Recientemente, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció que el Puente Santa Rosa será desarrollado mediante el mecanismo de obras por impuestos (OxI). El proyecto, uno de los principales de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, e incluido en el antiguo Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, consiste en una inversión de S/ 475 millones que mejorará enormemente la transitabilidad hacia y alrededor del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ya que ordenará el tráfico vehicular mediante la creación de un punto de ingreso central y directo hacia el aeropuerto. 

Originalmente diseñado para ser ejecutado a través de la inversión pública tradicional, su incorporación a las OxI es un gran hito para este mecanismo, ya que se trata del proyecto más grande en términos de inversión que alguna vez se haya abordado. De hecho, según las cifras de ProInversión, este proyecto por sí solo supera la inversión de los proyectos adjudicados y con convenio suscrito en 2022, y representa el 75.3% de la inversión total en OxI antes de la pandemia.

De esta manera, el Puente Santa Rosa daría un nuevo empuje a un mecanismo que ya en 2022 experimentó un cambio importante a nivel normativo, el cual permite financiar inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y de reposición, además de permitir que todos los Gobiernos regionales y locales puedan utilizarlo con recursos más allá del canon y sobrecanon (ver Semanario 1113). 

Si bien los efectos de estos ajustes no son inmediatos, lo cierto es que, en 2022, la cantidad de proyectos OxI creció hasta un total de 72, la más elevada luego de 2014, cuando hubo 76 proyectos. A nivel departamental, sobresalió el caso de Lambayeque, que consiguió por primera vez un proyecto OxI, relacionado con la mejora del servicio de agua potable y saneamiento en el centro poblado Palo Blanco, del distrito de Motupe. A su vez, Puno contó con un proyecto adjudicado luego de cinco años, correspondiente a seguridad ciudadana, por medio de la Municipalidad Distrital de San Miguel. Entre otros departamentos resaltantes, Cajamarca y Loreto fueron los que tuvieron la mayor cantidad de proyectos, 10 y 12, respectivamente, número que también fue el más alto jamás registrado por estos. 

A nivel de sectores, saneamiento fue el que tuvo el mayor número de proyectos OxI en 2022, con 19 y un valor de inversión de S/ 104.3 millones. El sector seguridad, con 10 proyectos, fue el segundo con el mayor monto de inversión, S/ 90.9 millones; seguido por transporte, con S/ 59.5 millones, y educación, con S/ 47.6 millones.

EL FUTURO DE LAS INVERSIONES PASA POR BUSCAR EFICIENCIAS

Es importante señalar que la inclusión de un proyecto de tal envergadura dentro de las OxI genera expectativas incluso fuera del contexto de este mecanismo. En concreto, es una señal positiva de que el Estado busca sacar adelante obras de gran impacto, priorizando una ejecución eficiente; esto va en línea, por ejemplo, con el creciente uso de la modalidad de inversión de Gobierno a Gobierno (G2G) en proyectos priorizados de infraestructura (Aeropuerto Internacional de Chinchero, la nueva Carretera Central, Hospital Nacional Sergio E. Bernales, etc.). 

La esperanza que generan estos cambios es que el criterio de maximizar eficiencias se asiente en la manera en la que las obras de infraestructura se desarrollan en el país. Un criterio que debe prevalecer no solo en todos los niveles de Gobierno, sino también en la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, que se planea crear para justamente impulsar las grandes obras emblemáticas del país, como ha señalado el titular del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las ganancias en eficiencias pueden venir de diferentes fuentes. Una de ellas corresponde al caso que hemos descrito: utilizar las alternativas a la inversión pública tradicional (APP, OxI, G2G). Esto se debe a que ofrecen el conocimiento y expertise tanto del sector privado como de otras instituciones para lograr una ejecución más rápida y de calidad, al distribuir los riesgos entre actores y simplificar parte de la burocracia usual del sector público. 

Otras pueden provenir de cambios en las normas y regulaciones. Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, diversas reglas impiden o desincentivan la expansión de infraestructura necesaria para incrementar el acceso a internet (ver Informe de Cierre de la Brecha de Infraestructura 2020 y 2021). Frente a ello, se necesita un marco mucho más amigable y que proponga alternativas para cubrir las zonas más alejadas del país. Propuestas de este tipo se han visto desde el Poder Legislativo, como permitir que las empresas operadoras puedan intercambiar directamente hasta un 30% del pago del canon, por la utilización del espectro radioeléctrico, a cambio de obras de infraestructura en las zonas rurales. 

Otra medida importante puede ser reformular la gestión de proyectos en los Gobiernos subnacionales. Ya hemos señalado que una gran cantidad de proyectos de servicios básicos a cargo de los Gobiernos locales acaba el año con un porcentaje de ejecución cercano al 0%, debido a su incapacidad de asegurar un rendimiento mínimo para todo su universo de proyectos (ver Semanario 1151). De igual forma, varios han demostrado no estar capacitados para manejar obras de prevención frente a desastres, lo cual ha sido altamente perjudicial para los ciudadanos en el actual contexto de lluvias e inundaciones (ver Semanario 1156).  

Así, esperemos estar frente al inicio de una nueva tendencia, en el que la eficiencia sea un pilar para la creación y mejora de infraestructura en el Perú.