En la presente edición, se desarrollará un pilar más del Doing Business (DB) 2019, reporte del Banco Mundial (BM) que mide la facilidad para hacer negocios en 190 economías. El pilar aquí analizado es el número 10: Resolución de la insolvencia, el cual evalúa el tiempo, costo y resultado de los procedimientos de insolvencia (o concursales, según el marco legal peruano) que afectan a las empresas locales, así como la fortaleza del marco jurídico aplicable a los procedimientos de liquidación y reorganización empresarial.

Para la evaluación del mencionado pilar, el DB tiene en cuenta 5 indicadores: (i) tasa de recuperación, medida en centavos por dólar recuperados por los acreedores; (ii) tiempo en años; (iii) costo como porcentaje del patrimonio; (iv) resultado, que es 0 si la empresa se vende por partes y 1 si la empresa continúa funcionando, y (v) fortaleza del marco regulatorio, en una escala del 1 al 16.

Respecto de este último indicador, se mide la calidad de las leyes que regulan las relaciones entre los deudores, los acreedores y los tribunales judiciales o administrativos. El DB evalúa qué tan sencillo es el acceso a los procesos de reorganización o liquidación, la facilidad que tienen los administradores de los bienes del deudor para realizar operaciones y la participación de los acreedores en los procedimientos de reorganización.

LAS ECONOMÍAS QUE DESTACAN

Las 5 economías que encabezaron el ranking de este pilar en el reporte de 2019 fueron Japón, Finlandia, EE.UU., Alemania y Noruega.

Estas economías cuentan con un marco legal que reduce costos y tiempos de los procedimientos y busca mantener a flote la unidad productiva. Por ejemplo, Finlandia y Alemania establecieron medidas que aceleran las audiencias y, a la vez, flexibilizaron los requerimientos para acogerse a procesos de reorganización. Por su parte, Japón mejoró en su capacidad de lidiar con la insolvencia luego de establecer una nueva entidad pública que apoya directamente a las compañías para que se reestructuren a través de administradores profesionales.

POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RANKING

Nuestro país se ubicó en la posición 88 de 190 economías en el pilar analizado, cuatro posiciones por debajo del puesto obtenido el año anterior. Con respecto a la región América Latina y el Caribe[1] (ALC), el Perú obtuvo el puesto 12. Por su parte, las economías de ALC se ubican, en promedio, en el puesto 107 del ranking mundial, lo que indica que nuestro país es más eficiente en este pilar que el promedio de las economías de la región.

En comparación con los demás países de la Alianza del Pacífico (AP), nos ubicamos últimos, detrás de México (32), Colombia (40) y Chile (51). En México, el tiempo de resolución es de 1.8 años, mientras que en el Perú es de 3.1 años. En Chile, la fortaleza del marco legal, medida de 0 a 16, obtuvo la puntuación de 12, y en nuestro país, de 9.5. En Colombia, la tasa de recuperación es de 67.2 centavos por dólar, y en Perú, de 29.8, lo cual, según se desprende del análisis, obedece a que la ley peruana, a diferencia de la colombiana, no dispone que los acreedores que se opusieron al plan de reestructuración obtengan, como mínimo, un valor que equivalga a lo que hubiesen recibido de haberse liquidado la compañía.

Por otro lado, al medir el costo en términos de porcentaje del valor del patrimonio, nuestro país es el que presenta el valor más bajo, con 7%, seguido por Colombia (8.5%), Chile (14.5%) y México (18%). Cabe resaltar que en el indicador "resultado", obtuvimos la puntuación de 0, correspondiente a la venta por separado de la empresa insolvente.

Según lo señalado por el BM, hay mucho por mejorar dentro de este pilar. Sin duda, se han dado pasos en el sentido correcto, como la creación de una Sala Especializada en Procedimientos Concursales en el Indecopi, que es la autoridad administrativa que maneja los procedimientos concursales o de insolvencia. Se debe trabajar para reducir los plazos de los procesos liquidatarios, eliminando trabas burocráticas que ralentizan los tiempos, así como en lo referente a los demás aspectos que puedan contribuir a la celeridad y eficiencia de los procedimientos concursales, como reducir costos y aumentar el acceso a la información y la participación de los acreedores.

[1] El DB considera a 32 economías dentro de América Latina y el Caribe (entre los 42 países existentes en la región). Esta clasificación no incluye a Chile y 9 países no son evaluados en el reporte (Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Martinica, San Bartolomé, Aruba, Cuba, Guadalupe y Guyana Francesa). Para efectos del presente artículo, se considera como América Latina y el Caribe a las 32 economías que evalúa el BM, más Chile.