De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el bono demográfico se define como una situación favorable para el desarrollo, que ocurre cuando existen más personas en edad de trabajar que dependientes. En nuestro país, este fenómeno comenzó en 2005 y se estima que culmine en 2045, pero el año pasado alcanzó su máximo con una razón de dependencia del 60.2%, es decir, por cada 100 personas en edad de trabajar, 60.2 eran dependientes, de manera que en los años restantes la relación comenzará a crecer gradualmente, según el INEI. No obstante, a pesar de los beneficios que el bono implique, ello también significa un reto adicional para la nueva gestión y las subsecuentes: facilitar la creación de empleos adecuados, que permitan producir más, pero también ahorrar para la vejez. 

Para lograrlo, además de resolver los diversos problemas presentes en el mercado laboral peruano (elevados costos no salariales, regímenes inadecuados, falta de capacitación, etc.), será necesario prestar particular atención a quienes recientemente ingresaron o ingresarán a laborar. Desafortunadamente, la población entre 15 y 29 años enfrenta limitaciones adicionales para trabajar en nuestro país, tanto así que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en 2018, catalogaba al empleo juvenil como de pésima calidad, con un 75.2% de los jóvenes que percibían bajas remuneraciones, carecían de estabilidad laboral, protección social y trabajan jornadas excesivas. Esta situación se vio agravada por la pandemia, la cual perjudicó el empleo a nivel global, pero afectó más a los jóvenes, pues la cantidad de trabajadores de este grupo etario disminuyó un 8.7% el año pasado respecto de 2019, en contraste con los adultos, grupo que se contrajo un 3.7%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en nuestro país, la cantidad de trabajadores jóvenes desempleados que buscaba activamente empleo pasó de 422,962 a 635,045 entre 2019 y 2020, lo que representa un incremento en la tasa de desempleo de 4.7 puntos porcentuales (pp) hasta alcanzar un 13.1% durante el mismo periodo, cifra que supera considerablemente al 5% (+3 pp.) registrado en los adultos. Desafortunadamente, la gran mayoría de los jóvenes que sí encontraron empleo lo hicieron en la informalidad, que empleó a 3,413,698 de ellos el año pasado, quienes representaron el 81.4% del total de dicho grupo etario, lo que también superó al 71.3% observado en los adultos. 

Otra limitante que deben enfrentar consiste en la elevada incidencia de empleos vulnerables[1] a nivel nacional, la cual se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con la OIT, en Latinoamérica y el Caribe la proporción de trabajadores en dicha categoría ascendió al 34% en 2020, mientras que en nuestro país alcanzó un 51.9%, explicada por la mayor incidencia de los adultos, para los cuales ascendió al 52.5%, pero aun así el 42.9% registrado en los jóvenes superó el desempeño promedio de la región. Es decir, en el Perú existe una carencia de empleos adecuados, que priva a los jóvenes de experiencia suficiente para acceder a puestos de trabajo adecuados en el futuro, además de disminuir sus incentivos para capacitarse, pues reconocen que igual difícilmente accederán a un empleo formal o continuarán dedicándose a negocios familiares o laborando en condición de autoempleo. 

HACIA UN EMPLEO DE MAYOR CALIDAD

Si bien esto representa un reto considerable para el país, facilitar el acceso a la formalidad desde el comienzo de la vida laboral es necesario para revertir la elevada incidencia en empleo precario. Una de las mejores maneras para lograrlo consiste en desarrollar la productividad de los trabajadores, para lo cual se requiere considerar su nivel de instrucción actual. En particular, en nuestro país, la mayoría de la fuerza laboral alcanza a lo mucho la educación secundaria (completa o incompleta), categoría que concentró al 51.2% de los trabajadores jóvenes y al 42.6% de los adultos el año pasado, lo cual expone a ambos grupos al empleo informal o vulnerable. 

Pese a que continúan los esfuerzos para que más personas puedan acceder a la educación superior, se requiere complementar la educación escolar con capacitaciones apropiadas que aporten valor a los recién egresados. En nuestro país, diversas investigaciones han encontrado que las capacitaciones a jóvenes sin educación superior aumentan considerablemente su probabilidad de acceder a empleos adecuados en materia de salarios, contratos y seguridad social[2]. Similarmente, intervenciones pasadas del MTPE, como el Programa Projoven, el cual consistió en brindar capacitación técnica y práctica a jóvenes entre 16 y 24 años con escasa o nula experiencia laboral, sin trabajo y con o sin educación secundaria completa entre 1997 y 2013, facilitó el acceso a empleos con mayores ingresos en los beneficiados, según la OIT.

Por tanto, existen experiencias previas que han demostrado ser eficaces para reducir la exposición de los futuros trabajadores a empleos precarios, las cuales deben aprovecharse para implementar políticas públicas capaces de mejorar el tan debilitado mercado laboral peruano. Esto no será una tarea sencilla para la nueva gestión y las subsecuentes, pero sí necesaria para alcanzar un mayor desarrollo económico y social.

[1] De acuerdo con la OIT, la tasa de empleo vulnerable se define como la proporción de trabajadores independientes y trabajadores familiares no remunerados como porcentaje del empleo total. Se considera vulnerable porque es menos probable para ambos grupos acceder a contratos formales y protección social, y pueden ser más perjudicados por los ciclos económicos.

[2] La investigación realizada por Pablo Lavado, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), y Joan Martínez, asistente de investigación del CIUP en aquel entonces, encontró en 2014 que los jóvenes urbanos sin estudios superiores de 15 a 29 años y que recibieron capacitaciones laborales tenían 3.2 veces mayor probabilidad de obtener empleos adecuados.