De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentadas en octubre, América Latina sería la región más perjudicada por las actuales crisis sanitaria y económica, al proyectarse una contracción en el PBI del 8.1% respecto de 2019. La situación se agudiza en Perú, donde se espera una caída de 13.9%, influenciada por la severidad de las restricciones implementadas, las cuales también sobresalieron en la región, según un informe más reciente del FMI.  Por ello, preocupa la amenaza de materializarse dicho pronóstico ante los resultados de la economía peruana entre enero y setiembre, donde se acumuló un decrecimiento de 14.5% con relación al mismo periodo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Entonces, a pesar de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se mantiene optimista al respecto tras actualizar, recientemente, sus expectativas a una cifra menor al -12.7% que esperaba en el último reporte de inflación, resulta necesario revisar las limitantes que podrían perjudicar el resultado anual.

Si bien la contracción fue menor durante el mes de setiembre, el desempeño agregado todavía se mantendría un 6.1% por debajo de los valores del mismo mes del año pasado. En particular, esto se explicaría por los resultados de los sectores más importantes de la economía peruana, que continúan registrando una evolución negativa. Así, en el sector minería e hidrocarburos, a pesar de haberse permitido la reanudación progresiva de actividades mineras desde mayo, existen empresas que continúan en proceso de adecuación para volver a operar, y la producción de petróleo todavía no recuperaría los niveles precuarentena, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Por su parte, la recuperación de los sectores manufactura y comercio estaría limitada por la evolución de la masa salarial[1] que, en el tercer trimestre del año, se contrajo un 34.4% respecto del mismo periodo de 2019 en Lima Metropolitana (ver Semanario 1048). 

Desafortunadamente, estos resultados continuarían limitando el desempeño del mercado laboral peruano. Entre agosto y octubre, en Lima Metropolitana, la población económicamente activa (PEA) ocupada ascendió a 4,634,200, y la tasa de desempleo al 16.4%, es decir, se emplearon 141,600 personas más y el desempleo apenas se redujo en 0.1 puntos porcentuales (pp.), respecto de los resultados del tercer trimestre del año, según cifras del INEI. Dicha situación perjudicaría nuestra posición relativa en la región, pues en Chile el desempleo en el tercer trimestre ascendió al 12.3%; en México, al 5.4%, y en Colombia, al 17.5%. No obstante, cabe resaltar que, según el BCRP, la apremiante informalidad, que ascendería al 72.5% del empleo al finalizar el año, habría mitigado la expansión del desempleo, pero con el sacrificio de su avance, lo que implicaría una mayor desprotección de estos trabajadores, perpetuaría la baja productividad del sector y produciría menores ingresos fiscales en un contexto que exige invertir más.

APOSTEMOS POR LA PRODUCTIVIDAD

Si bien estos resultados son desalentadores para la economía peruana, en realidad eran de esperarse. En particular, la baja productividad del sector informal, el cual, a pesar de su predominancia, apenas aportó un 18.6% del PBI en 2018, según el INEI —y que perjudica desde hace bastante tiempo el desarrollo y crecimiento del país— y, desafortunadamente, la excesiva carga regulatoria que se exige a la formalidad (ver semanarios 1027 y 1038). Por ello, urge priorizar la implementación de la estrategia ya establecida: el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP).

En primera instancia, el PNCP planteó como objetivo adecuar el marco regulatorio de las micro y pequeñas empresas (mypes) para fomentar así su inserción a la formalidad. Esto porque, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las mypes, de las cuales el 83.3% pertenece a la informalidad (ver Semanario 1028), concentraron el 75.4% de los trabajadores privados en 2018. No obstante, a pesar de que ello se resolvería al desarrollarse dichas empresas, en realidad, los costos regulatorios, que actualmente exigen a las que crezcan y accedan al régimen general un desembolso por trabajador del 45.97% de su salario, más de siete veces lo que se exige a las microempresas (5.93%), según un informe del MTPE, desincentiva el interés por hacerlo.

Asimismo, el PNCP considera necesario desarrollar las competencias cognitivas de los trabajadores para potenciar su capacidad de inserción al mercado laboral formal. Para ello, propone fortalecer el proceso de capacitación y establece un particular énfasis en la fuerza laboral juvenil, la cual se caracteriza por un bajo nivel de capital humano, según el mismo plan. Esta situación se evidencia en la evolución de la tasa de desempleo por nivel educativo, la cual ascendió al 8.8% para los egresados universitarios en 2018 (+2.1 pp. respecto de 2012), según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, y a su vez demostraría la urgencia de continuar con la reforma universitaria. 

Evidentemente, hoy más que nunca resulta necesario priorizar la implementación del PNCP para retornar e inclusive superar el crecimiento económico y el desarrollo del mercado laboral que se observaba antes de la pandemia. Además, debe ir acompañado por políticas adecuadas que permitan generar sinergias, en vez de proponerse medidas contraproducentes como la intención del Congreso de la República de socavar la reforma universitaria, lo cual pudo haber perjudicado aún más al país.

[1] La masa salarial equivale al total de las remuneraciones acumuladas por los trabajadores, lo que representa la capacidad de consumo de la economía.