A pesar de que el entorno internacional ha sido favorable para nuestro país en los últimos meses, producto de mejoras en el dinamismo de nuestros principales socios comerciales, el nivel de precios de las materias primas y la entrada de capitales, se estima que, durante 2017, la economía peruana no crecerá lo que se pensaba hacia fines del año pasado. Esto, principalmente, por dos shocks adversos: el Niño costero y la paralización de obras de infraestructura producto de los escándalos de corrupción asociados a empresas brasileras. Ante este panorama, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su “Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas”, ha revisado su estrategia de política económica con el fin asegurar la recuperación del crecimiento en el menor tiempo posible. Este plan se basa en tres ejes claves: i) política fiscal expansiva, ii) impulso productivo a sectores claves y iii) promoción de las inversiones.

En primer lugar, en cuanto a la política fiscal expansiva, se vislumbra que el gasto público crecerá un 5.9% en 2017, principalmente a través de una mayor inversión pública (+15%) y el gasto en mantenimiento (+16%). Para ello, se hará uso de dos herramientas: inyección de recursos adicionales al presupuesto público 2017 y medidas administrativas para acelerar la ejecución presupuestaria. Los recursos adicionales son, en total, S/ 9,386 millones (un 1.3% del PBI), repartidos entre el Plan de Estímulo Fiscal (S/ 5,500 millones) y la continuidad de inversiones y acciones de mantenimiento (S/ 3,886 millones). Cabe destacar que estos recursos se ejecutarán a partir del segundo trimestre de este año, luego de que se atenúen los efectos de El Niño costero. Asimismo, esta inyección se financiará con recursos no ejecutados de 2016, medidas tributarias en el marco de la delegación de facultades, ingresos extraordinarios y recursos extraordinarios del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel).

Por su parte, en lo que respecta a las medidas administrativas, estas ya se han venido implementando. Así, entre otras cosas, cada municipalidad en zona de emergencia ha recibido recursos por S/ 100,000 (lo que hace un total S/ 123 millones) y se incrementó el uso del canon, sobrecanon y regalías (del 20% al 40% del total) para el mantenimiento de zonas declaradas en emergencia. 

En segundo lugar, respecto a la dinamización de los sectores claves intensivos en mano de obra (como el empleo juvenil y el sector agrario), se pretende impulsar el empleo formal, expandir la vivienda social, otorgar créditos a las Mype, dar medidas de alivio financiero y tributario, e impulsar a los productores agrarios. Muchas de estas medidas son complementarias al plan de impulso económico “150 Mil”, aunque más enfocadas en la atención de los efectos de El Niño costero. Entre las medidas propuestas destaca la que dispone que el Estado subvencione el pago de la contribución a EsSalud (9% del salario) para los jóvenes trabajadores de 18 a 29 años que obtengan un trabajo formal después de estar desempleados por seis meses o más. Así, el objetivo es crear 50,000 empleos en el corto plazo, con un costo anual de S/ 60 millones. Sin duda, es importante esta medida porque auxilia a un segmento del mercado vulnerable a altas tasas de desempleo e informalidad. Cabe decir que la PEA ocupada juvenil en condiciones de empleo informal alcanzó el 79.5% para 2015, y solo se redujo 2.3 puntos porcentuales desde 2011 (ver Semanario N°. 884).

Adicionalmente, también se disponen medidas de alivio tributario y financiero en zonas de emergencia. Por ejemplo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha buscado aliviar e incrementar los plazos de pago a favor de los deudores en zonas de emergencia, mediante la reprogramación de créditos. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) ha autorizado postergar entre 45 y 60 días la presentación de la declaración mensual y anual a personas y empresas con domicilio fiscal en zonas de emergencia, a la vez que ha facilitado trámites aduaneros de ayuda humanitaria.

Por último, en cuanto a la promoción de inversiones, se hace un especial énfasis en los sectores de infraestructura y minería. En cuanto a infraestructura, de acuerdo con el MEF, se espera que esta crezca un 25% en 2018 y converja a niveles del 2.4% del PBI hacia 2021, un máximo histórico. Las medidas pasan, principalmente, por licitar proyectos paralizados y adjudicar una cartera de proyectos de asociaciones público-privadas (APP) por US$ 7,046 millones, entre este año y el siguiente. A su vez, se busca reducir el grado de incertidumbre de los nuevos inversionistas (es decir, dar mayores garantías y predictibilidad), motivo por el cual, entre otras cosas, se publicó el Decreto de Urgencia N.° 003-2017, para evitar la paralización en la ejecución de obras públicas o APP que reviertan hacia el Estado como consecuencia de los aludidos problemas de corrupción, velar por los intereses del Estado y mantener la cadena de pagos de la economía. Para lograrlo, el Estado viene trabajando en el fortalecimiento del marco normativo de las obras por impuestos (Oxl) y APP, entre cuyas medidas resalta la eliminación del límite de 15,000 UIT para la ejecución de proyectos, así como la incorporación de nuevos sectores como electrificación rural y pesca.

Cabe resaltar que, con respecto a la inversión en minería, su recuperación estaría impulsada por la licitación y ejecución de una cartera de 11 proyectos, con un valor total de US$ 18,700 millones, lo que se iniciaría en 2018.

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