El desempeño económico de nuestro país para el presente año será determinado por las complicaciones generadas por la pandemia (ver Semanario 1044). En particular, los resultados del PBI reportados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ilustran al respecto, pues, durante el primer semestre, se registró una contracción del 17.3% con respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, recuperarnos de dichos resultados no radica únicamente en alcanzar los niveles de crecimiento previos, sino también en solucionar los problemas que se están agravando, como las condiciones del mercado laboral.

De acuerdo con la última publicación de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), durante el segundo trimestre del año, la población de 14 años a más que se encontraba empleada[1] disminuyó al 39.5% a nivel nacional, 26.5 puntos porcentuales (pp) menos que lo registrado en el mismo periodo de 2019. Dichos resultados muestran también los departamentos más perjudicados: Lima[2], Arequipa y Piura, con reducciones de 35.5 pp, 31.5 pp y 30.8 pp, respectivamente. Desafortunadamente, debido a la rigidez del mercado laboral peruano y su apremiante informalidad (ver Semanario 1026), estas contracciones serían complicadas de recuperar y perjudicarían el progreso que se había generado, como la disminución de la informalidad del 67.2% al 66.2% y del 81.4% al 78.9% en Arequipa y Piura, respectivamente, entre 2016 y 2020; mientras que en Lima agudizarían el aumento del 57.5% al 58.6% durante el mismo periodo, según cifras del Instituto Peruano de Economía.

Dichos resultados se explicarían por el deterioro de la actividad económica durante la primera mitad del año. En particular, de acuerdo con el INEI, la estructura del PBI en 2019 de los departamentos en cuestión se compuso, principalmente, por los sectores extractivos (35% en Arequipa), otros servicios (34.1% en Lima, 20.7% en Piura y 16% en Arequipa) y manufactura (17.7% en Lima y 14.1% en Piura), los cuales resultaron particularmente perjudicados por la paralización de actividades que se dio para frenar el brote de la COVID-19. Así, mientras que en el primero recién se está reactivando la producción[3], la postergación del comienzo de la cuarta fase perjudicó el desempeño del segundo, y el tercero enfrenta complicaciones por el menor consumo en la economía, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) .  

UNA MIRADA AL EMPLEO FORMAL

Desafortunadamente, los problemas previamente mencionados que enfrenta el mercado laboral, entre otros, generan un efecto diferenciado entre el sector formal e informal, pues pertenecer al primero resulta más complicado que acceder al segundo. Esto ocasiona que el empleo formal resulte particularmente susceptible a condiciones desfavorables de la economía que complicarían aún más su expansión. No obstante, debido a la mayor productividad asociada a este, que se traduce en un mayor consumo privado, el cual es necesario elevar para recuperarnos de la presente crisis, los resultados del seguimiento realizado a su evolución por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) son preocupantes.

De acuerdo con el MTPE, al mes de agosto último, solo 1,980 trabajadores ingresaron al sector formal, 21 pp menos que lo registrado el mismo periodo del año pasado, mientras que las salidas ascendieron a 2,140 (-11.4 pp). Sin embargo, este último resultado se encuentra influenciado por las medidas implementadas para reducir los despidos, como la suspensión perfecta y las condiciones estructurales del mercado laboral[4], por lo que el primero ilustra mejor su desempeño. Al respecto, nuevamente, debido a las restricciones para la reactivación, los sectores servicios y manufactura estarían lejos de recuperar su desempeño de 2019, a pesar de haber representado el tercer y cuarto sector que más población económicamente activa (PEA) ocupada concentraron en 2018, según el INEI. 

Si bien el BCRP espera una recuperación de la PEA ocupada a finales del año, la creciente evolución de la informalidad, la cual estima que aumente al 72.5% y supere los resultados de 2019, requiere de acciones para mitigarse. Pero para esto es necesario implementar una reforma que finalmente aborde las limitaciones de acceso a la formalidad por los costos asociados (ver Semanario 1038) y reconocer que, a pesar de la importancia de la protección de los trabajadores, imponer regulaciones que prioricen esto a costa del desempeño del empleo, como el fallo del Tribunal Constitucional en 2001, en realidad solo perjudica a todos los peruanos.

[1] Se consideraron los resultados de las preguntas respecto a haber trabajado la semana previa a la encuesta y, de no haberlo hecho, poseer un empleo o negocio propio al cual retornar próximamente.

[2] Incluye Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao.

[3] De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, a pesar de haberse permitido las operaciones mineras a comienzos de julio, varias empresas culminaron dicho mes en procesos de adecuación, mientras que, en agosto, la producción de hidrocarburos líquidos todavía estaría lejos de recuperar sus niveles prepandemia.

[4] De acuerdo con Miguel Jaramillo, debido a las restricciones y costos adicionales que imponen las regulaciones vigentes, en el Perú el cese de vínculos laborales no se fundamenta en despidos, sino en ceses de contratos temporales, lo cual limita la respuesta inmediata de las empresas.