Cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elabora el presupuesto anual que guiará el gasto y la inversión pública a nivel nacional. Dentro de este presupuesto figuran montos designados para desarrollar y hacer frente a las problemáticas de los distintos sectores y, de esa manera, contribuir al crecimiento y bienestar de los peruanos. Sin embargo, muchas veces el fenómeno de la corrupción impide el logro de los objetivos planteados, ya que gran parte del presupuesto no es utilizado para los fines que se determinaron inicialmente y se emplea en favor de unos pocos en perjuicio del bienestar de todos.

La corrupción no solo afecta al Perú, pues es un problema que está presente en muchos países y en todos los niveles del poder. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a ella (soborno principalmente) cada año se pierden a nivel mundial entre US$ 1.5 y US$ 2billones, lo que equivale a aproximadamente un 2% del PBI mundial. A partir del estudio realizado por el FMI, la Contraloría General de la República (CGR) estimó los costos de la corrupción para el Perú y concluyó que, en 2015, ascendieron a S/ 12,600 millones aproximadamente, lo que equivale al 2.1% de nuestro PBI. Es importante mencionar que dicha cifra refleja las pérdidas directas, pues las indirectas, generadas por la ineficiencia y pérdida de confianza en las instituciones públicas, son incalculables. Asimismo, la ONG Transparencia Internacional publicó, en 2015, el índice mundial de percepción de la corrupción, en el cual se miden, para 168 naciones, los niveles de este problema en el sector público. Según el ranking elaborado en dicho informe, el Perú ocupa la posición 88 y está clasificado como un país con niveles altos de corrupción.

La cifra estimada por la CGR es preocupante, más aún si se considera, por ejemplo, que representa más de la mitad del presupuesto asignado al sector educación (3.5% del PBI) y 14 veces lo invertido en innovación (0.15% del PBI). A partir de ello, es más sencillo notar el gran daño que la corrupción le genera a la economía y a la sociedad peruana, pues con lo que se pierde por este delito se podría financiar una parte importante del gasto de muchos sectores que benefician directamente a la población y contribuyen al crecimiento económico.

De acuerdo con cálculos del MEF, con S/ 3,321 millones se reduciría la brecha en infraestructura educativa, a través del mantenimiento y la implementación de mobiliario para 3,200 escuelas, mientras que con S/ 1,405 millones se mejoraría la calidad de aprendizaje en ellas. Por otro lado, son necesarios S/ 1,830 millones para reducir la brecha en infraestructura en salud y S/ 1,500 millones para asegurar la protección en salud y mejorar la calidad de sus servicios. Asimismo, con S/ 3,593 millones es posible incrementar la cobertura de servicios de saneamiento a la población que vive tanto en zonas urbanas como en rurales. Igualmente, en el caso del servicio eléctrico, con S/ 424 millones se podrían atender obras de electrificación que beneficiarían a 221,000 hogares y 806,000 habitantes. En lo que respecta a la producción, implementar el programa de fortalecimiento de la pesca artesanal, que beneficiaría a 4,800 pescadores artesanales, cuesta S/ 103 millones; y poner en marcha el programa de desarrollo productivo de las empresas, que incluye la creación de 23 centros de innovación tecnológica, cuesta alrededor de S/ 223 millones.

Las cifras y los sectores mencionados anteriormente son ejemplos de lo que se podría hacer con lo que cuesta la corrupción enquistada en la administración pública. Si se suman los montos mencionados líneas arriba, se obtiene cerca de S/ 12,400 millones, cantidad inferior a la que se pierde por malos manejos y funcionarios deshonestos. Así, con lo que el Estado está perdiendo por este flagelo, es posible mejorar la calidad de la educación y los servicios de salud, incrementar el acceso a servicios de agua y desagüe en zonas rurales, beneficiar a más de 800,000 habitantes con el acceso a electricidad, entre otros.

La corrupción, sin lugar a dudas, está retrasando considerablemente nuestro crecimiento y bienestar. De nada sirve diseñar las mejores políticas y aumentar el presupuesto destinado a los diversos sectores si, debido a funcionarios deshonestos, la ejecución de los mismos será ineficiente y enriquecerá a unos pocos a costa del bienestar de la población. El 2.1% del PBI que se pierde por la corrupción es un indicador importante de la magnitud del problema; sin embargo, los verdaderos costos para nuestro país residen en la gran cantidad de personas que no tienen acceso a agua y desagüe, energía eléctrica, servicios de salud y educación de calidad, carreteras en buen estado y demás servicios básicos. 

Transparencia Internacional no se equivoca al afirmar que la corrupción le está robando a millones de personas un mejor futuro y que es hora de acabar con ella. Este organismo resalta la importancia de contar con un plan integral anticorrupción e indica que la gran corrupción debe ser tratada como un delito internacional; así, si las autoridades locales no son capaces de llevar ante la justicia a la gran corrupción, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar de manera colectiva y mediante la acción de los Estados individuales. El rol de Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, y la CGR ha sido importante en la lucha contra la corrupción, pero las cifras evidencian que queda mucho por hacer. Es tarea del actual Gobierno emprender el mejor plan para hacer frente a la gran y mediana corrupción que impide el crecimiento, pero es tarea de todos erradicar la pequeña.