Desinformación, intereses políticos y aprovechamiento populista inundaron las redes sociales y medios durante los últimos días a raíz de la investigación que ha iniciado Indecopi a algunas municipalidades por realizar actividades empresariales, por ejemplo, a través de la prestación de servicios veterinarios. Acusaciones falsas como que el Indecopi habría dispuesto el cierre de las veterinarias de las municipalidades de Ventanilla o San Borja, o que estaría en contra de campañas sociales de servicios de salud para animales, estuvieron a la orden del día. Claramente, la utilización de estos argumentos con fines políticos es una actitud totalmente inaceptable que solo lleva a la población a la desinformación.

Textualmente, el artículo 60 de la Constitución Política del Perú establece que “el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Es decir, se dispone que el Estado no puede realizar actividad empresarial, salvo en casos excepcionales, cuando una ley lo autorice, sea de interés nacional y que no exista oferta privada.

¿Por qué es importante esta norma? Un principio de la economía de libre mercado es que es el sector privado es quien realiza actividades económicas y no el Estado. Este último no debe competir con la empresa, ya que estaría utilizando recursos de los ciudadanos para generar competencia desleal. Además, el Estado ha demostrado ser un pésimo empresario y los peruanos conocemos largamente esa experiencia. Para muestra, basta recordar la Compañía Peruana de Teléfonos, empresa estatal totalmente ineficiente, de terrible servicio y escasa cobertura. ¿Se acuerdan cuánto debíamos esperar para tener un teléfono en casa? ¿Y la calidad de las llamadas? ¿O la empresa que comercializaba la leche Enci? Especulación, mala calidad y pérdidas pagadas por el ciudadano. O, más actualmente, el caso de la modernización de la refinería de Talara, la cual todos los expertos ya calificaron de innecesaria, pero que nos costará, cuanto menos, US$ 5,400 millones. ¿Cuántas escuelas, hospitales y comisarías se podrían modernizar con ese dinero? ¡Cuánta razón tenía Milton Friedman al decir que “El Estado debe actuar como un réferi, no como un jugador activo”!

Sin una norma como esta, el Estado o las municipalidades podrían decidir operar cines o restaurantes de pollo a la brasa o vender celulares a menores costos. Ello, sin duda, perjudicaría a los empresarios, y tendríamos una empresa pública que además no tiene ningún incentivo para utilizar de manera eficiente sus recursos, porque no son suyos. El empresario tiene que ser eficiente, porque es su dinero y debe pagar a sus trabajadores, impuestos y tener una utilidad. Todo esto sin mencionar la cantidad de empresas de bajo costo que se crearían con intereses políticos pensando en las elecciones.

¿Por qué mejor estas municipalidades investigadas no dedican sus esfuerzos a cumplir eficientemente su rol, velando por la seguridad, mejorando el estado de las vías, de los parques y los jardines? Y sí, claramente, como lo ha indicado el Indecopi, están permitidas las campañas de salud para los animales con servicios como desparasitación, esterilización o vacunación, y deben seguir realizándolas en coordinación con el Ministerio de Salud.

Indecopi está haciendo un excelente trabajo al velar por el respeto y cumplimiento de principios en favor del ciudadano. ¡Dejémoslo seguir cazando a estos cocodrilos, que ya sabemos no son nada inofensivos!