En los últimos meses, se han presentado una serie de iniciativas legislativas para, en principio, mejorar la calidad en la provisión del servicio de salud. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en el diseño de políticas públicas, se mira un árbol en lugar del bosque; las medidas se pierden en los detalles y no se atacan los problemas fundamentales. En el caso de la salud, erróneamente, se cree que una política de competencia es aquella que restringe a la empresa y controla sus precios, pues es mucho más popular contraponer los intereses del sector privado y los de la población, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es una política de competencia enfocada en los derechos del paciente.

Por ello, desde ComexSalud, consideramos que es indispensable entender la magnitud del problema de la salud en el país, de modo que podamos explorar los caminos que la regulación y el Estado pueden seguir para optimizar el uso de los recursos públicos y reducir la asimetría de información que afecta actualmente al consumidor. En esta primera parte exploraremos el problema en la provisión de salud, para luego analizar medidas más concretas.

UN POCO DE CONTEXTO

En primer lugar, tenemos que comprender que la salud es un derecho humano fundamental, por lo que resulta indispensable y relevante garantizar una provisión de calidad. Sin embargo, tal parece que muchas veces perdemos el foco acerca de dónde se encuentra el problema. Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018, un 74.7% de la población accede a un seguro público (47.3% al SIS, 26.2% a EsSalud y 1.4% al seguro de las Fuerzas Armadas o Policiales), mientras que un 23.6% aún no cuenta con algún tipo de seguro y tan solo un 3.6% de la población cuenta con seguro privado (2% con seguro particular, 1.1% con EPS, 0.5% con seguro universitario y 0.2% con otros)[1].

Pero, a pesar de que la mayor parte de peruanos cuenta con un seguro público, del 58.2% de la población que se enfermó[2] en 2018, un 44.5% no buscó atención y tan solo un 23.8% acudió a un establecimiento público; mientras que un 22.8% fue a una botica o farmacia y un 8.2%, a una clínica o consultorio particular. En este sentido, no es un secreto que la atención en los establecimientos públicos aún enfrenta muchos retos, por lo que quienes cuentan con recursos migran hacia una atención privada. Por ello, si se quiere masificar el impacto de las políticas de salud, las medidas deberían apuntar a cómo logramos que la atención pública sea oportuna y de calidad.

En segundo lugar, es relevante resaltar que, si bien el Estado realiza el aseguramiento, casi uno de cada dos pacientes que recibe receta médica (79.5% del total) debe comprar las medicinas en farmacias privadas, por falta de disponibilidad en los establecimientos públicos. Es decir, uno de los problemas fundamentales es el desabastecimiento en el sector público y se encuentra en la cancha del Gobierno. No obstante, es común escuchar en los medios de comunicación que los precios de los medicamentos son desproporcionados, cuando hay estudios como el de Ipsos que demuestran que nuestro país tiene, en promedio, precios más baratos (entre 60% y 92% menores) que muchos países de la región, incluso que aquellos con controles de precios como Colombia y Ecuador. Peor aún, se argumenta que la población más pobre es quien enfrenta los precios más altos, pero ¿acaso no es el Gobierno el que debería proveer una atención oportuna y de calidad a las personas más necesitadas? Entonces, nos preguntamos: ¿el control de precios o la exigencia de un inventario de genéricos a boticas y farmacias privadas solucionará el problema? Claramente, no. 

LOS AVANCES DEL SECTOR PÚBLICO

Los resultados del último reporte de la Contraloría General de la República, Por una salud de calidad 2019, publicado en agosto, no hacen más que demostrar que el ritmo de avance aún es bastante lento, pues el 65.6% de las observaciones realizadas en la visita de control 2018 persisten. En particular, casi en la mitad (45%) de los establecimientos de salud no se implementaron indicadores de gestión para mejorar los procesos, eficiencia y calidad de los servicios ofertados. Además, cabe precisar que existen deficiencias en la estructuración del gasto, pues se destinó solo un 1% del total al mantenimiento, lo cual da cuenta del limitado esfuerzo por garantizar instalaciones de calidad.

En cuanto a la problemática del desabastecimiento, el reporte evidencia que se deben reforzar los mecanismos de compras corporativas y los sistemas de monitoreo del stock de medicamentos. En 2018, un 23.4% de los establecimientos de salud visitados no empleó compras corporativas para la adquisición de los medicamentos. Y, de los establecimientos del Ministerio de Salud que las usaron, un 22.4% de los medicamentos adquiridos por esta modalidad se encontraba desabastecido, situación que, sumada al 21.4% del sobrestock reportado, supone diversos retos para los sistemas de gestión de salud. A esto se suma que 19 establecimientos públicos reportaron la falta de un sistema de control del stock de sus medicamentos. Por otra parte, también se evidencia que existe una mala focalización en la atención, pues el 53.7% de las intervenciones quirúrgicas realizadas en los establecimientos de mayor complejidad (nivel III) fueron de “baja” y “mediana” complejidad.

Un servicio de salud de calidad pasa por mejorar la provisión pública. La salud no espera y cada vez que no atendemos los problemas fundamentales más pacientes sufren las consecuencias.

[1] Existen casos de duplicidad en la afiliación a seguros privados y públicos, por lo cual las cifras presentadas en el primer gráfico suman más de 100%.

[2] En la Enaho se pregunta acerca de los lugares de consulta de los pacientes ante alguna enfermedad, síntoma, malestar o accidente en las últimas cuatro semanas.