Actualmente, el Perú ha logrado posicionarse como uno de los países en mejores condiciones de competir en el mercado internacional, principalmente en sectores como la minería y la agroindustria. En particular, el sector agropecuario cumple un rol importante en la producción nacional y es un catalizador y multiplicador de beneficios, al ser la principal fuente de empleo, especialmente en el sector rural. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2018, la población económicamente activa (PEA) ocupada en este sector sumó 4.4 millones, un 26.1% de la PEA ocupada total; por lo que el sector agropecuario resulta clave para el desarrollo integral del país.

Así, el foco del debate público debe centrarse en la continuidad y mejora de iniciativas de política que aumenten el dinamismo y la formalización del sector, como lo es el Régimen de Promoción Agraria (Ley 27360); así como en las verdaderas causas que generan deficiencias productivas, logísticas y estructurales que restan competitividad al sector.

Los resultados del sector agrícola, especialmente el no tradicional, están favorecidos por sinergias entre políticas públicas de fomento y la intervención del sector privado. Así, se ve complementado por el Régimen de Exportaciones No Tradicionales (Decreto Ley 22342), el cual pasa por una misma situación. Ambos han dado paso a un incremento sustancial de la inversión agrícola, la promoción del empleo formal y productivo, y la reducción de la pobreza en el Perú.

Desde la entrada en vigor de este régimen, las exportaciones agropecuarias pasaron de US$ 1,122 millones en 2004 a US$ 6,662 millones en 2018, con un crecimiento promedio anual del 15%, según cifras de la Sunat. Además, este aumento en la oferta vino de la mano con una generación de más de 800,000 empleos formales. De 2004 a 2017, el cambio porcentual en la tasa de formalidad en el empleo agropecuario fue de 9 puntos porcentuales (pp), dos más que el promedio nacional. Entre otros factores, estos resultados contribuyeron a que la tasa de pobreza en la actividad agrícola pase de un 80.1% en 2004 a un 35.6% en 2018, lo que supera la tasa de reducción de pobreza nacional, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018.

REFUERZOS PENDIENTES PARA EL SECTOR

A pesar de los buenos resultados, la inversión en el sector continúa siendo insuficiente. Por el lado privado, los datos de la Agencia de Promoción para la Inversión Privada (ProInversión) muestran que el saldo de inversión extranjera directa en agricultura, en 2018, representa solo un 0.3% del total, muy por debajo de sectores como minería (22%), comunicaciones (20.5%) o finanzas (18.1%). Por el lado público, la escasa inversión pública en investigación y desarrollo (I+D) en el sector agrario ha generado una brecha en productividad que repercute en los bajos niveles de rendimiento agrícola y ahorro de recursos. En 2014, el Perú invirtió S/ 53.6 millones en I+D, lo cual equivale a solo un 0.17% del PBI sectorial. Según información del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, este porcentaje es considerablemente inferior al que gastan otros países de la región como Colombia (0.8%), México (1%), Chile (1.6%) y Brasil (1.8%).

Según el Banco Mundial, si bien el crecimiento promedio de la productividad de la agricultura peruana, medida con la productividad total de factores (PTF), fue del 2.1% entre 2007 y 2015, en la costa, la PTF creció un 7.2%, mientras que en la sierra lo hizo solo un 0.2% y en la selva retrocedió un 0.2%. Entre los factores que explican este rezago se encuentran: (i) la heterogeneidad en el tamaño e implementación de las unidades agropecuarias, (ii) el poco acceso a productos y servicios de innovación agraria como semillas certificadas, (iii) la brecha de personal calificado en investigación, transferencia y extensión agraria, y (iv) la inestabilidad institucional que enfrenta el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Las consecuencias de esto se observan en las diferencias en la actividad agrícola departamental. Según el INEI, en 2017, Lima, La Libertad, Ica y Arequipa contaron con participaciones agrícolas del 16.3%, 11.1%, 6.1% y 6.4% sobre el total de su PBI, respectivamente. De ellos, La Libertad e Ica muestran la mayor participación del sector en su PBI departamental, con más del 14%. Sin embargo, la tasa de empleo informal promedio es del 67.3%. Por ello, se puede inferir que, a pesar de la importancia del ingreso agrícola para las familias de estas zonas, muchas de ellas aún laboran en condiciones poco favorables y subsisten a pesar de las deficiencias en infraestructura y productividad.

Desde ComexPerú, consideramos que el Régimen de Promoción Agraria ha sido un factor fundamental que ha contribuido a que la agroindustria crezca a la par de los beneficios para sus trabajadores. Además, ha generado condiciones domésticas favorables para que el sector prospere en un contexto de alta competencia internacional. Sin embargo, las diferencias de opiniones de sectores opositores parecen generadas por desinformación y por falta de evidencia científica rigurosa que determine el impacto causal de esta política. Es tarea de la academia, el Gobierno y el sector privado generar espacios de discusión que aporten evidencia de lo mencionado y generen un análisis de costo-beneficio de política pública que tanto hace falta en las decisiones gubernamentales. Así, a quienes consideran que los “buenos resultados se dieron por inercia”, no les quedaría más que aceptar lo positiva que ha sido esta herramienta para el desarrollo del sector.