La entrevista del periodista de CNN, Fernando del Rincón, dejó en evidencia —y fue validado por él mismo— que el presidente Castillo no está preparado para liderar el país y recién está aprendiendo; y que el interés por una nueva constitución es solo un discurso político vacío que no solucionará los problemas que aquejan a la población. Millones de peruanos luchan día a día por conseguir empleo y salir de la pobreza, mientras que el Gobierno, que dice ser del pueblo, les da la espalda.

A la pregunta sobre qué se quiere cambiar de la constitución, Castillo respondió que la educación y salud deben ser derechos y no servicios. Ante ello, el periodista señaló que esa es precisamente la política de Estado que él debe liderar y que no se necesita un cambio de la carta magna, pues, como todos sabemos —pero parece que no el presidente—, la educación y salud son derechos ya consagrados en ella.

La mala calidad de los servicios públicos, como salud y educación, se debe a problemas de gestión y falta de capacidades del Estado para que los recursos se traduzcan en servicios dignos. Y la solución está en manos del propio Estado, que ¿lidera? el presidente de la República.

Basta ver la ejecución de la inversión pública en el año 2021. En el sector educación se dejaron de ejecutar S/ 3,570 millones que pudieron ser utilizados para brindar este servicio a más de 161,000 niños; mientras que en el sector salud no se gastaron S/ 3,730 millones, lo que equivale a la construcción de 746 centros de salud de primer nivel de atención o 18 hospitales.

En el sector salud, el 97% de los establecimientos tienen una capacidad instalada inadecuada, es decir, no están equipados para atender a los pacientes. A pesar de ello, 10 regiones no llegaron a usar el 60% de sus presupuestos en salud en 2021, e incluso regiones como Tacna y Puno ejecutaron solo un 17.5% y un 18.8 %, respectivamente. Queda claro que esto no se soluciona con un cambio de Constitución.

La precariedad del Estado y la falta de profesionales con experiencia impiden que los recursos que reciben los Gobiernos regionales y municipales se traduzcan en servicios públicos de calidad. A ello se suma la corrupción: 24 de los 25 gobernadores regionales son investigados por presuntos delitos de esta índole. 

¿Qué hacer? Poner candados, incentivos y castigos para asegurar que la tecnocracia prevalezca y que se paguen de manera ejemplar los delitos de corrupción; establecer oficinas de gestión de proyectos (PMO) que acompañen los proyectos; optimizar la asignación de recursos; reevaluar el sistema de distribución del canon; fortalecer la asistencia técnica, entre otros.

Urge repensar el proceso de descentralización. Para ello, se requiere un piloto, un presidente que convoque a los mejores profesionales, un líder para sacar al Estado de su letargo y ponerlo a trabajar en favor de la ciudadanía.