La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia también la necesidad de un trabajo eficiente y coordinado entre el Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales en el país. Ahora más que nunca, el rol de estos últimos resulta crucial para responder a la crisis sanitaria, así como para mitigar los distintos efectos económicos y sociales. Pero ¿estamos preparados para este reto?

En las últimas décadas, hemos sido testigos de los alentadores resultados de un modelo económico basado en la apertura al comercio exterior, el fomento de la inversión privada y el impulso de la competitividad. No obstante, también hemos visto que este crecimiento económico no ha venido acompañado por una adecuada y oportuna gestión de los recursos en todos los niveles de gobierno, la misma que resulta crítica si observamos los resultados de los Gobiernos locales a nivel departamental. En ese sentido, un indicador aproximado del débil desempeño de las autoridades subnacionales es el bajo nivel de ejecución del gasto que han demostrado en los últimos años, basta con ver que a nivel de gobiernos locales esta no supera siquiera el 80%.

Por ejemplo, los Gobiernos locales de las regiones Cajamarca y Ayacucho, que concentraron a los distritos más pobres del país en 2018, según cifras del INEI, ejecutaron el 67.6% y 72.1%, respectivamente, en 2019. Además, en sectores como el de saneamiento, pese a ser uno de los sectores con mayor Presupuesto Institucional Modificado y con gran incidencia en la mejora de la calidad de vida de la población, la ejecución en los departamentos mencionados alcanzó únicamente el 54.5% y 65.7%, respectivamente. Esto cobra relevancia si consideramos que, por ejemplo, en Cajamarca, solo el 22% de la población consume agua potable proveniente de red pública.  

REPENSEMOS EL MODELO DE DESCENTRALIZACIÓN

El modelo de descentralización en el país se puso en marcha en 2002, sin un norte sobre cómo, cuándo y hasta dónde descentralizar, se inició un proceso desordenado e improvisado que generó la creación de Gobiernos regionales y la convocatoria a elecciones para elegir a sus representantes. Fue así como se empezó con la transferencia de competencias del nivel nacional hacia las autoridades subnacionales (locales y regionales) a fin de lograr que los servicios estatales llegaran a más personas y de la manera más eficiente posible. No obstante, el magro desempeño de estos Gobiernos en materia de gestión, ejecución presupuestal e incluso fiscalización es un problema que viene de mucho tiempo atrás y nos está pasando factura.

Desde ComexPerú, en distintas oportunidades, hemos puesto en evidencia la ineficiencia de las autoridades regionales y locales para administrar adecuadamente los recursos (ver semanarios 832, 983 y 994) y la ejecución del gasto es una variable proxy que respalda dicho argumento. No obstante, la situación actual amerita una discusión sobre los resultados que ha tenido el proceso de descentralización en el país. Frente a ello, el reto ahora no es solo mejorar las capacidades de los funcionarios públicos locales, quienes después de todo varían según los cambios de autoridades, sino de generar esa institucionalidad en el sistema que permita una adecuada gobernanza entre Lima y las regiones, y que las mantenga alineadas con el objetivo del Gobierno central. Pero ¿cómo lograrlo?

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley 29158), los ministerios y demás autoridades del Gobierno central, además de diseñar las políticas nacionales que deben cumplirse en todos los niveles gubernamentales, cuentan con una capacidad sancionadora y de vigilancia, pero en muchos casos no cumplen esa función. Así, los únicos perjudicados son los ciudadanos, por causa de la falta de voluntad política y la debilidad de las autoridades (ver Semanario 992). Por ello, más allá de solo delegar y transferir funciones, resulta primordial complementar el proceso con la implementación de mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley. Un sistema de recompensa y castigo, de la mano con una efectiva aplicación de las normas, podría mejorar el desempeño de las regiones, algo que tanto urge en estos tiempos. De no hacerlo, el costo social resultará mayor al costo político.

Para concluir, según cifras del MEF, al 30 de junio del presente año, la ejecución del gasto en inversión a nivel de Gobiernos locales y regionales fue del 14% y el 13.7%, respectivamente. Estos números reflejan el enorme trabajo que tenemos por delante para lograr la ansiada reactivación económica en el país. No obstante, queda claro que este no corresponderá únicamente al sector público, sino que será necesario promover una colaboración público-privada por medio de herramientas efectivas como las asociaciones público-privadas o las obras por impuestos para agilizar las inversiones. O, quizá, por qué no crear una cooperación público-privada en materia de gestión de los recursos por departamento que facilite la transferencia de conocimientos entre ambos actores.

No podemos salir de esta crisis sin un cambio significativo a nivel de gestión de los Gobiernos subnacionales. Repensemos este proceso de descentralización y démosle la debida importancia a una reforma estructural de cara a un Perú pospandemia.