Tal vez, una de las primeras ocasiones en las que fui consciente de los instrumentos restrictivos al comercio que aplicaba Argentina fue en los primeros meses de 2012, cuando el Gobierno de ese entonces implementó las declaraciones anticipadas de importación para el comercio de bienes y servicios. Dicha medida buscaba frenar el ingreso de productos del exterior, con la finalidad de tener un mayor control de flujo de divisas y, como toda política restrictiva del comercio, fortalecer la industria nacional.

En esos meses, recibimos casos de todo tipo con referencia a tales declaraciones. Quizás la más anecdótica haya sido la de importación de libros, la cual se encontraba paralizada por las demoras en las autorizaciones de importación, con el pretexto de salvaguardar la salud humana. Un industrial argentino sostenía que la tinta de las publicaciones importadas contenía un alto nivel de plomo, a diferencia de la tinta local, sin ningún análisis técnico que lo respalde, y así justificaba la medida restrictiva. 

Sí, de ese modo funcionaron las cosas por años, de una manera discrecional, con burócratas que decidían qué se podía y no se podía importar, y que, respaldados por un grupo de empresarios mercantilistas, restringían las libertades individuales y colectivas en perjuicio del consumidor final y de la economía en su conjunto.

En los últimos días, el actual Gobierno argentino ha seguido dando señales para implementar una política comercial de apertura e integración con el mundo, a partir del destrabe de procesos de importación. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió por 120 días el cobro de la percepción del impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado (IVA) para una lista que contempla 3,564 partidas arancelarias, las cuales pertenecen a diversas categorías de la canasta básica. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el paso a un esquema de pago de 30 días para estos productos importados, y ya no en plazos de 4 cuotas de hasta 120 días.

Estas medidas, sumadas a la de diciembre del año pasado, cuando la Secretaría de Comercio y la AFIP modificaron el sistema de importaciones al eliminar los permisos para importar, contribuyen al viraje de una Argentina hacia el libre comercio, que tanto bien le haría a su población en general. Ese es el camino correcto.

El éxito de tales medidas, o el aprovechamiento de países vecinos como el Perú, dependería mucho de la confianza y la incertidumbre. Confianza que bien deberían de promover las agencias de promoción de comercio argentinas, así como las de sus pares. Recordemos, por ejemplo, que las órdenes de compra para el caso de alimentos no se gestan de la noche a la mañana, sino que forman parte de una negociación entre las partes, donde se establecen no solo cantidades, sino también plazos, tiempos, entre otros aspectos. La incertidumbre recae sobre qué ocurriría con estas decisiones en el futuro, pues las inversiones requieren estabilidad jurídica en el tiempo y, de momento, ninguno estaría en la capacidad de asegurar la continuidad de estas políticas en un siguiente gobierno.

El Perú cuenta con el Acuerdo de Complementación Económica N.° 58 (ACE 58) con el Mercosur, del cual Argentina forma parte. Gracias a ello, gozamos de preferencias arancelarias para una gran cantidad de productos, como los de la canasta básica, los cuales no pagan aranceles en destino. Sin embargo, las barreras paraarancelarias impidieron por años aprovechar tales preferencias. A la fecha, nuestros envíos a Argentina apenas superan los US$ 200 millones anuales, por lo que, dadas las nuevas condiciones para el comercio, se abre una ventana que permitirá fomentar nuestra oferta exportable de naranjas, cacao, paltas y calamares, productos que dicho país ya importa del mundo. 

*Publicado el 22.03.2024 en Infobae