El último 24 de febrero, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Sociedad Nacional de Industrias llevaron a cabo el foro denominado Planeamiento estratégico para el desarrollo sostenible de las regiones del Perú. Este tuvo como objetivo impulsar un trabajo articulado entre el sector público, el privado y la academia, a fin de acortar las brechas departamentales mediante mejoras en el planeamiento estratégico y la inversión. 

En dicho evento, el ministro de Economía, Alex Contreras, se refirió a la desigualdad fiscal que enfrenta nuestro país. En sus palabras, hay distritos que, en promedio, han recibido S/ 250,000 por persona y otros donde se han invertido S/ 5 por persona. Este dato revela el enorme desafío del país para romper el desequilibrio fiscal departamental, lo cual permitiría atender las necesidades insatisfechas de acuerdo con la densidad poblacional. 

Ante este panorama, resulta importante evaluar cómo se ha distribuido el gasto en los distintos departamentos. Para ello, con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), calculamos el gasto público por habitante efectuado en la última década (2013-2022)[1]. En principio, el promedio del gasto per cápita a nivel nacional pasó de S/ 3,523 en 2013 a S/ 6,248 en 2022, lo que significa un incremento del 77% en estos diez años. Los departamentos donde más creció el gasto fueron Apurímac (de S/3,572 a S/ 8,294, +132%), Piura (de 1,967 a S/ 4,326; +120%), Huancavelica (de S/ 3,827 a S/ 8,226; +115%) y Puno (de S/ 2,492 a S/ 5,285; +112%). 

No obstante, tal como se mencionó, las diferencias son amplias entre departamentos. Por ejemplo, en Moquegua, el gasto público por persona fue 2.6 veces más que el de Lambayeque en la última década. Y en 15 departamentos el gasto por habitante fue menor que el promedio nacional. 

Ahora, del análisis del gasto per cápita por funciones para 2022, se observa que, en la mayoría de casos, este se destina principalmente a salud y educación. En departamentos como Huancavelica, Apurímac y Ayacucho este gasto per cápita fue notoriamente mayor. Sin embargo, existen variaciones considerables en la función transporte, en la cual Madre de Dios (S/ 2,255 por habitante), Moquegua (S/ 1,810) y Pasco (S/ 1,446) presentan los mayores montos, mientras que en Lambayeque (S/ 182) y La Libertad (S/ 237) se gastó menos. 

Estas cifras revelan el espacio de mejora que existe en la administración pública para, por un lado, ejecutar todos los recursos que llegan a los Gobiernos y, por el otro, mejorar la reasignación del presupuesto basado en las necesidades de los habitantes. En cuanto al primero, en diversas ocasiones hemos demostrado que el aparato estatal enfrenta un serio problema estructural de utilización de los recursos que ingresan a las arcas del Estado (ver semanarios 1101, 1141, 1146), el cual se explica por las bajas capacidades de los funcionarios en diversas materias. 

Sin embargo, de acuerdo con el estudio Gestión de las finanzas públicas en el Perú, elaborado por la OCDE, esto también se debe a las baja previsibilidad en la estimación del presupuesto, lo cual provoca que los montos de apertura varíen considerablemente respecto del presupuesto modificado a lo largo del año. Estas modificaciones impiden la toma de decisiones efectiva para una planificación estratégica. 

Por otro lado, mejorar la reasignación del presupuesto pasa por establecer estimaciones reales de la brecha fiscal[2]. Cabe recordar que, en nuestro país, buena parte del presupuesto lo ejecutan los Gobiernos regionales y locales, de acuerdo con lo establecido en las leyes de descentralización, por lo que los montos asignados a ellos deben ir en línea con las necesidades de la población. En el reporte Estado de las Finanzas Públicas Subnacionales que publicamos el año pasado, demostramos que existen departamentos con mayores necesidades insatisfechas que no están siendo adecuadamente atendidos en términos presupuestales. 

En esa línea, el estudio Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno de países de América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, propone la introducción progresiva de transferencias de igualación, así como la disminución de las transferencias discrecionales, que son menos transparentes y suelen utilizarse con fines políticos. 

La gestión de las finanzas públicas es un trabajo arduo que involucra todos los niveles de Gobierno; además, tiene por objetivo orientar los recursos a la mejora de la calidad de vida de la población. En ese sentido, evaluar cómo se distribuyen es esencial para apuntar al cierre de brechas a lo largo del país. El Perú tiene infinitas necesidades y estas deben atenderse de manera similar en cada uno de los departamentos.

[1] Para el cálculo se dividió el monto devengado total entre la población proyectada por año.

[2] Entendida como la diferencia entre las necesidades de gasto y la capacidad fiscal del Gobierno.