Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la tasa de homicidios en la región de América Latina y el Caribe es tres veces superior al promedio mundial; es decir, mientras que en el mundo se registran 5.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, en América Latina y el Caribe la cifra asciende a 18. Asimismo, el 50% de los homicidios en la región están relacionados con el crimen organizado, mientras que el promedio mundial es del 24%. Por otro lado, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la criminalidad también afecta en términos económicos, puesto que el crimen le cuesta US$ 261,000 millones a la región, lo cual equivale al 3.5% del PBI anual. 

En lo que respecta al Perú, en febrero, según una encuesta de Ipsos, el 63% de los peruanos consideró que la seguridad ciudadana había empeorado en los últimos doce meses. Además, la encuesta de enero señala que “crimen y violencia” lideró el ranking de principales preocupaciones, pues fue mencionado por el 62% de peruanos. 

Por otro lado, el último informe sobre seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela que 215,159 personas fueron detenidas por cometer algún delito en 2023, lo cual representa un aumento del 9.8% en comparación con 2022. Además, la tasa de victimización de algún hecho delictivo fue del 27.1%, 4.3 puntos porcentuales (pp) mayor al año anterior. A nivel departamental, la mayor incidencia de delitos se registró en Puno (34.6%) y la menor, en Moquegua (14.8%). 

RECURSOS A NIVEL NACIONAL

Con el fin de combatir la inseguridad, los tres niveles de Gobierno cuentan con recursos financieros bajo la categoría presupuestal “Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana”. El presupuesto para 2023 ascendió a S/ 5,672 millones, lo que significó un aumento del 8.9% en comparación con 2022, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si analizamos el gasto público en seguridad por habitante y la tasa de victimización de la población urbana mayor a 15 años, podemos notar que, entre 2014 y 2019, años previos a la pandemia, el aumento en el gasto por habitante fue acompañado por una limitada disminución en la tasa de victimización. 

Sin embargo, esta relación no se ha observado entre 2021 y 2023, pues la tasa se incrementó anualmente 4.6 pp en promedio, al situarse en un 27.1%, mientras que el gasto por habitante se incrementó el año pasado un 12%, con lo que alcanzó los S/ 159. Si bien las tasas de victimización en 2019 y 2023 no han variado sustancialmente, un 26.4% y un 27.1%, respectivamente, el gasto por habitante fue considerablemente menor en 2023. 

Por otra parte, al desagregar el gasto en seguridad a nivel departamental, encontramos diferencias marcadas. En 2023, los departamentos con mayor ejecución de su presupuesto por habitante fueron Moquegua (S/ 235), Cusco (S/ 224) y Arequipa (S/ 220); en contraste, Loreto (S/ 81), Cajamarca (S/ 95) y Ayacucho (S/ 96) registraron los menores gastos. De ello, se resalta que el gasto de Loreto fue cerca de un tercio del registrado en Moquegua. Sin embargo, ¿este nivel de gasto se justifica con la evolución de la tasa de victimización por departamento? 

Según datos del INEI, en 2023, la tasa de población urbana mayor de 15 años víctima de algún hecho delictivo fue del 27.1% a nivel nacional. Los departamentos que registraron las menores tasas fueron Moquegua (14.8%), Cajamarca (15%) y Amazonas (15.6%), mientras que las mayores tasas se encontraron en Puno (34.6%), Tacna (33.1%) y Lima Metropolitana (33%). 

Cabe destacar que el elevado gasto en seguridad por habitante en Moquegua es acompañado por una baja tasa de victimización, pero este escenario no ocurre en todos los departamentos. Por ejemplo, Cusco y Arequipa ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking de gasto para combatir este problema, pero se encuentran en el sexto y octavo lugar en cuanto al porcentaje de su población víctima de algún delito, con un 29.9% y un 29.2%, respectivamente. 

La mitigación de la delincuencia es un desafío que requiere un enfoque coordinado en todos los niveles de gobierno. Para lograrlo, es esencial implementar medidas eficaces que aprovechen los recursos financieros. Desde el sector empresarial, se alcanzan propuestas como el uso de mecanismos de obras por impuestos (OxI). 

Dicho mecanismo aprovecha la eficiencia del sector privado y puede utilizarse para brindar servicios como alumbrado, sistemas de vigilancia e implementación de comisarías. Con ello, se podría reducir la cantidad de obras paralizadas a cargo del Ministerio del Interior. Además, esto ayudaría a acelerar la implementación de Centros de Flagrancia, los cuales contribuirían a que los plazos de los procesos judiciales se reduzcan. Su implementación ha traído experiencias positivas en países vecinos como Chile (Complejo Judicial Punta Arenas) y Ecuador (Complejo Judicial Quitumbe). 

Se pueden llevar a cabo diversas acciones para contrarrestar el crimen y la violencia. Los recursos existen, pero la voluntad política y el sentido de urgencia no parecen ser cualidades de la administración pública en muchas ciudades de nuestro país.