilitado para todos los departamentos por el Sistema de Intermediación Digital de la Sunarp.

En ese sentido, la descentralización debe buscar una mayor aproximación de la gestión gubernamental a la realidad que enfrenta cada departamento, pero adaptándose las mejores prácticas evidenciadas en el resto. Si bien los Gobiernos locales mantienen autonomía sobre la organización y el cobro de los servicios que ofrecen directamente, la búsqueda de una gestión más eficiente requiere esfuerzos para simplificar los procesos y revisar las tarifas asociadas. Además, según las recomendaciones del BM, es necesario identificar el resto de las dificultades que los complican, como la poca oferta de servicios complementarios, y mantener una adecuada intercomunicación entre las municipalidades provinciales que permita la difusión de conocimientos e inclusive capacitaciones, como ya se han realizado para difundir los juicios orales, entre ellas.

Pero, sobre todo, se debe mantener presente que divergencias innecesarias y prácticas ineficientes solo perjudicarán el objetivo de un desarrollo integral y sostenible al cual se aspiraba con la descentralización. En efecto, complicar en tiempo y costo la facilidad de acceso al sector formal únicamente se traducirá en un menor desarrollo.