Garantizar mejores niveles de gobernanza en nuestro país es uno de los principales desafíos por afrontar. Corrupción, complejidad burocrática y grandes pérdidas de tiempo y dinero en trámites son problemas que ameritan acciones para lograr simplicidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. La modernización digital del Estado prioriza el acceso y la transparencia de la información, el conocimiento y la innovación, valores fundamentales para la competitividad y la rentabilidad, cuyo beneficio va desde una mejor cultura organizacional hasta el cuidado del medio ambiente.

Conscientes de lo anterior, el Gobierno peruano viene implementando una serie de acciones en materia de digitalización y mejora de la calidad regulatoria, con el fin de promover una mayor interoperabilidad y estandarización, y así perfeccionar y ampliar la prestación de servicios a ciudadanos y empresas. Algunas de estas medidas implican un uso masivo de datos personales, tecnología conocida como big data. Así, en la Política Nacional de Gobierno Electrónico, se establece el marco de gobernanza para el gobierno digital, la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales.

Sin embargo, estos necesarios avances vienen acompañados de algunas preocupaciones. Cada vez más actores públicos y privados se plantean cómo escalar su impacto a través del uso de la tecnología, pero, al mismo tiempo, el uso y gestión de los datos personales de millones de personas preocupa a los ciudadanos y, tal como señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existe un sentimiento de urgencia ante la necesidad de proteger su seguridad y privacidad. ¿Qué medidas se pueden tomar y cuál es el riesgo de no tomarlas? ¿Cómo puede el sector público gestionar los datos de forma responsable? Estas son algunas de las interrogantes que necesitamos resolver. Como mencionamos, el Gobierno ha tenido en cuenta la seguridad digital y la protección de datos en su diseño normativo, pero debemos continuar prestando atención a esto a lo largo de todo el diseño e implementación de los planes y programas de digitalización, y no perderlo de vista en desarrollos futuros.

Al respecto, el BID ha elaborado el documento denominado La gestión ética de los datos, que señala una hoja de ruta con pasos concretos para una gestión responsable de los mismos por parte del sector público. El documento menciona que, alrededor del mundo, un número creciente de gobiernos está publicando datos en sus portales de internet con el objetivo de mejorar su transparencia. Los diferentes casos muestran ejemplos de cómo los datos sirven para mejorar la eficiencia y el diagnóstico del sector público; sin embargo, estos son casos aislados y no constituyen un esfuerzo concertado para avanzar hacia un mayor, pero, sobre todo, mejor uso de los datos por parte del Estado. Para garantizar esto, se numeran tres desafíos: (i) cuidar la privacidad, (ii) no caer en discriminación algorítmica (o identificación prejuiciada) en la prestación de servicios y (iii) garantizar trasparencia y fácil comprensión.

Un ejemplo de buena gestión de datos es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que se ha convertido en un estándar de referencia global sobre este tema, el cual fue elaborado en base a las recomendaciones guía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El RGPD establece una serie de principios básicos sobre el manejo de los datos personales: deben ser tratados de forma lícita, legal y transparente; ser recolectados con fines determinados explícitos y legítimos; deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario dependiendo del uso; deben ser exactos y estar siempre actualizados, y deben ser tratados de manera tal que se garantice su seguridad.

Es pertinente que el Estado peruano tenga en cuenta estas consideraciones dentro de sus planes de digitalización y continúe buscando garantizar la seguridad de los ciudadanos en la era digital. La firma del Convenio de Budapest y demás acciones para garantizar altos estándares en ciberseguridad son pasos importantes. Tal como señala el BID, mediante un uso ético y responsable de los datos, los Gobiernos contribuirán a construir confianza con la ciudadanía y aprovechar el potencial que tienen los datos para mejorar el diseño y la gestión de las políticas públicas.