Acabada ya la primera mitad de 2023, los resultados de la inversión pública aún dejan mucho qué desear. Si bien es cierto que se han invertido S/ 18,132 millones hasta junio de este año, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y que ello es un 15.4% más con respecto a similar periodo de 2022, la realidad es que este monto representa solamente un 28.4% de todo el presupuesto. Es decir, empezamos la segunda parte del año con más del 70% del dinero que existe para construir carreteras, escuelas, postas médicas, defensas ribereñas, conexiones de desagüe, etc., sin haber sido usado. 

Particularmente, los Gobiernos subnacionales la están teniendo difícil para invertir en sectores clave para el bienestar de los ciudadanos. Si tomamos educación, salud, saneamiento y transporte, los datos del MEF muestran que el porcentaje de ejecución de los Gobiernos locales y regionales es igual o más bajo que el promedio nacional. Algunos casos son alarmantes: en salud, hay ocho Gobiernos regionales con menos del 10% de avance respecto a su presupuesto; en saneamiento, las municipalidades de Huánuco y Madre de Dios, dos de los departamentos con menores tasas de cobertura de red de saneamiento público, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)[1], solo han ejecutado un 7% y un 8.2%, respectivamente; el GORE Áncash, que posee el mayor presupuesto para educación, es el que cuenta con la menor ejecución en dicho sector, tan solo un 2.2%; entre otros. 

Dicho lo anterior, quizás lo más preocupante sobre los Gobiernos subnacionales es que lo que han avanzado respecto de las obras bajo su responsabilidad, al sexto mes de 2023, es mayoritariamente bajo. ¿Qué queremos decir con esto? Los siguientes gráficos muestran a los proyectos correspondientes a cada nivel de gobierno divididos en dos grupos, los que tienen ejecución nula de su presupuesto asignado para el año (0%) y los que ya cuentan con algún nivel de ejecución, por cada mes de enero a junio[2]. En enero, casi ningún proyecto registra algún gasto, algo lógico si se considera el comienzo del año, mientras que cuanto más tiempo pasa son más los proyectos que sí se encuentran en ejecución. O, al menos, eso sería lo ideal. Sin embargo, lo que se observa en la realidad es que, a junio, casi la mitad de los proyectos a cargo de Gobiernos regionales y municipalidades aún posee un avance nulo. 

Si ajustamos un poco la división para considerar proyectos por encima del 10% de avance, los resultados empeoran considerablemente. A junio, menos del 40% de los proyectos de los Gobiernos regionales superan dicho umbral, mientras que en el caso de las municipalidades es de aproximadamente un 44%. En otras palabras, al cerrar la mitad de 2023, la mayoría de las obras en los Gobiernos subnacionales o no ha gastado algo de su presupuesto o no supera el 10%. 

La situación descrita es muy negativa, aunque no debería extrañarnos. La administración de proyectos públicos suele ser la gran debilidad de los Gobiernos subnacionales. Por un lado, estos no tienen el nivel de especialización necesario para manejar las diferentes áreas de su cartera. Esto se ha visto, por ejemplo, con el gasto en prevención de desastres. Los conocimientos técnicos relacionados con esta temática, como la ubicación de cuencas hídricas o zonas con mayor riesgo, son particulares de instituciones de gama nacional, y no están presentes (y si lo están, no a tal nivel de detalle) en las municipalidades o Gobiernos regionales. 

Por otro lado, ya hemos señalado que la cantidad de obras a cargo de estas instituciones puede sobrepasar sus capacidades (sujetas a su vez a un personal limitado, contar o no con una oficina de gestión de proyectos, recibir proyectos nuevos constantemente, entre otros factores), al punto de que es necesario elegir qué obras cumplirán su presupuesto programado en el año y cuáles serán “dejadas de lado”[3]. Esto significa que las autoridades no pueden enfocar todos sus recursos y esfuerzos en cada proyecto a la vez, por lo que, inevitablemente, el porcentaje de ejecución acaba lejos del 100%. 

La suma de ambos factores hace que exista una gran diferencia entre lo que se espera de las autoridades subnacionales y lo que en verdad pueden hacer. He ahí el gran dilema que debe resolver el Estado. No se trata de transferir más dinero, sino de mejorar lo que hacen los Gobiernos regionales y las municipalidades con lo que ya tienen. Dar capacitaciones y asistencia técnica continua, como las que se vienen brindando a través del programa Con Punche Perú, es una intervención correcta, pero necesita estar unida a mejoras demostrables en el tiempo. Por ejemplo, sería bueno ver cómo se encuentran los gráficos al finalizar el año; cuántos proyectos pueden las municipalidades llevar a cabo con, al menos, el 50%; o si, de una lista de proyectos priorizados, los Gobiernos regionales pueden culminarlas al 100%. Esto con el fin de trabajar el siguiente año en función de esos resultados.

[1] De acuerdo con valores de 2022 estimados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales.

[2] En aras de descartar proyectos descartados en el presupuesto, o con montos irrisorios, el universo de proyectos abordados corresponde a aquellos con un presupuesto institucional modificado de por lo menos S/ 1,000 para 2023.

[3] Ver el Informe de Cierre de la Brecha de Infraestructura más reciente.