Tal como se hizo en ediciones anteriores, a continuación, desarrollaremos un pilar más del Doing Business (DB) 2019, reporte del Banco Mundial (BM) que mide la facilidad para hacer negocios en 190 economías. En la presente edición, abordaremos el pilar Protección de los inversionistas minoritarios.

Según el BM, este pilar evalúa la protección de los inversionistas minoritarios frente a las acciones del directorio de las empresas, así como su participación, derechos y roles al momento de tomar decisiones importantes. De esta manera, con el fin de realizar una evaluación objetiva de los aspectos antes mencionados, el DB hace uso de dos índices. En primer lugar, el Índice del grado de regulación en materia de conflictos de interés (cuantificado de 0 a 10, donde 10 es el mejor nivel) mide la protección legal de los accionistas minoritarios frente al mal uso de los activos de la empresa por parte de los directores para beneficio propio. En segundo lugar, el Índice del grado de gobernanza corporativa de los accionistas (cuantificado de 0 a 10, donde 10 es el mejor nivel) mide los derechos de los accionistas en la gobernanza corporativa.

LAS ECONOMÍAS QUE DESTACAN

La economía líder del ranking fue Kazajistán, seguida por Nueva Zelanda, Georgia, Malasia, Azerbaiyán y Yibuti, que ocuparon la segunda posición. Así, mientras que Azerbaiyán, Malasia y Yibuti ascendieron al segundo lugar, Nueva Zelanda y Georgia mantuvieron su posición. Por su parte, Kazajistán se ha mantenido en el primer lugar desde el año anterior. Es importante mencionar que estas economías han logrado obtener puntuaciones mayores o iguales a 7 en los dos índices evaluados, producto de los mayores requerimientos de transparencia y fortalecimiento del alcance de sus normas.

Por otro lado, resalta la notable mejora de Azerbaiyán y Yibuti. Mientras que el primero pasó del puesto 51 en 2015 al puesto 2 en 2019, el segundo pasó del 174 en 2016 al 2 en el reciente reporte. Ambas economías han aplicado reformas que favorecen la transparencia e incrementaron y fortalecieron los derechos de los accionistas, así como su rol en las decisiones corporativas de mayor relevancia. Asimismo, en Azerbaiyán se incrementaron los requerimientos en la aprobación de transacciones entre las partes involucradas. Un ejemplo de ello es la implementación del requerimiento de revisión externa de las transacciones entre partes. Por su parte, en Yibuti, recientemente, se fortalecieron los requerimientos de divulgación de información de las transacciones realizadas entre las partes interesadas y los recursos contra directores interesados. Asimismo, se facilitó el acceso a información corporativa durante los procesos judiciales.

POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RANKING

Nuestro país ocupó el puesto 51 de 190 economías en el pilar Protección de los inversionistas minoritarios. De esta manera, nos ubicamos en el puesto 3 de 33 economías de América Latina y el Caribe (ALC). Asimismo, respecto a la Alianza del Pacífico (AP), nuestro país se encuentra en la segunda posición, solo por detrás de Colombia (que ocupó el puesto 15). Así, superamos a Chile (64) y México (72).  

Al retomar la comparación entre el Perú y ALC, se observa que la posición promedio de estas economías, en conjunto, es de 114 por lo que se podría decir que nuestro país es más eficiente que el promedio de países de la región en la protección a inversionistas minoritarios. Lo mismo ocurre al analizar de manera desagregada los dos índices mencionados. En el Perú, el Índice del grado de regulación en materia de conflictos de interés alcanza un puntaje de 7 y el de gobernanza corporativa de los accionistas minoritarios uno de 5.7, mientras que en ALC el puntaje promedio es de 5.4 y 4.2, respectivamente.

Si bien nuestro país ha venido implementando reformas que nos han permitido obtener un buen resultado a nivel regional, aún existe mucho por mejorar, especialmente en el Índice de gobernanza corporativa, en el cual, de manera general, ALC obtuvo una baja puntuación. Es esencial implementar medidas que fomenten la transparencia corporativa y desincentiven el mal uso de los recursos de la empresa. Recordemos que un país con un marco normativo y regulatorio de calidad, además de un alto alcance, brindará mayor seguridad a los inversionistas y, en consecuencia, será capaz de atraer capital que favorezca el desarrollo.