A pesar de los momentos difíciles que atravesamos, en las últimas semanas venimos enfrentando una serie de propuestas del Congreso que, de aprobarse, generarán daños permanentes al país, sobre todo a la población más vulnerable. Tal es el caso del Proyecto de Ley 5467, Ley que reforma el régimen económico constitucional que refuerza la actividad planificadora y promotora del Estado, eliminando los contratos ley. Este proyecto busca modificar los artículos 58, 60, 61 y 62 de la Constitución para establecer roles planificadores y promotores del Estado, así como consagrar su función reguladora.

El proyecto, con la modificación del artículo 60, reservaría el derecho al Estado de participar como accionista con el fin de proteger sus intereses cuando otorgue una concesión para brindar servicios públicos o la explotación de algún recurso natural. Es decir, nuevamente, un Estado empresario, el cual no ha funcionado a lo largo de la historia económica de nuestro país ni existe evidencia que lo hará. La idea de que las ganancias de una empresa vayan al Estado y no a un privado puede sonar popular, pero justamente no hay incentivos para ello y, por el contrario, la injerencia política, la corrupción y la poca rendición de cuentas son patrones comunes en estos casos. La teoría económica, así como la experiencia peruana, muestran que la actividad empresarial del Estado ha generado enormes pérdidas para el fisco, así como ineficiencias en la provisión de los servicios ofrecidos en los mercados intervenidos.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 1969, a inicios del gobierno de Velasco, las pérdidas acumuladas de las empresas públicas ascendían a US$ 46 millones, las que en tan solo una década se multiplicaron por 54 al sumar unos US$ 2,481 millones, equivalentes a un 10% del PBI. Esto, evidentemente, contribuyó a incrementar la deuda pública, que pasó del 15% del PBI al 48% entre 1968 y 1978. Como consecuencia, obtuvimos un país que creaba dinero para subsanar sus deudas y un sector privado obstaculizado, lo que se reflejó en un menor dinamismo de la inversión. En esa misma línea, la segunda mitad de la década de los 80 nos mostró rápidamente que el intervencionismo estatal en la producción nacional condujo al país a una situación económica insostenible. El déficit fiscal pasó del 3.7% del PBI en 1985 al 11.5% en su punto más alto, en 1988, momento en el cual las pérdidas del Estado eran inclusive mayores a la cantidad de dinero en la economía, según el Fondo Monetario Internacional (ver Semanario 1009).

De manera más reciente, la modernización de la refinería de Talara, aprobada por el Congreso, nos ha demostrado que las intenciones “serias, planificadas y consensuadas”, que a veces creen tener, fallan. Esta iniciativa estatal nunca debió haberse hecho realidad y año tras año el costo de su modernización ha ido aumentando. Para 2020, se requiere un financiamiento adicional de US$ 1,500 millones, el cual fue solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, que de darse lo terminaremos asumiendo nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes, en un contexto de pérdidas anuales continuas. Dado que existe una ley aprobada, la empresa está obligada a continuar. Con el pretexto de proteger los intereses del Estado y planificar el desarrollo, iniciativas como esta podrían prosperar y comprometer recursos que deberían destinarse a salud o educación, por ejemplo.

¿Y POR QUÉ ESTO NOS DEBERÍA IMPORTAR?

Los cambios económicos introducidos en la Constitución de 1993 han permitido una estabilidad macroeconómica que, según las métricas del Foro Económico Mundial, nos ha posicionado con el puntaje más alto en el pilar Estabilidad Macroeconómica. En este sentido, el mencionado proyecto atenta contra dicha estabilidad y desconoce que gracias a ella ahora contamos con espaldas fiscales para mitigar la crisis.

A pesar de los traspiés en las últimas décadas, al Congreso aún le cuesta comprender que un cambio constitucional de este calibre pone en riesgo todo lo ganado. Con el Estado empresario nuestra capacidad productiva e inversión se debilitaron, lo que generó una reducción acumulada del PBI real (-27%) y del PBI per cápita (-33%), entre 1988 y 1990, de la cual nos costó 9 y 18 años recuperarnos, respectivamente. Además, en el ámbito social, se produjeron grandes avances. Mientras que en 1991 la tasa de pobreza en nuestro país ascendía al 59%, esta alcanzó un 20.2% en 2019 y, según diversos estudios, más del 60% de esta reducción se debe al crecimiento económico. Asimismo, nuestra recaudación fiscal aumentó casi 37 veces en el mismo período, lo cual generó mayores recursos para brindar servicios públicos.

¿Esto significa que todo está bien? Claramente no, pero los avances que hemos tenido fueron posibles gracias al fomento de la inversión privada, la libre competencia y la apertura comercial. Sin duda, tenemos un largo camino para generar igualdad de oportunidades para nuestra población, pero ahora, más que en toda nuestra historia, debemos ser conscientes de que necesitamos recursos para enfrentarlos, los cuales son generados por el sector privado. Necesitamos un Estado fuerte y eficiente en la provisión adecuada de los servicios públicos y que, a su vez, genere las condiciones para que el sector privado haga empresa, invierta, produzca, genere empleo formal y pague impuestos.

Un Estado empresario es una historia que no debemos repetir. Buenas intenciones sobran, pero si no aprendemos la lección difícilmente avanzaremos.