Recientemente, el Gobierno ha sumado un nuevo episodio en su turbulenta relación con la actividad minera en el país, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado una propuesta para incrementar la carga tributaria al sector. No podemos decir mucho con respecto al fundamento de esta medida, dada la falta de “accesibilidad” (por el momento) al informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que se basaría, pero sí podemos afirmar que no es una buena señal considerando lo que se avecina.

Y es que, según datos del propio FMI, publicados en su reporte World Economic Outlook de octubre y en una publicación reciente, en las próximas décadas el mundo experimentaría una demanda por metales sin precedentes, debido a la transición energética hacia alternativas más limpias. Tomando como base políticas que lleven a un objetivo de emisión neta cero de dióxido de carbono hacia 2050[1], cuatro metales clave como el cobre, el litio, el níquel y el cobalto verían incrementados notablemente su consumo mundial en los próximos diez años, con montos casi siete veces mayores a los registrados en 2010.

Los precios de estos metales, como consecuencia, se incrementarían de forma consistente durante años. El FMI pone como ejemplo el litio, metal utilizado para las baterías de los autos eléctricos, cuyo precio podría pasar de unos US$ 6,000 por tonelada métrica en 2020 a unos US$ 15,000 en 2030, y que se mantendría alrededor de ese nivel durante la siguiente década, lo que supondría un pico histórico. Con escenarios similares para los otros metales, se estima que el valor de su producción llegue a casi US$ 13 billones en las siguientes dos décadas, a la par del valor que tendría la producción de petróleo.

Por supuesto, este boom tendría importantes efectos económicos alrededor del mundo. Los países más beneficiados, según las estimaciones del FMI, serían los que exportan metales.

En detalle, asumiendo incrementos sostenidos de un 15% en el índice de precios de los metales, el organismo analiza cómo variaría en el tiempo la tasa de crecimiento del PBI de los principales exportadores versus la de los principales importadores (los cuales impulsarían sus economías por la creación de valor agregado usando los metales como insumo). Sus resultados muestran que los países exportadores crecerían hasta un punto porcentual más cada año, durante varios años, que sus contrapartes. Resultados similares también se encontraron respecto de la balanza fiscal de los países.

Al mismo tiempo, existen otros factores que podrían dinamizar aún más el próximo mercado de metales. Por un lado, las empresas mineras se verán incentivadas a incrementar su oferta ante la creciente demanda, lo que impulsará nuevas inversiones, en especial para la expansión de reservas, lo cual daría una nueva velocidad a la transición energética. Por otro lado, existe un grupo de metales que el FMI no ha abarcado en su análisis, pero que también experimentarían una alta demanda, como el aluminio, el zinc, la plata y el manganeso. Inclusive, la lista podría ampliarse si el desarrollo tecnológico demanda nuevos insumos antes no considerados. De esta manera, los países que exporten una alta variedad de metales o que cuenten con reservas variadas tendrían nuevas fuentes de ganancias.

EL PERÚ Y UNA PERSPECTIVA ERRÓNEA

Considerando estos puntos, el problema de un incremento de los impuestos del sector minero y toda la tendencia antiminera que se viene manifestando en el país es claro: se están generando fuertes desincentivos para que las empresas mineras operen e inviertan en el Perú, justo cuando se viene una gran ola de demanda de metales.

Las consecuencias serán graves no solo por lo que perderemos en el corto plazo (de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la propuesta del MEF pone en peligro la ejecución de diez proyectos de inversión del próximo quinquenio, que tienen un valor de US$ 10,000 millones, generarían 600,000 puestos de trabajo y unos S/ 5,000 millones anuales en impuestos), sino en el mediano y largo plazo, ya que, si no logramos mantenernos entre los principales productores de metales entre 2030 y 2040, nos perderíamos el punto más álgido del boom y todos sus beneficios.

En ese sentido, el Gobierno necesita cambiar su perspectiva y crear un clima que atraiga inversiones para el sector. Necesitamos concentrarnos tanto en incrementar la producción y las reservas de nuestros principales metales (cobre, por ejemplo), como en explorar aquellos no tan explotados, como el estaño, el molibdeno, el zinc, y el litio, dado que la variedad es un factor ventajoso para el futuro[2].

A su vez, debemos dejar de lado la idea de que es necesario obtener más y más ingresos de las mineras para beneficiar a la población. Puede que sea cierto que con mayores recursos podemos hacer más para mejorar las condiciones de vida de la población, pero en la práctica lo que se observa es que dichos recursos no se están ejecutando. Al 16 de diciembre de 2021, los Gobiernos regionales solo han ejecutado el 69% de su presupuesto para inversión pública financiado por canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones; y los Gobiernos locales, el 53.2%.

Así, en vez de poner más restricciones al sector, lo que lo hace menos competitivo, debemos alentar su desarrollo de cara a un futuro que se vislumbra brillante.

[1] Políticas basadas en un reporte elaborado por la Agencia Internacional de Energía.

[2] Según el Servicio Geológico de EE. UU., el Perú es el cuarto productor mundial de estaño y molibdeno, y el tercer productor de zinc, y poseemos cerca de 900,000 toneladas de reservas identificadas de litio.