Las municipalidades juegan un rol fundamental en el desarrollo económico y social de sus respectivas jurisdicciones, ya que, al ser las entidades del Estado más cercanas a los ciudadanos, están en una posición óptima para resolver sus necesidades más urgentes e impulsar la actividad local. Sin embargo, para ello es necesario contar con un plan de acción definido, que ponga orden, con estrategias y objetivos claros.

En ese sentido, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, detalla diversos instrumentos de gestión que le permiten a un municipio planificar el desarrollo de su distrito. En esta oportunidad, analizaremos cómo se encuentra la planificación municipal en el país por medio de estos instrumentos. Para ello, nos centraremos en tres factores que, consideramos, se relacionan más con promover el crecimiento local.

En primer lugar, tenemos el Plan de Desarrollo Concertado, que se enfoca en la visión de desarrollo de mediano y largo plazo de un distrito, en concordancia con planes nacionales y sectoriales. Luego, tenemos el Plan de Desarrollo Económico Local, que plasma objetivos específicos de mediano y corto plazo, así como programas, proyectos y actividades por ejecutar. Finalmente, hemos incluido el Plan de Desarrollo de Capacidades, que se enfoca en el mejoramiento sistemático del desempeño de los funcionarios públicos, lo que, por supuesto, influye en la manera como una municipalidad ejecuta sus recursos.

Los datos que hemos utilizado provienen del Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)[1]. De un total de 1,874 municipalidades, la información a 2021 muestra que 1,033 de estas cuentan con un Plan de Desarrollo Concertado, mientras que solamente 133 poseen un Plan de Desarrollo Económico y 139, un Plan de Desarrollo de Capacidades. La alta participación del primer plan en comparación con el resto es notoria, y se relaciona con la elevada importancia que se le ha dado desde el Estado, en especial por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Si bien ello no es un indicativo de que las municipalidades hayan desplazado sus esfuerzos a la realización de los otros planes, los datos sí sugieren que estas no parecen ir más allá, ya que solamente 196 poseen un plan adicional al Plan de Desarrollo Concertado. 

Sin embargo, cuando analizamos los resultados en el tiempo, se observa que el uso de estos instrumentos se ha reducido. En 2017, casi todas las municipalidades contaban con un Plan de Desarrollo Concertado y 870 (un 46%) tenían un plan adicional a este. La caída experimentada desde entonces es muy preocupante, ya que refleja que las municipalidades se han vuelto menos preparadas y organizadas para lograr el desarrollo de sus distritos.

Por otro lado, los datos a nivel departamental muestran que la reducción en el uso de los planes como instrumentos de gestión ha sido generalizada. Si en 2015, como mínimo, el 79% de los distritos de un departamento contaban con un Plan de Desarrollo Concertado, en 2021, hasta en 10 departamentos ese porcentaje era menor al 50%. Esto es aún más grave en lo que respecta al resto de planes, pues los datos muestran que es usual que los porcentajes sean menores a un 10% de los distritos. Incluso hay casos extremos, como Moquegua, en el que ningún distrito tenía un Plan de Desarrollo Económico Local en 2021; mientras que en Madre de Dios, Tacna, Tumbes y Ucayali ninguno contaba con el Plan de Desarrollo de Capacidades.

Con estos resultados, parece claro que muchísimas municipalidades, en distintas partes del país, están “desaprobando” en su responsabilidad de planear instrumentos de gestión para mejorar sus comunidades. Empero, es importante señalar que contar con estos planes por sí mismo no asegura una correcta gestión. Después de todo, muchas veces lo puesto en papel no se plasma en la realidad, por lo que revertir la tendencia mostrada en cuanto a la disponibilidad de estos instrumentos es necesario, mas no suficiente, para mejorar las capacidades de los municipios. Esta tarea debe ser acompañada por otras aristas, como desarrollar habilidades de gestión pública, manejo de proyectos de inversión, conocimientos burocráticos, entre otras áreas en las que el capital humano es el factor crucial. Según el Renamu, el 98% de las municipalidades ha declarado requerir asistencia técnica, exactamente el mismo porcentaje que en 2015, por lo que es claro que en dicho apartado queda mucho que hacer.

Un correcto planeamiento, sin dudas, puede contribuir a que los Gobiernos locales y provinciales lleven a cabo un mejor uso de sus recursos. Ello, en conjunto con funcionarios públicos capacitados, es clave para que la calidad de vida de los ciudadanos mejore en el corto, mediano y largo plazo.

[1] Cabe señalar que la información recogida por el Renamu corresponde a lo declarado por las municipalidades, por lo que el análisis se basa solamente en los datos que estas proveen.