Producto de múltiples factores, la inflación se ha vuelto uno de los principales problemas del Perú en 2022, a tal punto de que, como nunca en tiempos recientes, se ha requerido diseñar e implementar medidas de impacto inmediato para enfrentarla (ver Semanario 1115). Sin embargo, esto no deben opacar el hecho de que también se necesitan políticas de mediano y largo plazo para suavizar los efectos de una gran alza de los precios, ya que este fenómeno, si bien es temporal, puede repetirse en cualquier otro momento.

Tomemos el caso del petróleo. El alza de su precio internacional ha generado un aumento sustancial del costo de los combustibles y, si bien el Gobierno respondió eliminando temporalmente el impuesto general a las ventas y reduciendo el impuesto selectivo al consumo de un grupo de estos, una solución más eficiente y sostenible sería que los consumidores cuenten en cualquier momento con otras opciones a la mano. 

Hoy en día, una de esas alternativas es el gas natural, que se utiliza como una fuente de energía relativamente más económica frente a los derivados del petróleo. Por ejemplo, entre 2005 y marzo de 2022, el consumo de gas natural vehicular (GNV) frente a otros combustibles ha generado un ahorro de aproximadamente S/ 18,100 millones, según Infogas[1]. Pero que este recurso sea una alternativa viable para cualquier ciudadano no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, sino que necesita de un aparato productor detrás, el cual, para ser desarrollado, requiere tiempo (he ahí el mediano y largo plazo).

Precisamente, uno de los requerimientos para masificar el uso del gas es contar con infraestructura que lo conecte con los consumidores. En esa línea, en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), existen tres proyectos priorizados del sector hidrocarburos destinados al transporte y la distribución del gas natural. No obstante, el estado de estos proyectos es considerablemente dispar.

Por un lado, se tiene el proyecto de distribución de gas natural por red de ductos de Piura, el cual incluimos en nuestro más reciente Reporte de Avance de los Proyectos PNIC. Se trata de un proyecto concesionado con una inversión total de alrededor de US$ 200 millones, cuyas obras se iniciaron en diciembre de 2020. Su objetivo es conectar a 64,000 familias de las ciudades de Piura, Talara, Sullana, Paita y Sechura. A marzo de 2022, ya opera con un 100% de cobertura en las primeras tres ciudades, con un porcentaje de ejecución financiera del 42.4%[2]. Además, ha completado todos los objetivos de su primer año de construcción, relacionados con redes de transporte y estaciones de gas. Según el Osinergmin, el proyecto se ha desarrollado con normalidad y ha cumplido todos los requisitos de supervisión.

Por el contrario, los dos proyectos restantes están actualmente en una situación de incertidumbre. Uno de ellos es el conocido Gasoducto Surperuano, ahora llamado SIT Gas. Este involucra una inversión de US$ 4,321 millones, que generará 1.5 millones de conexiones de gas para atender a 900,000 familias en seis departamentos, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Su ejecución fue paralizada en 2017 y desde entonces el Estado solo se ha dedicado a dar mantenimiento a los ductos ya instalados.

Para resolver dicha situación, el Gobierno formó en 2021 la Comisión Multisectorial para la Masificación del Gas Natural, que evaluó el estado de SIT Gas y cómo debería acabar su construcción. De acuerdo con su informe final, se deben aprovechar los estudios y la infraestructura ya existentes para su finalización; de lo contrario, la ejecución experimentaría un retraso de hasta siete años. No obstante, el informe no especifica bajo qué ámbito realizar el proyecto, bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), para lo cual se pronostica el inicio de las obras para 2026, u otra forma de inversión.

Finalmente, el último proyecto es el denominado Siete regiones, que abarca los departamentos de Ayacucho, Ucayali, Cusco, Huancavelica, Junín, Apurímac y Puno. Esta obra ha permanecido en la cartera de ProInversión durante un tiempo considerable y, pese a que en varias oportunidades se dieron concursos para licitarla — la última en junio de 2021—, en ninguna fue posible hacerlo.

En consecuencia, el Gobierno decidió sacar el proyecto adelante por su cuenta utilizando recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), e incluso incrementó sus dimensiones en cuanto a conexiones, metas e infraestructura por desplegar. He ahí las dudas que rodean al proyecto, pues muchos cuestionan la capacidad del Estado para llevar adelante una obra de tal magnitud. Por ejemplo, se ha sugerido que Petroperú participe en su ejecución, lo que no augura un buen futuro, sobre todo en vista de su realidad actual (ver Semanario 1120).

Aunque masificar el gas natural a nivel nacional es una política energética que traerá grandes beneficios en el mediano y largo plazo, los dos últimos proyectos demuestran que las obras necesarias para su consecución presentan un gran nivel de complejidad. El proyecto de Piura, en cambio, realza la capacidad y eficiencia del sector privado, por lo que el Estado no puede cerrarle las puertas e “ignorarlo” cuando decida cómo proceder con SIT Gas y Siete regiones. Reunir la experiencia y el conocimiento técnico de los mejores actores del sector será vital para que estas dos obras vean la luz lo más pronto posible.

[1] Infogas es la entidad que administra la información de todos los participantes de la cadena comercial de GNV.

[2] Información al cierre de 2021.