Durante la última década, hemos sido testigos de cómo las nuevas tecnologías han pasado a dominar nuestro entorno y generado una verdadera “cuarta revolución industrial”. Desde el hogar hasta el trabajo, ciudadanos, Gobiernos y empresas se ven hoy enfrentados a preguntas muchas veces polémicas: ¿cómo puede un Gobierno aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar su relación con el ciudadano? ¿Qué oportunidades generan estas tecnologías para las empresas y los sectores vulnerables de la población económicamente activa? ¿Cómo las plataformas de la economía digital han abordado fallas e ineficiencias de mercado? Y, tal vez la pregunta más interesante, ¿cómo plantea el Gobierno peruano abordar la nueva ola de innovación y las nuevas formas de hacer transacciones?

Las empresas de tecnología representan hoy un 34% del ranking de las 100 compañías más valiosas del mundo, según Bloomberg. Asimismo, empresas como Uber, Airbnb, Beat, Cabify, Rappi, entre otras, impulsadas por la tecnología, han venido creciendo exponencialmente en la región, ya que utilizan de manera eficiente la capacidad física instalada y proveen a los consumidores menores costos de transacción y acceso inmediato a bienes y servicios (ver Semanario 993).

A raíz del surgimiento de estos negocios, hay quienes reclaman “nuevas” reglas de juego para la economía digital. Si bien un marco regulatorio, con reglas claras y seguridad jurídica, es un elemento clave para el desarrollo de cualquier actividad, ¿necesitamos una regulación particular para la economía digital?

El Informe sobre la Economía Digital 2019, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, así como un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, destacan que estas empresas gozan de una gran ventaja debido a su capacidad de recopilar y analizar datos, así como de adaptarse rápidamente para otorgar un mejor servicio que los diferencia de la gran competencia. Por tanto, pueden ayudar a mejorar los resultados económicos y sociales, y convertirse en una fuerza para el crecimiento de la productividad y la innovación.

No obstante, el Perú está aún en camino de adoptar plenamente los beneficios de la economía digital. En diversas ocasiones, el debate público en torno a esta se debe a la disputa entre modelos de negocio tradicionales frente a modelos disruptivos (en este caso, basados en tecnología). Por poner un ejemplo, este enfrentamiento se observa en el caso del servicio de transporte de personas (taxis tradicionales versus aplicativos de intermediación tecnológica para el transporte urbano).

La situación descrita invita a reflexionar acerca de la pertinencia de un análisis de impacto regulatorio que determine, primero, si una regulación es necesaria y, segundo, de qué manera esta aportaría a resolver posibles fallas de mercado (como, por ejemplo, asimetrías de información o externalidades negativas) que el sector privado no podría solucionar en un entorno de libre competencia.

UN DISPARO A LOS PIES

En los últimos meses, hemos observado cómo el Estado, a través de resoluciones, decretos supremos y propuestas legislativas, se ha alejado de este análisis. Esto se ejemplifica, por ejemplo, en la Resolución 069-2019/CC3 del Indecopi, que sostiene la falta de “idoneidad” del servicio que se presta por parte de las plataformas tecnológicas (ver Semanario 989); el Decreto Supremo 035-2019-MTC, que ordena el cese de actividades del servicio de transporte de pasajeros en vehículos menores no autorizados, vulnerando el principio de neutralidad de red al penalizar la tecnología y no las conductas ilegales; el Proyecto de Ley 4560/2018-CR, que buscó implementar un nuevo “Reglamento Nacional de Taxi” que equiparaba a los servicios de intermediación con taxis tradicionales en términos de requisitos y condiciones mínimas (ver Semanario 994); los proyectos de ley 4144/2018-CR y 4243/2018-CR, que buscaron enmarcar forzosamente como relación laboral los servicios que se generan a partir de las variadas plataformas tecnológicas que existen en el mercado (ver Semanario 983); o el recurrente intento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por darles a quienes alquilan sus inmuebles o parte de ellos a través de plataformas tecnológicas el mismo tratamiento que a un prestador de servicios turísticos.

Plantear medidas normativas o impositivas sin un análisis previo de calidad e impacto regulatorio no solo redundaría en una deficiente asignación de recursos públicos, sino que también tiene el potencial de desincentivar inversiones privadas de innovación tecnológica, así como añadir ineficiencias que ya habían sido resueltas en los mercados analizados.

Los beneficios que la economía digital ha traído a la sociedad peruana y al mundo son claros: ahorro de tiempo y dinero, mayor seguridad y más certeza y predictibilidad de los servicios, sin tener que lidiar con las tradicionales y “costosas” negociaciones de tarifas y condiciones. Ciertamente, estos beneficios son reflejo de cómo se manejarán la mayoría de las transacciones entre agentes económicos en el futuro. Los hacedores de política no deben ser ajenos a esta situación y, como estándar mínimo, plantearse adaptar las normativas y regulaciones vigentes desde décadas pasadas a esta nueva realidad.

Desde ComexPerú vemos con preocupación las iniciativas de regulación previamente mencionadas, que pretenden abordar las nuevas tendencias de economía digital sin un adecuado análisis de impacto regulatorio. Esta situación podría generar inconsistencias y un nivel de sobrerregulación que restaría incentivos a la innovación y actividad empresarial, la cual ha traído soluciones a graves problemas de orden público, seguridad en el transporte, costos de transacción e ineficiencias en mercados. Además, sería un paso en falso en el proceso de digitalización de servicios gubernamentales, al no ver a las empresas de la economía digital como aliadas en la generación de evidencia y trazabilidad de las transacciones formales. Es momento de que el Perú se sume a la ola de la digitalización, impulse la innovación e integre las iniciativas privadas en los servicios de Gobierno manteniendo el enfoque en mejorar su accesibilidad a favor de más ciudadanos.