La electricidad es un servicio básico y, como tal, el Estado tiene la tarea de que llegue a todos los peruanos. El uso de energía eléctrica significa la posibilidad de acceder a cientos de maneras de optimizar el tiempo en el hogar, como la conservación de alimentos en frío, la luz nocturna, el uso de electrodomésticos, la facilidad para cargar dispositivos móviles, etc.; lo que eleva la eficiencia del tiempo empleado en tareas domésticas, facilita el acceso a medios de comunicación y mejora la calidad de vida de los miembros del hogar.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 4.3% de la población aún no cuenta con este servicio. La cifra no parece tan elevada y es cierto que ha disminuido de forma constante en los últimos 20 años; sin embargo, detrás de este número hay un 17.8% de la población rural que aún vive sin acceso a una red de alumbrado público. 

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión pública en proyectos para el acceso y uso de la electrificación rural sumó S/ 351 millones en 2019. De dicho monto, el 68.2% fue ejecutado por el Gobierno nacional (S/ 239 millones), un 23.5% por los Gobiernos locales (S/ 82 millones) y el restante 8.3% por los Gobiernos regionales (S/ 29 millones). En general, la ejecución del presupuesto institucional modificado (PIM) destinado a dicha actividad fue del 74.7%, cifra menor a la registrada entre los años 2012 y 2014, cuando se promedió una ejecución del 83.9%. Y no solo la ejecución, sino también el PIM destinado a los proyectos de electrificación rural ha disminuido aproximadamente en 10% entre 2012 y 2019.

Si bien en la labor de proveer corriente eléctrica a todo el Perú cada vez resulta más complicado llegar a la población faltante, por ser la más dispersa y de difícil acceso geográfico, el Estado no debería reducir sus esfuerzos en esta materia. Como se mencionó en la edición anterior, el Foro Económico Mundial nos posiciona en el puesto 74 de 82 economías en cuanto a la cobertura de la red eléctrica en zonas rurales. Incluso, si nos comparamos con otros países de la región con geografía y densidad poblacional similares, como Brasil, encontramos que el Perú se encuentra rezagado. De acuerdo con la base de datos del Banco Mundial, para 2018, dicho país ya contaba con una cobertura del 100% tanto a nivel urbano como rural, y en 2015, un 12.1% de su producción eléctrica ya provenía de fuentes renovables (excluyendo la hidroeléctrica). ¿Por qué nos lleva tanta ventaja?

En 2003, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de Brasil fundó el programa Luz Para Todos con el objetivo de universalizar el acceso a la electricidad, que había sido reconocido ese mismo año como un derecho de todos sus ciudadanos. Posteriormente, dicha organización se vio enfrentada a muchos de los mismos problemas que se enfrentan hoy en día en el Perú: pequeñas poblaciones muy dispersas y una topografía desafiante como en el caso de la selva amazónica. En 2010, siete años después de la instauración del programa, la ANEEL reportó que 14 millones de personas habían recibido acceso a servicios de energía, y en 2011 reportaron que les faltaba alcanzar a aproximadamente 700,000 familias más. ¿Cómo logró Brasil conectar a un promedio de 2 millones de personas por año? ¿Y cómo consiguió luego cerrar completamente la brecha de acceso para 2018?

En 2011, la ANEEL reportó que, en la región amazónica, el 90% de las redes públicas locales eran alimentadas por combustible diésel. Si bien este método era insostenible en el largo plazo debido a su impacto ambiental y su alto costo de funcionamiento, su instalación era rápida y barata, y les permitió a las autoridades locales cerrar una gran parte de la brecha de acceso a energía eléctrica. Luego, para solucionar el problema de sostenibilidad, se empezaron a implementar sistemas híbridos, que mezclan el uso de diésel con energía solar, de biomasa y de microinstalaciones hidroeléctricas. De esta manera, se ha establecido un sistema de alumbrado público descentralizado y con una creciente sostenibilidad económica y ambiental.

Actualmente, el Estado peruano continúa en la lucha por cerrar la brecha en acceso a alumbrado público. De acuerdo con el Plan Energético Nacional 2014-2025, para el final de dicho periodo, la cobertura de la red eléctrica debería ser cercana al 100%, principalmente gracias al uso de energía fotovoltaica, que provendría de la instalación y operación de medio millón de paneles solares. Si bien esto podría demorar más que el método empleado por Brasil, la energía solar es una inversión de largo plazo con menores costos de operación y sin la contaminación generada por el uso de combustibles.

Por otro lado, si continuamos con el mismo avance promedio de los últimos ocho años (1.4 puntos porcentuales por año), para 2025, la cobertura rural llegará a un máximo del 91.2% de la población, lejos de la meta planteada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en 2014. Incluso, mantener este ritmo parece dudoso si tanto el PIM destinado a la electrificación rural como su ejecución continúan disminuyendo; sin mencionar que, como se explicó previamente, la población restante es cada vez más difícil de alcanzar.

Recientemente, el Minem ha presentado una cartera con 40 proyectos de electrificación rural que podrían ser financiados vía Obras por Impuestos. Ahora debemos asegurar su ejecución. ¡No escatimemos esfuerzos en la provisión de servicios básicos para todos!