De acuerdo con la publicación “El fin del trámite eterno”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú es el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe (LAC) con la mayor cantidad de trámites gestionados por el Gobierno central. Así, en promedio, un peruano demora 8.6 horas en completar un trámite cualquiera, y si dicho trámite corresponde a los sectores salud o educación se invierten 11.8 horas. Es más, el nuestro es uno de los países más ineficientes en la gestión de servicios públicos transaccionales. En 2017, solo un 29% de los trámites gestionados por el Gobierno central se resolvió en una sola interacción entre el público y los organismos responsables, mientras que un 41% se resolvió en tres o más. El descontento generado por la pérdida de tiempo y la gran cantidad de interacciones entre ciudadanos y funcionarios públicos genera, entre otras cosas, corrupción, desigualdad y pérdida de confianza en las instituciones públicas.

Frente a este escenario, el trámite digital surge como alternativa para solucionar el problema de los trámites eternos. En tiempos en los que la tecnología tiene un papel protagónico en la vida de las personas, aparece como una herramienta con gran potencial, ya que es un servicio rápido y menos costoso, tanto para el ciudadano como para el Estado. En lo que respecta a la ciudadanía, además de ahorrar tiempo, lo hace en transporte y otros gastos relacionados con la ineficiencia burocrática (copias de documentos, formularios, entre otros); mientras que el Estado, luego de una inversión inicial en infraestructura y sistemas, reduce su gasto corriente, pues los trámites digitales son automáticos, lo que significa un menor gasto en salarios, alquiler y pago de servicios, según el BID. Finalmente, existe un beneficio adicional: ayuda a solucionar el eterno problema de la corrupción, puesto que el uso de canales digitales reduce el contacto entre funcionarios públicos y ciudadanos y minimiza las oportunidades para que esta se produzca.

AVANCES EN EL PERÚ

En vista de los beneficios que otorgan los trámites digitales, en 2015, mediante el Decreto Legislativo 1203, se dio un primer paso en la transición hacia un Estado digital y orientado al ciudadano. Dicho decreto estableció la creación del Sistema Único de Trámites (SUT) como una herramienta destinada a simplificar y estandarizar la elaboración de los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA), para así optimizar los servicios prestados por las entidades de la administración pública. En línea con esto, en mayo de 2018, se establecieron las condiciones mínimas requeridas para que las entidades del Poder Ejecutivo, Gobiernos regionales y organismos constitucionalmente autónomos implementen el SUT, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Sobre esta base, han surgido esfuerzos paralelos para reducir los costos de la burocracia y facilitar los procesos administrativos. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1310, que promueve un análisis de calidad regulatoria para identificar, reducir y eliminar procesos innecesarios, injustificados o redundantes; o el Decreto Legislativo 1246, que establece medidas que favorecen la simplificación administrativa, el uso de herramientas digitales y la comunicación entre entidades públicas. A través de estos decretos, se exige el uso de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y se prohíbe solicitarle al ciudadano información que pueda ser obtenida desde otras instituciones. Así, se promueve un Estado interconectado, capaz de gestionar de manera eficiente servicios transaccionales y que tiene como prioridad las necesidades de la ciudadanía.

También merece ser destacado el esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a través del programa Indecopi Digital, que promueve el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los costos e incentiven la actividad económica. El programa, que consta de tres etapas, comenzó sus operaciones en 2016 y ha calculado un ahorro de S/ 8.1 millones hasta mayo de 2018.

La primera etapa (2016-2018) sirvió para identificar las necesidades operativas e introdujo los primeros productos para la simplificación administrativa. Se conectó al Indecopi con la PIDE para no solicitarle a los ciudadanos documentos en poder de entidades públicas y se activó la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, a fin de que los ciudadanos puedan registrar marcas y patentes en línea. Durante la segunda etapa (2018-2019), el Indecopi ejecutará sistemas, programas e infraestructura necesaria para culminar el proyecto, y también tiene previsto continuar con el lanzamiento de productos tecnológicos como el Sistema de Alertas de Consumo, que permitirá a los proveedores cargar en línea cualquier alerta de productos peligrosos para la salud de los consumidores. Finalmente, durante la tercera etapa (2020-2021), el Indecopi trabajará para que todos los servicios comprendidos en el TUPA puedan iniciarse y concluirse de manera virtual.

Sin duda, medidas como las planteadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Indecopi merecen ser continuadas y expandidas. Si bien no es nada sencilla una reforma transversal que involucre a gran parte de las instituciones públicas, los beneficios superan ampliamente a los costos, especialmente si se busca un Estado orientado a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.