El mundo está virando sus hábitos de consumo de plástico a uno mucho más responsable y amigable con el medio ambiente. Es por ello que hemos comenzado a ver un incremento en las políticas públicas que regulan el uso de este material, así como también una sociedad más consciente, que hoy entiende que reducir la contaminación en nuestro planeta es tarea de todos.

En este contexto, varios proyectos de ley que buscan prohibir o reducir el consumo de plástico han llegado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Tras un largo análisis, tanto de las iniciativas legislativas como del marco técnico y normativo a nivel internacional, la comisión dictaminó un único texto sustitutorio que regula el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de tecnopor.

El objetivo de este proyecto, como bien se menciona en el referido dictamen, es establecer un marco regulatorio en nuestro país sobre el uso del plástico y otros envases descartables para alimentos y bebidas de consumo humano. Esto con la intención de reducir su impacto adverso en el medio ambiente. Para ello, propone la reducción progresiva del uso de bolsas de base polimérica (es decir, de polietileno o polipropileno) en un plazo de 3 años contados desde la entrada en vigor de la ley. Esto impacta principalmente en los supermercados, autoservicios, almacenes, comercios en general u otros similares, a quienes se les exigirá reemplazar, progresivamente en dicho plazo, la entrega de bolsas plásticas no reutilizables, por bolsas reutilizables o biodegradables. Asimismo, para dichos establecimientos, indica que deberá haber un cobro a los consumidores por cada bolsa que entreguen.

De manera más rápida, desde que empiece a regir la ley, se prohíbe la adquisición, uso, ingreso o comercialización de bolsas plásticas, sorbetes o envases de tecnopor en las áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural o patrimonio natural de la humanidad, museos y entidades de la administración estatal; así como el uso de bolsas o envoltorios plásticos en publicidad impresa, diarios, revistas, recibos de cobro de servicios y toda información dirigida a los consumidores.

En un plazo de 180 días desde su entrada en vigor, la norma prohíbe la fabricación, importación, distribución y comercialización de envases de tecnopor para alimentos y bebidas, bolsas plásticas con dimensión menor a 900 cm2 y espesor menor a 50 micras, y sorbetes de plástico (salvo para uso médico). Asimismo, prohíbe la adquisición, uso o comercialización de bolsas y sorbetes plásticos, y envases de tecnopor en las playas del litoral peruano. Finalmente, a partir del 28 de julio de 2021, la normativa dispone la prohibición de fabricar, importar, distribuir, entregar y consumir cualquier tipo de bolsa plástica no reutilizable, así como platos, vasos y otros utensilios y vasijas de material plástico para alimentos y bebidas de consumo humano.

De igual manera, la normativa indica que los fabricantes de botellas PET deberán, obligaroriamente, incluir en su composición al menos un 25% de material PET reciclado, en un plazo de 180 días contados desde el día siguiente a la publicación de la ley.

Si bien se han incluido algunas excepciones, como el uso de bolsas plásticas cuando sea necesario por razones de asepsia o inocuidad, o por razones de limpieza, higiene, salud o necesidad médica en establecimientos de salud, hay muchas aristas que este proyecto no analiza y que podrían mermar su efectividad. Cabe destacar que esto sucede casi siempre por la falta de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo, así como entre sector público y privado. Y es que, si bien el Estado es quien dicta las reglas de juego, el sector empresarial es quien juega en la cancha y, sin un conocimiento completo de la realidad y un buen análisis de calidad regulatoria, las normativas no serán tan eficientes como deberían.

Un primer asunto que no se ha discutido es, por ejemplo, qué sucederá con todo el sector informal de la economía. Recordemos que esta tasa de informalidad alcanza más del 70%. ¿Cómo se acreditará el cumplimiento de la norma? Por otro lado, el plazo de 180 días para el cambio de las bolsas tradicionales por biodegradables en los comercios y la modificación en sus sistemas, de manera que pueda incluirse el costo de estas bolsas en el comprobante de los consumidores, podría resultar algo corto en agravio de las empresas formales. De igual manera, el plazo resulta sumamente reducido para las empresas dedicadas a la fabricación de envases de tecnopor. No se ha considerado tampoco que la regulación de las botellas de plástico PET es todo un mundo aparte y se ha incluido tan solo un pequeño artículo, sin tomar en cuenta distintas contingencias como el uso de tecnologías que aún no permiten la composición con PET reciclado, la situación de las botellas retornables y la corta oferta de material reciclado debido a que existe un único proveedor en el mercado, lo que imposibilitaría el cumplimiento de la norma tal cual fue aprobada en la comisión. Cuestiones que sí ha tomado en consideración, en parte, el proyecto preparado por el Ministerio del Ambiente, pero que fue desestimado por el presidente de la comisión, Marco Arana. Habrá que esperar los dictámenes de otras comisiones en donde también se discutirán estos proyectos de ley, como la de Producción y la de Defensa del Consumidor.

Es importante señalar que todos apoyamos la normativa, porque creemos que va en el sentido correcto. Tanto el sector público como el privado son conscientes de que debemos comenzar a mejorar nuestros hábitos de consumo de plástico y esto va de la mano con un trabajo fuerte en educación y concientización a todo nivel. Es importante que construyamos juntos, Estado y empresa, una ley que permita reducir pronto el consumo de plástico en nuestro país, pero que también considere algunos plazos muy básicos que se necesitan para hacerlo de manera adecuada, y más aún una buena estrategia que nos permita llegar al mercado informal.