La evidencia económica nos muestra que la inversión privada es el motor de crecimiento y desarrollo de nuestro país. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, representa más de un 20% del PBI, con lo que contribuye a generar infraestructura, aprovechar oportunidades de negocio, mejorar la competitividad de las industrias y brindar a la población bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, aún existen barreras innecesarias a la inversión que se deben eliminar, sobre todo en zonas con rezago industrial o con poca intervención privada.

Desde el año 2007, el Perú mantiene niveles de inversión pública y privada mayores a un 25% del PBI, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), siendo la inversión privada la que predomina con una participación anual promedio del 20.5%. De esta manera, el porcentaje de inversión total sobre el PBI peruano fue el mayor dentro de la Alianza del Pacífico (AP) en 2015 con un 26%, superando a Chile (22.5%), México (22.8%) y Colombia (25.9%), según cifras del Fondo Monetario Internacional. De la misma manera, el saldo de la inversión extranjera directa (IED) en el Perú ha mantenido un crecimiento anual sostenido del 3% desde 2011, según datos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Dado el crecimiento económico que el Perú ha mantenido durante más de una década y la gran preocupación por parte de los gobernantes de incentivar y promover la inversión privada en el país, resulta incoherente pensar que existan trabas a la inversión en nuestros días; sin embargo, nuestra Constitución aún mantiene disposiciones que son barreras inexplicables, que generan desigualdad en condiciones de inversión y menor competitividad regional, y limitan el progreso del país.

Nos referimos puntualmente al artículo 71 de la Constitución, que restringe explícitamente la inversión extranjera cerca de las líneas de frontera. A pesar de que dicho artículo afirma la igualdad de condiciones para inversionistas nacionales y extranjeros, menciona que dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, bajo pena de ser expropiado por el Estado, salvo en casos de necesidad pública declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros.

Tumbes y Tacna, inversiones atadas

Ante esta disposición, los departamentos de Tumbes y Tacna presentan inversiones entrampadas. Por ejemplo, en Tumbes existe una cartera de inversión de S/ 860 millones ¡equivalente al 34% de su PBI!, que por ser extranjera no puede materializarse, según la Oficina de Desarrollo Económico del Gobierno Regional. Peor aún, esta situación se puede extrapolar a las demás ciudades fronterizas del país, a las que les aplicaría la misma restricción constitucional.

Tumbes y Tacna, cuyas capitales están ubicadas a 22.5 km y 30 km de las respectivas fronteras, concentran su actividad económica principalmente en los sectores de comercio (17.9% y 11.4% del PBI departamental, respectivamente) y servicios (25.5% y 23.8%, respectivamente), según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, ambos departamentos se ubican en el puesto 22 y 15, respectivamente, en cuanto a recaudación tributaria por concepto de IGV. A partir de ello, se infiere que las condiciones impuestas por el artículo 71 de la Constitución han restringido el desarrollo económico de ambos departamentos y contribuido a mantener altos niveles de informalidad y a la proliferación del mercado negro y el comercio por contrabando. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2015, de las 64,767 micro y pequeñas empresas (Mype) de Tacna, el 93% son informales, mientras que de las 75,999 Mype en Tumbes, el 75.5% lo son; cifras alarmantes ante el peligro latente de actividades ilegales en dichas zonas, como el tráfico de drogas, de armas, entre otras.

Según ProInversión, Chile y Colombia, miembros de la AP, son dos de los principales países de origen de las inversiones en el Perú, al concentrar casi un 15% de la IED en 2015 y, debido al límite con nuestro país, la mayor parte de la cartera de proyectos paralizados en estas zonas proviene de estas dos economías. Asimismo, Chile es el principal país de origen de las inversiones destinadas al sector comercio, al contar con un saldo de US$ 143.2 millones a 2015. Por lo anterior, resulta perjudicial para nuestra economía y nuestras relaciones bilaterales mantener estas barreras a las inversiones por razones proteccionistas y de “seguridad nacional”.

Ante esta evidencia, es necesaria una revisión del artículo 71 con miras a promover la inversión en estos departamentos, rezagados del progreso y restringidos en temas de competitividad; además, con ello se espera reducir la informalidad característica de estas zonas, generar empleo en actividades formales, mejorar la infraestructura industrial y de servicios, y reducir los niveles de pobreza. Si bien surgió para “proteger la soberanía nacional”, esta norma resulta ser un rezago del modelo estatista que atenta contra el libre mercado y la apertura a la inversión extranjera. La modernización del Estado debe ir de la mano con una adaptación constante de la normativa en general para promover el progreso del país.