El gobierno digital, a menudo, se ve como un facilitador de la transformación digital dentro de la administración pública de los países, ya que permite innovar el diseño y la entrega de los servicios públicos para los ciudadanos a partir de la creación de valor público, la reorganización de los métodos y estrategias, el diseño de intervenciones centradas en las necesidades de usuario y la explotación de datos para la mejor toma de decisiones. Sin embargo, la digitalización ha traído consigo retos para la ciberseguridad y los aspectos regulatorios del uso de los datos, la propiedad intelectual y las amenazas cibernéticas en distintos niveles de las actividades económicas, en los que las decisiones del Estado juegan un rol importante.

Por un lado, es importante entender que la relación entre el servicio público y los ciudadanos ha cambiado enormemente a lo largo de los años, y que innovar el sistema de servicios públicos mediante la transformación digital significa lograr el cambio de estructuras dentro de las instituciones de un país, fortalecer los canales digitales para poder escuchar a los usuarios y conocer nuevas formas de cómo analizar la data enorme que se conecta en el Estado a través de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. De acuerdo con el Banco Mundial[1] (2020), el Gobierno digital representa un cambio fundamental en la forma en la que los Gobiernos de todo el mundo están adoptando su misión, lo cual permite mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, ahorrar costos y, sobre todo, mejorar los niveles de vida de la población.

Por otro lado, la ciberseguridad dejó de ser una práctica exclusiva del sector tecnológico y pasó a ser importante en distintas actividades económicas del país; por esa razón, el Estado debe asegurar las condiciones para el uso de las tecnologías de la información, enfocada en el correcto funcionamiento de los sistemas operativos y la protección de datos. De acuerdo con The Official Annual Cybercrime Report (2019), se estima que los daños por delitos cibernéticos alcanzarán los US$ 6,000 millones en 2021, lo que equivale al producto interno bruto (PIB) de la tercera economía más grande del mundo[2]. Además del costo financiero, el cibercrimen y los ciberataques socavan la confianza de los usuarios en la economía digital, según el Foro Económico Mundial[3].

Frente a esto, es importante buscar referentes y medidas estandarizadas para diagnosticar nuestro nivel de competitividad en términos de regulación y Gobierno digital. Así, indicadores como el Índice de Desarrollo de Gobierno Digital, elaborado por las Naciones Unidas; el Índice de Ciberseguridad Global, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas (ITU, por sus siglas en inglés); y el reciente Índice de Govtech, elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), serán los referentes utilizados para el análisis.

PUNTOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES 

De acuerdo con los tres índices internacionales que miden —a través de pilares, indicadores y variables— diversos aspectos de la capacidad sobre regulación y Gobierno digital en los procesos operativos y logísticos de los Gobiernos, el Perú se ubica por debajo del promedio de países a nivel mundial. Específicamente, los resultados relativos a los países en el mundo demuestran que un 50% supera al Perú en términos agregados, al analizar los tres índices internacionales en cuestión. Asimismo, a nivel de los países evaluados en América Latina, un 45% supera a nuestro país en estos rankings. Y, finalmente, al analizar el benchmark internacional frente a países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país se encuentra un puesto por debajo del 90% de los demás en el grupo.

En cuanto a los resultados, hay que resaltar que el Índice de Govtech solo analiza el desempeño de 16 economías de la región de Iberoamérica, donde España lidera el ranking de países con una puntuación de 6.6 sobre 10, seguido por Portugal (6.2), Chile (5.3), Brasil (5.2), México (5. 2), Uruguay (5.1), Colombia (5), Argentina (4.1), Costa Rica (4), Perú (4), Panamá (3.9), República Dominicana (3.7), Bolivia (3.6), Ecuador (3.6), Paraguay (3.4) y Venezuela (2.3).

Dos de los países que lideran los rankings en dos índices son Reino Unido (1.° en el Índice de Ciberseguridad Global y 7.° en el Índice de Desarrollo de Gobierno Digital), EE. UU. (9.°, 2.°), Estonia (3.°, 5.°) y Australia (5.°, 10.°), respectivamente.

Entre estos países, los reportes resaltan los procesos de transformación de los Gobiernos que han llevado a cabo estas economías. Además, se resalta el caso de Reino Unido y Australia, pues hay multiples procesos de cambio y rediseño, no solo de los procesos organizacionales involucrados, sino también de los aspectos regulatorios e institucionales, como cambios en la ley y en la discreción y la práctica laboral de los funcionarios públicos. Alrededor del 90% de los servicios públicos se encuentran digitalizados en Reino Unido y existe una gran interoperabilidad entre las instituciones gubernamentales.

Por otro lado, los esfuerzos regulatorios tienen muchas facetas. Los ejemplos van desde el Gobierno australiano, que quiere regular la economía colaborativa, hasta la Unión Europea, que se está preparando para la regulación de las empresas de Silicon Valley. Asimismo, Estonia es considerado en Europa un baluarte de la ciberseguridad, aunque sufrió un ciberataque en 2007 que paralizó el Parlamento y numerosos ministerios, así como los medios de comunicación y las empresas financieras. Esto socavó la confianza en las instituciones, pero fue el impulso para que se convierta en un país líder a nivel de la ciberdefensa.

¿CUÁL ES NUESTRO PLAN DE ACCIÓN?

Para lograr la transformación digital en el Perú, las instituciones del sector público deben acceder a un mercado tecnológico sólido e innovador, pues, en definitiva, las capacidades de adquisiciones del Perú están muy por debajo de lo necesario para que eso suceda. Si bien en nuestro país no existe una política de seguridad cibernética, en el Plan Nacional de Ciberseguridad se destaca la necesidad de una estrategia nacional y un Comité Nacional de Ciberseguridad (ver semanarios 1021 y 1037). Por esa razón, es importante que, entre los planes de transformación digital en el Perú, la ciberseguridad sea un pilar junto con el Gobierno digital, para así mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, ahorrar costos y, sobre todo, mejorar los niveles de vida de la población.

[1] https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/digital-government-for-development

[2] Cybersecurity Ventures. 2019. The 2019 Official Annual Cybercrime Report.

https://www.herjavecgroup.com/resources/2019-official-annual-cybercrime-report/

[3] FEM (Foro Económico Mundial). 2018. Our Shared Digital Future Building an Inclusive, Trustworthy and Sustainable Digital Society. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Our_Shared_Digital_Future_Report_2018.pdf