La promoción de la inversión privada ha sido un pilar fundamental que ha llevado a que el Perú mantenga tasas positivas de crecimiento económico durante más de 20 años consecutivos. Además, las políticas públicas enfocadas en promover los principales sectores de la economía, como la minería y la agricultura, han sido piezas clave para que el sector privado genere riqueza e ingresos para más peruanos, contribuya a la inversión descentralizada en servicios básicos y ponga al Perú en los primeros puestos en rankings mundiales de comercio exterior.

Estos esfuerzos y resultados, enmarcados en el modelo de economía social de mercado, son una clara señal de que la actividad empresarial de todo nivel es una verdadera fuente de desarrollo. Sin embargo, existen barreras que no permiten a una gran parte de la población gozar de sus beneficios, y que influyen en que actualmente exista una tasa de informalidad laboral del 73% a nivel nacional y el 83% de micro y pequeñas empresas que operan sin ningún tipo de registro o fiscalización por parte de la Sunat (ver Semanario 997).

Con el objetivo de monitorear el desempeño del país en materia de facilitad para hacer negocios, y continuando con el análisis de cada uno de los pilares que comprende el reporte Doing Business 2020, elaborado por el Banco Mundial (BM) (ver Semanario 1007), en el presente artículo analizaremos los resultados del Perú frente a referencias internacionales y cuál es el escenario nacional en términos de Permisos para la construcción, Acceso a servicio de electricidad y Registro de propiedades, todos ellos agrupados bajo el nombre de Infraestructura.

EMPRENDIMIENTO EN EL CENTRO DEL DEBATE

A nivel mundial, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ocupa el primer lugar en el score promedio de los tres pilares que conforman el grupo Infraestructura. En específico, el país árabe tiene un puntaje promedio de 93 sobre 100 puntos en los tres pilares, siendo los de Acceso a servicio de electricidad y Permisos para la construcción aquellos en los que resalta más. En cuanto al pilar Permisos para la construcción, los empresarios árabes deben completar 11 procesos, lo que les toma 47.5 días en total (4.3 días por proceso). Además, están favorecidos por tener el mejor índice de control de calidad de la construcción[1] entre las economías analizadas. De igual manera, EAU lidera el ranking en Acceso a servicio de electricidad, al ser necesarios tan solo 2 procesos y 7 días para acceder a una red eléctrica pública en el local. Cabe resaltar que ambos procedimientos son gratuitos. Por último, solo se requiere de 2 procedimientos y un día y medio para registrar el inmueble frente a las autoridades. De acuerdo con el informe del BM, este país implementó un sistema online para obtener permisos de construcción y certificados, así como sistemas de interoperabilidad entre agencias de gobierno y sistemas de monitoreo integrado en los principales clústeres empresariales, lo que fortaleció el control de calidad de las construcciones.

Otra economía que ha logrado posicionarse en este grupo de pilares es Nueva Zelanda, que en la última edición del Doing Business incrementó en 149% su puntaje promedio de este grupo. Este cambio se debió, en gran parte, a una mejora en Permisos para la construcción y Registro de propiedades. Recientemente, el Gobierno de ese país incorporó el sistema de aplicación digital de empresas, a través del cual se agrupan los requerimientos de diferentes entidades estatales, como registro del nombre, certificados de operación, pago de tributos y registro de planilla. Además, estos servicios están descentralizados a lo largo del país, con lo cual el sistema de verificación y fiscalización funciona de manera más efectiva. Estas iniciativas se vieron favorecidas por inversiones en conectividad digital, mediante la cual, actualmente, el 97.8% de la población neozelandesa tiene acceso a internet.

Finalmente, el país latinoamericano que se mantiene como referente en cuanto a facilidad para hacer negocios es Chile, al ocupar el primer puesto en Latinoamérica en temas de permisos y acceso a infraestructura para los negocios. Como lo resalta el reporte del BM, este país se posicionó en la región gracias a las iniciativas en materia de registro digital para nuevas empresas, el cual reemplazó el anterior requisito de enviar los registros contables cerrados y las facturas al Servicio de Impuestos Internos de Chile. Además, cabe resaltar que tiene uno de los menores niveles de informalidad en América Latina, con una tasa de ocupación informal de tan solo un 28.5%; sin duda, una muestra clara de que los incentivos al registro y la formalización, así como sus beneficios, son favorables para los chilenos.

PERÚ: LA ODISEA DEL EMPRENDEDOR

Los resultados muestran que las nuevas empresas peruanas tienen un largo y demandante camino por recorrer al momento de materializar su negocio. En cuanto al pilar Permisos para la construcción, a un empresario nacional promedio le toma 137 días y 19 procesos administrativos distintos (7.2 días por trámite) cumplir las obligaciones burocráticas relacionadas con la construcción de su local. Estos resultados han llevado a que el Perú se ubique en el puesto 65 de 190 economías (un retroceso de 10 puestos respecto de la edición anterior). A pesar de ello, nos ubicamos en el segundo puesto de América Latina, solo superados por Chile (puesto 41 a nivel mundial), mientras que Colombia y México, pares de la Alianza del Pacífico (AP), se ubican en las posiciones 89 y 93, respectivamente.

Los resultados del pilar Acceso al servicio de electricidad muestran los mayores rezagos que adolece el Perú dentro del grupo Infraestructura. En este pilar, nuestro país se ubica en la posición 88 a nivel mundial (octavo en América Latina y tercero en la AP), 21 puestos por debajo de lo alcanzado en la edición 2019. Esto se debe a que, en promedio, a un empresario en Perú le demanda 11.2 días por trámite (6 procedimientos y 67 días) conseguir una nueva conexión eléctrica para su local[2]. Este proceso no solo le toma el mayor tiempo promedio de los tres pilares, sino que también le cuesta aproximadamente 50 veces su ingreso per cápita, según cifras del BM, lo cual representa casi 2 veces más que en México y 10 veces más que en Chile.

Finalmente, el tercer pilar en el grupo Infraestructura es el Registro de propiedades. Este es el pilar con mejores resultados para el Perú ya que, en la última edición del reporte, se ubicó en el puesto 55 a nivel internacional (10 puestos por debajo de la edición anterior), segundo en América Latina y primero entre los países que conforman la AP. Así, el registro al empresario promedio le toma tan solo 1.6 días por trámite (6 procedimientos en 9.5 días totales). Si bien el número de procedimientos aún resulta elevado en comparación con los países que lideran el ranking, es importante resaltar que se logró disminuir el tiempo en casi la tercera parte de lo reportado en 2009, así como mantener el mejor índice de calidad administrativa de inmuebles en la región[3].

Estos resultados muestran que, en el Perú, el manejo regulatorio y administrativo de la actividad empresarial es bastante heterogéneo e involucra procesos que elevan los costos para la formalización. Si tenemos en cuenta que el 92.7% de las empresas peruanas son Mype, entonces estos costos monetarios y no monetarios medidos por el Doing Business deben estar en el centro del debate en materia de calidad regulatoria, al influir en las decisiones empresariales.

A partir de la experiencia internacional, sabemos que sí existen maneras de aprovechar la tecnología y los incentivos para promover el emprendimiento y asegurar que este maximice sus beneficios para la sociedad bajo la formalización. Sin embargo, estos beneficios deben ser tangibles y percibidos por todas las empresas, independientemente de su tamaño. Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), un 45.1% de las Mype no considera necesaria la formalización y un 36.4% indica que la baja escala de su negocio es una razón para no registrarse en la Sunat. Esto solo demuestra que no estamos enfocándonos en el verdadero problema y que, más allá de hacer más eficientes los procesos o modificar los regímenes tributarios, el Gobierno debe preocuparse por mostrar los beneficios de la formalización a los usuarios e invertir en garantizar el acceso a servicios de conectividad de manera descentralizada y efectiva.

[1] El índice de control de calidad de la construcción mide la calidad de las regulaciones para nuevas edificaciones, calidad en el control previo, durante y después de la construcción, regímenes de aseguramiento y certificaciones profesionales.

[2] Los procesos involucran la interacción del empresario con partes externas, como empresas de distribución, provisión e instalación del servicio y agencias del Gobierno, así como inspecciones y certificaciones que constituyen prerrequisitos para obtener una nueva conexión.

[3] La calidad administrativa de inmuebles es un indicador que agrupa la fiabilidad de la infraestructura, transparencia de información, cobertura geográfica, resoluciones de disputa por terrenos y acceso igualitario a derechos de propiedad.