Para finalizar el análisis de los pilares del reporte Doing Business 2020 (semanarios 1007, 1008, 1009 y 1010), elaborado por el Banco Mundial, en el presente artículo analizaremos los resultados de sus últimos dos pilares: Cumplimiento de contratos y Resolución de la insolvencia. El primero hace referencia a los costos (temporales y monetarios) asociados a la interacción entre un negocio y el sistema judicial para resolver disputas comerciales; mientras que el segundo a aquellos asociados a los procedimientos concursales y el debido cobro de deudas por parte de acreedores. Así, estos pilares miden el grado de seguridad que un empresario puede esperar cuando surgen problemas que le obligan a interactuar con las instituciones, razón por la cual los hemos agrupado bajo el nombre de Resolución de conflictos.

Enfocándonos en los puntajes de ambos pilares, a nivel mundial, el país con mejor puntaje promedio es Corea del Sur (puesto 2 y 11 en Cumplimiento de contratos y Resolución de la insolvencia, respectivamente). Resolver disputas comerciales en las cortes coreanas demora aproximadamente 290 días (solo en Singapur es más rápido, 120 días), y se asocia con un costo del 13% del valor demandado. En los casos concursales, cobrar a una empresa demora 1.5 años y representa un costo del 3.5% de su patrimonio, lo que se traduce en una tasa de recuperación de 84.3 centavos por dólar invertido.

Estos resultados reflejan un sistema de justicia altamente eficiente y amigable con los negocios. Gran parte de esto se debe a su automatización a través de servicios online, aspecto que el Gobierno coreano comanda en el mundo junto con Finlandia y Dinamarca[1], según el Reporte de Competitividad Global 2019. Por ejemplo, en cualquier corte es posible presentar una demanda, darle seguimiento, añadir procedimientos y pagar multas de forma electrónica. Del mismo modo, Corea del Sur ha adoptado medidas específicas para que las controversias de empresas en concurso sean resueltas rápidamente. Entre ellas, sobresalen la simplificación del procedimiento de reorganización[2] para pequeñas y medianas empresas, y la creación de la Corte de Bancarrota de Seúl, la primera totalmente especializada en temas de insolvencia.

Por otro lado, podemos resaltar a Bahréin como el país que más creció en ambos pilares en la última edición del reporte (puestos 59 y 60). Resolver disputas comerciales toma 635 días y cuesta un 15% del valor demandado, mientras que el cobro a una empresa en concurso demora 2.5 años, cuesta un 9.5% de su patrimonio e involucra una tasa de recuperación del 41.3%.

Aunque no son números espectaculares, son por mucho los mejores en la región del Medio Oriente y el Norte de África. En ese sentido, Bahréin ha implementado múltiples reformas en el último año que lo vuelven incluso uno de los 10 países que más mejoró en el ranking general. Entre las reformas relacionadas a Resolución de conflictos, se encuentran la creación de cortes especializadas en casos comerciales, la implementación de emails o mensajes de texto para citaciones judiciales, un sistema online de registro de demandas legales, y la nueva Ley de Reorganización y Bancarrota. Sobre esta última, se trata de una regulación moderna creada con el propósito de incentivar la reorganización como un mecanismo de alivio para pequeñas empresas bajo estrés financiero, al darles acceso rápido a crédito y permitirles continuar operando durante el proceso legal de insolvencia.

Finalmente, en cuanto a la región de América Latina y el Caribe, México posee el mejor puntaje promedio (puestos 43 y 33). En ese país, ir a las cortes por temas comerciales involucra 350 días y un costo del 34% del valor demandado, y el cobro a una empresa en concurso toma 1.8 años, cuesta un 18% de su patrimonio y presenta una tasa de recuperación del 63.9%. Resalta en el país centroamericano la Ley de Concursos Mercantiles, que regula la declaración de bancarrota de las empresas desde el año 2000. A lo largo del tiempo, esta ley se ha adaptado en pos de la flexibilidad y eficiencia del proceso, considerando tanto cambios prácticos, como facilitar el uso de medios electrónicos para la presentación de documentos, como aclaraciones legales vitales para proteger los derechos y activos de las empresas deudoras, a fin de hacer más atractiva la reorganización.

Ahora bien, ¿cómo se encuentra nuestro país en Resolución de conflictos? En el Perú, según el Banco Mundial, acudir a las cortes por disputas comerciales implica 478 días y un costo igual al 41% del valor demandado, mientras que el cobro a empresas en concurso demora 3.1 años, cuesta un 7% de su patrimonio e involucra una tasa de recuperación del 31.3%. Estos números nos ubican en los puestos 83 y 90 en Cumplimiento de contratos y Resolución de la insolvencia, y en los puestos 11 y 10 entre los países latinoamericanos.

De acuerdo con el reporte, la mayor debilidad de nuestras cortes es la carencia de automatización, lo que hace del proceso judicial una actividad engorrosa e ineficiente. Asimismo, existe un límite respecto a cuánta información puede una corte brindar al ciudadano sobre el estado de su demanda comercial. En cuanto a los procedimientos concursales, esta es regulada por la Ley General del Sistema Concursal, pero a pesar de que la reorganización es una opción, el reporte señala que raramente es utilizada, ya que deudores y acreedores no suelen acordar la continuación del negocio, por lo que la solución usual es la liquidación de los activos.

¿Qué se puede hacer para mejorar? A raíz de las experiencias internacionales descritas anteriormente, vemos que el Perú puede beneficiarse de un sistema de justicia más ágil, sobre todo si aprovechase las simplificaciones producidas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Como mencionamos en el Semanario 1006, en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) existen medidas como la masificación del expediente judicial electrónico y la implementación de un repositorio digital de resoluciones que representan un uso positivo de las TIC en esa dirección.

Asimismo, el Estado haría bien en analizar los motivos que llevan a los agentes a preferir la liquidación sobre la reestructuración de las empresas en concurso. Deberíamos apuntar a un alza en las reestructuraciones de los negocios, siendo especialmente amigables, como lo indican las mejores prácticas revisadas, con las micro, pequeñas y medianas empresas.

[1] De acuerdo con el Índice de Participación Electrónica (E-Participation Index), el cual mide el uso de servicios online para facilitar la provisión de información del Gobierno a los ciudadanos, la interacción de stakeholders y la toma de decisiones.

[2] La reorganización es una alternativa a la liquidación (venta de activos) frente a una bancarrota, que consiste en reestructurar la empresa de forma que continúe como un negocio en marcha. Según el reporte, las políticas a favor de la reorganización son deseables, ya que evitan el cierre de empresas que son insolventes, pero aún viables.