En setiembre de 2016, con el alegado propósito de reducir el consumo del tabaco, el congresista Yonhy Lescano presentó el Proyecto de Ley 291/2016- CR, que planteó la prohibición total de la publicidad comercial del tabaco conforme al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (CMCT), ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa 28280. Dicha iniciativa legislativa actualmente se encuentra en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República (Codeco), a la espera de su próximo debate. A continuación, expondremos las deficiencias que adolece dicha propuesta.

Para ponernos en contexto, tal como se mencionó al inicio del presente artículo, el sustento del proyecto es reducir el consumo del tabaco. Así, para el congresista Lescano, la regulación actual no sería suficiente, por lo que plantea la prohibición total de su publicidad.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 28705, Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, actualmente ya se prohíbe la publicidad directa o indirecta en medios de comunicación de señal abierta, como televisión, radio o similares; en establecimientos de salud o educación, sean públicos o privados; en exhibiciones y en espectáculos que permiten el ingreso a menores de edad; entre otras. Asimismo, según los artículos 13, 14 y 16 de la misma ley, se establece que deben consignarse frases de advertencia en un 15% del espacio de los anuncios publicitarios, además de prohibir la publicidad destinada a menores de edad y restringirla en medios gráficos, solo por nombrar los artículos de la Ley más relevantes con respecto a la publicidad.

Así las cosas, difícilmente se podría negar que el consumo de tabaco representa un importante problema de salud pública en el Perú, que debe ser atendido. Sin embargo, ¿la prohibición total de su publicidad es la manera correcta para reducir su consumo?

Ya en 2018, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso emitió un dictamen acerca de este proyecto de ley, donde se manifiesta claramente que nuestra legislación ha limitado legítimamente y en amplio espectro la publicidad directa e indirecta del tabaco, restringiendo el derecho de libertad de empresa y garantizando el cumplimiento del CMCT, y concluye que las limitaciones actuales son lo suficientemente restrictivas para resguardar el derecho a la salud. Asimismo, basándose en evidencia empírica, muestra que en Islandia, por ejemplo, aumentó el consumo de tabaco años después de disponerse una prohibición total de su publicidad, similar a la propuesta. Así, se argumenta que la prohibición no necesariamente trae consigo una reducción del consumo de tabaco. Finalmente, recomienda no aprobar y archivar el proyecto en cuestión.

Sumado a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas ha opinado que la evidencia científica internacional no es concluyente sobre la causalidad entre la prohibición de la publicidad del tabaco y la efectiva reducción de su demanda. Asimismo, advierte que el proyecto puede acarrear reclamos internacionales (controversia inversionista-Estado) que generen un riesgo fiscal significativo por el pago de indemnizaciones derivadas del incumplimiento de disposiciones contenidas en acuerdos internacionales de inversión suscritos por el país.

De los párrafos anteriores se desprende que la regulación vigente estaría cumpliendo ya con las recomendaciones del CMCT y sería ineficiente destinar recursos en una sobrerregulación. Asimismo, esta iniciativa no garantizaría la reducción del consumo de tabaco.

Más allá de los problemas técnicos que presenta la propuesta, constituye un claro ejemplo de cómo el Estado, principalmente el Legislativo, enfoca incorrectamente los temas regulatorios, y cómo resulta cada vez más importante que se implemente una metodología de análisis de impacto normativo para mejorar la calidad de las leyes.

Si bien el consumo de tabaco configura un problema de salud pública que merece atención, prohibir totalmente su publicidad ha demostrado no tener un mayor impacto en el consumo, y más bien restringe los principios de libre empresa y competencia, consagrados en la Constitución. Por ello, en lugar de poner más trabas ineficientes al sector privado, se debería trabajar en otras áreas, como brindar toda la información acerca de los peligros que genera el consumo del tabaco, principalmente a los menores de edad. Por ejemplo, el estudio How effective and cost-effective was the national mass media smoking cessation campaign ‘Stoptober’? publicado en la revista Drug and Alcohol Dependence, muestra que las campañas nacionales enfocadas en la educación y sensibilización respecto a los riesgos y beneficios de fumar, redujeron el consumo de tabaco. Así, se evidenciaría que los ciudadanos mejor informados tomarán ellos mismos decisiones racionales con respecto a su consumo.