La competencia siempre suele ser el escenario ideal para desarrollar un mercado, gracias a los múltiples beneficios que implica, en especial para los consumidores. Pero, incluso en los países con la competencia más alta y fluida, existen mercados en los que son pocas las empresas participantes. Estos escenarios se conocen comúnmente como oligopolios. El Perú no es ninguna excepción, pues existen sectores con mercados concentrados. Por ejemplo, está el sector de telecomunicaciones, en el que tres empresas cubren alrededor del 80% del mercado, según Osiptel. Pero ¿acaso contar con estos oligopolios es malo per se? 

La teoría económica nunca define los oligopolios como “buenos” o “malos”. En términos sencillos, un oligopolio solo se describe como un mercado en el cual un grupo de empresas posee “posición de dominio”, la capacidad de influenciar el precio y la cantidad de un producto con cierta (pero no total) independencia del resto de competidores. Contar con dicha posición es consecuencia de muchos factores, algunos internos, propios de las características de dicho mercado, y otros externos, como las regulaciones que rigen su competencia. Son la suma de estos factores y el propio desarrollo de estos mercados los que acaban determinando los efectos finales que tienen sobre la sociedad. 

En ese sentido, hay múltiples factores detrás de un oligopolio que acaban generando beneficios para los consumidores. Por ejemplo, las empresas que se vuelven más eficientes en un mercado suelen ganar posición de dominio y, si bien ello les permite sacar de competencia a sus rivales, ganar eficiencia los lleva también a tener menores costos, lo que se traduce en menores precios de los productos que ofrecen a las personas. Un caso usual de este fenómeno son las fusiones. Una empresa que decide fusionarse o adquirir otra obtendrá inexorablemente una cuota de mercado más alta, pero los motivos estratégicos que impulsaron esa decisión (optimización de procesos, unión de tecnologías, etc.) traen consigo eficiencias que le permiten ofrecer precios más competitivos. A esto le debemos sumar otros efectos positivos de la fusión, como lograr una expansión nacional o regional (con lo cual, zonas que no contaban con sus productos pueden acceder a ellos), ingresar a nuevos sectores u ofrecer una mayor variedad de productos (y de mejor calidad) para el consumidor[1]. 

De esta manera, el artículo 61o de la Constitución no estipula la restricción de oligopolios, porque toma en cuenta que su sola existencia no los hace dañinos, y si generan beneficios, entonces, no tendría ningún sentido prohibirlos. Sin embargo, sí establece que el Estado debe combatir el abuso de la posición de dominio, que deriva en malas prácticas como la colusión entre empresas, la imposición de barreras a la entrada de nuevos competidores, etc. 

El organismo regulador que se encarga de detener estas prácticas es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el cual, en 2022, realizó 47 visitas de inspección a empresas, con la finalidad de verificar posibles incumplimientos. Se llevaron a cabo 10 procedimientos administrativos sancionadores: cuatro sobre prácticas colusorias, cuatro sobre abuso de posición dominante y dos por obstrucción a las funciones de la Dirección. 

Por su parte, no hay que olvidar que el Estado también posee el rol de promover la competencia, incluso en mercados oligopólicos. Si las eficiencias son las que benefician a la población, entonces es necesario generar incentivos que las produzcan, como mecanismos de estímulo para la innovación y desarrollo. 

Otro aspecto que puede promover eficiencias es el ámbito regulatorio. Un punto que aún queda por implementar, por ejemplo, es la evaluación del impacto de ciertas leyes o reglamentos, sobre todo de aquellas que acaban generando barreras burocráticas en perjuicio de nuevos competidores potenciales. Una alternativa adicional es la creación de una ventanilla única de información y trámites para crear una empresa, además de suavizar los procedimientos engorrosos para la obtención de licencias y permisos para la entrada a un mercado. Un caso de éxito de este tipo de iniciativas es la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la cual concentra toda la información para exportadores e importadores, además de que estandariza el uso de firmas y documentos electrónicos, lo que le ha permitido generar un ahorro de S/ 148 millones en 2021, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), al evitar el uso innecesario de ciertos recursos, desplazamientos y tiempos de gestión. 

No podemos cerrar este artículo sin antes hacer un llamado de atención a las autoridades, medios y ciudadanía en su conjunto, con respecto a este tema. La tarea del Gobierno debe estar en hacer más eficientes las industrias y no en buscar iniciativas que prohíban de golpe los oligopolios, las cuales son las que suelen abundar. Esperemos que, a futuro, haya un mejor entendimiento de este tema y las políticas o propuestas lo reflejen.

[1] Al respecto, cabe señalar que múltiples actores ponen bajo un foco negativo a las fusiones, alegando que ellas perjudican a los consumidores. Curiosamente, mediante la Ley N.º 31112, que tiene por objeto establecer un control previo de las operaciones de concentración empresarial, casi todas las iniciativas de fusiones han sido aprobadas, al no considerar algún efecto negativo final. Así, en 2022, 18 de 20 solicitudes fueron aprobadas, en sectores como construcción, retail, laboratorios, medios de pago, minería, alimentos, entre otros.