El Perú ha sido muy exitoso en lo económico, pero enfrentamos un gran desafío en cuanto a valores, legalidad y bienestar. Un reto que debemos abordar juntos, Gobierno y sector privado, para comunicar los beneficios del modelo económico e impulsar reformas urgentes que aborden este desafío.

Postergar esta tarea solo nos pondrá en la cuerda floja, cediendo terreno a aquellos que quieren implementar políticas probadamente fallidas que solo traerán miseria y pobreza. Los que promueven estas políticas están hoy cerca del pueblo, comunican en base al caos, la violencia y el desorden. No podemos dejarles espacios.

Entre la década de los 60 y 90, predominó la visión de un Estado intervencionista, con políticas de industrialización por sustitución de importaciones, reforma agraria, protección comercial, entre otras, que solo generaron periodos perturbadores para el desarrollo de la economía peruana. En la década de los 90, ocurrió un viraje hacia el liberalismo y reformas estructurales en favor del libre mercado que dieron el primer paso para escribir una nueva historia económica y social en nuestro país.

El resultado es contundente: crecimiento económico sostenido que al 2018 sumó 20 años ininterrumpidos, consolidación del Perú como una de las economías más sólidas de la región y reducción de la pobreza, del 49.1% en 2006 al 21.7% en 2017. Entre 1991 y 2018, el PBI se multiplicó más de 3.3 veces, las exportaciones totales pasaron de US$ 3,393 millones a US$ 47,704 millones, mientras que las no tradicionales crecieron de US$ 994 millones a US$ 13,223 millones. El número de Pyme exportadoras pasó de 998 en 1995 a 3,034 en 2017. Se produjo el boom del sector agroexportador, que creció 40 veces entre 1991 y 2018, y que hoy es motor de formalidad y reducción de la pobreza en las zonas rurales. En suma, un modelo de promoción de la inversión privada, del libre comercio y de la integración al mundo que viene impactando de manera positiva en la población, generando empleos y oportunidades para los peruanos.

Sin embargo, el Estado ha fallado al no proveer servicios de salud y educación de calidad, al no atender la terrible brecha de infraestructura o atacar la corrupción y la informalidad. Además, existe una falta de valores y moral en los hogares peruanos. Ataquemos las causas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el crecimiento de la burocracia que traba proyectos, genera corrupción y ahuyenta a buenos profesionales de la función pública. Solo el gasto por contratos de administración de servicios (CAS) ha pasado, en el periodo 2000-2018, de S/ 491 millones a S/ 8,857 millones, con un gasto total en la burocracia que se ha multiplicado 5.5 veces en el mismo periodo. Esta se ha convertido en una plaga que va de la mano con la sobrerregulación, lo que multiplica normas y cobros para justificar su permanencia. Fernando Cillóniz, ex gobernador regional de Ica, la denomina “costra del 5.° nivel”, y para eliminarla se requiere simplificación administrativa (uso de la tecnología), transparencia en la gestión pública, reducir el tamaño del Estado, impulsar la meritocracia y fortalecer la acción cívica.

Otra causa es la ilegalidad, porque no se puede llamar de otra manera a aquellos que viven al margen de la ley, no pagan impuestos ni cumplen las normas. No podemos permitir más invasores de tierras, taxistas informales ni vendedores ambulantes. Todos ellos compiten con el formal, con el que sí cumple la ley. Por último, estamos ante una crisis de valores. Honestidad, respeto y tolerancia deben ser impartidos en escuelas y hogares.

¡No podemos perder más tiempo! ¡Este es el gran desafío!