De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina fue la región con más empleos perdidos por la pandemia de la COVID-19 y los mecanismos implementados para mitigar su expansión, como las restricciones de actividades. Esto llevó a un incremento de la tasa de desempleo regional del 10.6% durante el año pasado, lo que significa un incremento de 2.6 puntos porcentuales (pp) respecto de lo registrado en 2019, aunque la OIT advierte que ello podría continuar en 2021 hasta alcanzar una tasa del 11.2%, debido a un crecimiento económico moderado que no permitiría una completa recuperación de la crisis e incertidumbre por la pandemia.

Esto fue acompañado por una reducción significativa en el empleo en la región latinoamericana en los sectores servicios y comercio, según la OIT, lo cual también se observó a nivel nacional, con una contracción de la cantidad de trabajadores a 5,145,392 para el primero (una caída del 25.9% con respecto a 2019) y a 2,638,725 (-19.4%) para el segundo, aunque el más perjudicado fue minería e hidrocarburos, que descendió a 138,443 (-28.7%), según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Esta situación fue suficiente para determinar el desempeño departamental, pues los más perjudicados durante el año pasado fueron aquellos con mayor dependencia de estas actividades. 

En particular, la población económicamente activa ocupada se contrajo de 17,133,100 a 14,901,782 a nivel nacional el año pasado, lo que reflejó una caída del 13% respecto de 2019. Esto se agudizó en el Callao, donde se registró la mayor pérdida de puestos de trabajo tras descender de 546,752 a 425,903 (-21.1%), lo que se explica por la mayor dependencia en los sectores servicios y comercio, que concentraron el 78.5% de los empleos de la provincia constitucional y disminuyeron un 24.6% y un 20.6%, respectivamente. En Lima y Tacna, dichos sectores representaron el 73.6% y el 62.1% de los empleos, y registraron también una reducción significativa de los puestos de trabajo, lo cual generó que registrasen la segunda y tercera mayor contracción del empleo con una reducción del 21% y el 18%, respectivamente.

Por el contrario, a nivel nacional, solo la actividad agraria y agroindustrial registró un crecimiento del empleo generado tras incrementarse la cantidad de trabajadores en el sector de 4,410,764 a 5,043,933 (+14.4%), lo cual también influenció el desempeño departamental. En particular, Huancavelica registró el mejor resultado tras aumentar su cantidad de empleos generados de 270,928 a 280,809 (+3.6%), que se explicó porque la actividad agraria y agroindustrial concentró al 73.9% de estos, la cual incrementó su contribución de 171,534 a 207,479 (+20.9%). A continuación, se situó Pasco, con el segundo mejor desempeño y un aumento de puestos de trabajo a 164,695 (+1.5%), de los cuales 97,434 correspondían al sector en cuestión (59.2%); mientras que Puno registró el tercer mejor resultado, con una contracción a 795,998 empleos (-0.6%) y una contribución de la agricultura por 421,495 (53%). Cabe resaltar que, si bien otros departamentos registraron inclusive una mayor concentración del empleo en la actividad agraria y agroindustrial, el incremento en esta no fue suficiente para compensar la pérdida de puestos de trabajo en el resto de los sectores. 

INFORMALIDAD: UN GRAN RETO POR AFRONTAR

Lamentablemente, el deterioro del mercado laboral no se limitó a únicamente una contracción del empleo en la gran mayoría de los departamentos, con apenas dos excepciones (Huancavelica y Pasco), sino que también fue acompañado por un incremento en la tasa de informalidad laboral. Esta se incrementó del 72.7% al 75.3% entre 2019 y 2020, revirtiendo la mayoría del progreso registrado en la década pasada, pues en 2010 ascendía al 77.1%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). No obstante, en algunos departamentos el incremento fue suficiente para revertir completamente el progreso acumulado.

En particular, esto ocurrió en 10 departamentos, pero sobresalió el resultado de Pasco, que registró el mayor incremento de la informalidad, que ascendió a un 87% el año pasado, un aumento de 8.9 pp tan solo en un año, lo que representó el peor desempeño anual, pero también de la década, pues aumentó en 9.1 pp con respecto a los resultados de 2010. Luego se situaron Moquegua y San Martín, donde la tasa de informalidad laboral ascendió al 68.4% y el 89.7%, respectivamente, ambos con un incremento de 5 pp en comparación con su desempeño de 2010. Cabe resaltar que, en relación con los resultados anuales, sobresalieron Madre de Dios y Cusco, donde la tasa de informalidad aumentó, en 2020, al 81.7% y el 89.6%, un incremento de 7.9 y 7.8 pp, respectivamente, respecto de 2019.

Sin duda, estos desempeños resultan preocupantes porque evidencian que, a pesar del crecimiento económico de los últimos años, la desigualdad no ha logrado desaparecer, como también argumenta el Banco Interamericano de Desarrollo para el país. Esta situación se habría traducido en una mayor vulnerabilidad de los trabajadores en ciertos departamentos, pues la tasa de informalidad en la mayoría de ellos superó el 80% el año pasado, cuando el promedio de América Latina fue del 54%, según la OIT.

Sin embargo, lo más preocupante es que, a pesar de los resultados evidenciados, durante la vigente campaña electoral se continúan esbozando propuestas que únicamente agravarían la situación, a través de restricciones arbitrarias a sectores relevantes para la economía nacional, el reemplazo de empresas privadas por públicas poco eficientes o la prohibición de importaciones de manera arbitraria, a pesar de que estas son necesarias como insumos para la producción nacional, entre otras propuestas sin ningún criterio técnico. Inclusive, recientes estimaciones ya consideran una pérdida de crecimiento si se implementan propuestas como las mencionadas, y se espera hasta una contracción del 0.2% del PBI para 2022 en caso se instauren partidos políticos radicales, a pesar de que el escenario base para dicho año fuera del 5%, según Macroconsult.

Es decir, sin una gestión política adecuada, únicamente se perjudicaría la recuperación económica, lo que significaría mayores demoras en la recuperación de la demanda de trabajo e imposibilitaría retornar al desempeño del mercado laboral peruano pre-pandémico. Peor aún, se debe recordar que la tasa de participación laboral[1] retrocedió del 72.7% al 64.7% entre 2019 y 2020, lo cual implica una salida considerable de personas del mercado laboral, que cuando vuelvan a buscar empleo ejercerán una mayor presión en el mercado, lo que favorecerá el crecimiento del empleo informal por la imposibilidad de encontrar trabajo en el formal y una reducción adicional en el salario promedio de la economía, el cual disminuyó un 11.3% durante el año pasado, según el INEI.

[1] Refiere a la proporción de personas actualmente laborando o en búsqueda de empleo sobre la cantidad de personas en edad de trabajar.