La semana pasada, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) confirmó la preparación de un conjunto de acciones para el posible retorno gradual a las clases presenciales el próximo año. Asimismo, enfatizó la necesidad de trabajar en favor de incrementar la asistencia escolar que se ha visto gravemente desfavorecida por la emergencia sanitaria. Para tener una idea, a julio del presente año, 230,000 estudiantes habrían quedado fuera del sistema educativo (ver Semanario 1045). Bajo este escenario, resulta clave evaluar el retorno a la educación presencial en términos de los beneficios que traería consigo, así como el estado físico en el que se encuentran las aulas.

Los efectos de la pandemia en el sector educación son más devastadores en los países de ingresos bajos y medios, debido a las limitaciones de acceso para la educación remota, así como la demora en la reapertura de las escuelas. De acuerdo con un informe realizado por la Unesco, Unicef y el Banco Mundial, a fines de octubre, los escolares de estos países han perdido casi cuatro meses de escolarización, mientras que en los países de altos ingresos esta pérdida sería solo de seis semanas. Cabe destacar que el cierre de las escuelas va más allá de la pérdida de aprendizaje presencial, ya que afecta también la interacción social, que juega un rol clave en el bienestar, protección y desarrollo de las habilidades socioemocionales.

A inicios de este mes, según la herramienta global desarrollada por la Unesco, 12 países y territorios de América Latina y el Caribe han abierto completamente sus escuelas, 11 lo han hecho parcialmente y 13 aún las mantienen totalmente cerradas. En nuestro país, 568 escuelas han reabierto sus puertas, lo que ha beneficiado a un total de 28,393 estudiantes. Sin embargo, aún que mucho por trabajar para llevar educación a más estudiantes en sus distintas modalidades y acorde con las realidades de cada departamento.

Así pues, la pandemia puso al descubierto la grave limitación que implicó la falta de conectividad para el desarrollo de las estrategias educativas a distancia implementadas por el Gobierno, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Según cifras del segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2020, la población de seis años a más que utiliza internet a nivel nacional es del 64.8%, pero en el ámbito rural solo alcanza al 33.1%. Además, si bien el principal medio de acceso al contenido de las clases a distancia fue la televisión (55.3%), las carencias de este servicio dejan mucho que pensar. Por ejemplo, a nivel nacional, el 82.4% de hogares cuenta con un televisor; sin embargo, en el ámbito rural este valor asciende únicamente al 48%.

Esta heterogeneidad exige una adecuada contextualización y focalización de las medidas que se aplicarán en adelante, tal como se ha venido haciendo desde el Minedu. Pero, a la vez que se cubren estas falencias, resulta necesario saber cómo vamos en infraestructura educativa.

¿ESCUELAS PREPARADAS?

A inicios de 2020, el Minedu aprobó el diagnóstico de Brechas de Infraestructura o de Accesos a Servicios del Sector Educación para la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023. De los indicadores calculados, se observa que los locales educativos con capacidad instalada inadecuada[1] en los niveles de inicial, primaria y secundaria ascendían al 92.3%, 96.1% y 91.5%, respectivamente. Este panorama, previo a la llegada del coronavirus, ya denotaba la necesidad de cubrir y mejorar las instalaciones educativas en todos sus niveles. Tarea que debería estar cumpliéndose de cara al regreso a clases el próximo año, pero ¿cómo vamos? 

Una aproximación del gasto en la ampliación o mejoramiento de la infraestructura educativa se puede hallar en el avance de la inversión pública en el sector educación. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, a tan solo un mes de terminar el año, la ejecución de la inversión de los Gobiernos locales en educación básica a nivel inicial fue del 33.6%; a nivel primario, del 36.1%, y a nivel secundario, del 36%. Por su parte, los Gobiernos regionales ejecutaron el 57%, 46.3% y 50.8% en cada nivel, respectivamente. Esto refleja el gran espacio de mejora y celeridad para la ejecución de más proyectos de inversión en educación. Y la necesidad es aún mayor si consideramos el número de estudiantes que fueron trasladados de instituciones privadas a públicas durante la pandemia.

La educación, en todas sus formas, debe ser una prioridad para el Gobierno que asegure el aprendizaje de nuestros estudiantes. Si bien el retorno a las escuelas es clave, también implica un gran reto que necesitará ser enfrentado de manera integral. Por poner un ejemplo, más allá de lo educativo, necesitamos acelerar los proyectos de acceso a servicios básicos como internet y electricidad a nivel nacional. Esta es la oportunidad de reconstruir y tomar las riendas en nuestro precario sistema educativo, para garantizar que más peruanos accedan a oportunidades de desarrollo. No la desperdiciemos.

[1] Se entiende por aquella con infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente.