De acuerdo con cifras de la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la cantidad de empleos vulnerables —aquellos más expuestos a la volatilidad económica por su mayor dificultad para acceder a contratos formales y protección social— ascendió a 8,461,451, lo que significó un incremento de 352,216 trabajadores pertenecientes a esta condición respecto de 2019. Así, casi la mitad de los empleos a nivel nacional son vulnerables (49.4% del total), lo cual tiene severa importancia para las políticas públicas.

Lamentablemente, esta situación se agrava en 16 departamentos. En particular, sobresale el resultado de Huancavelica, donde se registraron 227,568 trabajadores vulnerables (+17.4% respecto de 2019), los cuales representaron el 75.5% del empleo total del departamento. Por su parte, Apurímac se posicionó como el segundo de peor desempeño, con 197,980 empleos vulnerables (+11.4%), el 69.3% del total, seguido por Cusco, con 547,071 (+7.5%; 69%), y Cajamarca, con 623,887 (+7.5%; 68.1%). 

En contraste, en Lima se registraron los menores niveles de vulnerabilidad, con 1,739,027 empleos vulnerables, lo que significó una reducción del 3.8% respecto de los resultados prepandemia y correspondió al 34.6% del empleo total del departamento. El Callao tuvo el segundo mejor resultado, con 193,043 empleos vulnerables (+3.7%; 37%), y Arequipa el tercero, con 255,778 trabajadores pertenecientes a dicha categoría (-7.2%; 37.3%).

Cabe resaltar que estos resultados esconden mayores implicancias, pues el empleo vulnerable está compuesto por los trabajadores independientes y los familiares no remunerados, y ambos grupos tienen sus particularidades. En relación con los independientes, investigaciones previas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) encontraron que la cantidad de estos trabajadores crece a un ritmo constante, inclusive durante etapas de desarrollo económico, aunque aumenta a mayor velocidad durante periodos de desaceleración económica.

Entre los factores que llevan a pertenecer a esta condición, sobresale la mayor preferencia por trabajos independientes por parte de aquellos que tienen una mayor carga familiar o son jefes de hogares, pues requieren una fuente de ingresos que les permita una jornada laboral flexible. Asimismo, la educación influye en la capacidad para alcanzar empleos asalariados, pero, sobre todo, en los mayores niveles educativos, pues la mayor capacitación les permite alcanzar mejores salarios y condiciones laborales.

Por su parte, el grupo de trabajadores familiares no remunerados está conformado por auxiliares a los emprendimientos del hogar que operan en la informalidad. De acuerdo con una reciente investigación de Hugo Ñopo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), esta categoría laboral opera en el corto plazo como un refugio para evitar que los hogares incurran en la pobreza, pero en el mediano y largo plazo significa pérdidas importantes de productividad. Esto debido a que se encuentran expuestos a menores niveles salariales, como consecuencia de la baja productividad de los emprendimientos familiares. Esto se evidencia en que el 50% de los hombres y el 90% de las mujeres en condición de trabajadores independientes, dueños de dichos negocios, suelen percibir ingresos mensuales menores a la remuneración mínima vital.

¿CÓMO INTEGRAR A LOS TRABAJADORES VULNERABLES?

Debido a las características de ambos grupos de trabajadores, en 2015, el MTPE reconoció la necesidad de diferenciar a los trabajadores independientes del resto de categorías para implementar políticas y programas de apoyo, lo cual también es recomendable para los trabajadores familiares no remunerados. No obstante, entre los factores que afectan ambas categorías, sobresalen los bajos niveles educativos.

Al respecto, es importante resaltar que, en 2021, una mayor proporción de trabajadores independientes y familiares no remunerados alcanzó como mayor nivel educativo la primaria completa o incompleta en comparación con el promedio nacional. Empero, si bien la proporción de independientes que alcanzó la secundaria incompleta (14.5%) fue similar al promedio nacional, en los familiares no remunerados la proporción ascendió al 25.7%, lo que evidencia una mayor deserción en este nivel educativo. 

Otro dato para resaltar es la menor proporción de trabajadores independientes y familiares no remunerados que tienen educación superior completa (universitaria y no universitaria), en comparación con el promedio nacional. En detalle, de los trabajadores independientes y familiares no remunerados, solo el 11.6% y el 6%, respectivamente, alcanzan la educación superior completa, mientras que el promedio nacional es del 19.8%.

Para revertir esta situación, es fundamental desarrollar políticas públicas que incentiven a los trabajadores familiares no remunerados a terminar la educación secundaria y a ambos grupos (independientes y familiares no remunerados) a alcanzar la educación superior. Esto es imposible lograrlo sin la participación del Gobierno, que gestionó el 65.5% de instituciones educativas (9,843 escuelas) que ofrecieron educación secundaria en 2021, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). Es importante mencionar que es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir una educación adecuada por su situación económica, de acuerdo con lo establecido en la Constitución en el artículo 16.

Además, actualmente se atenta desde el Gobierno contra la reforma universitaria, que es de vital importancia para la mejora en la calidad educativa superior. Por su parte, el Congreso de la República pretende modificar el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), un organismo constitucionalmente autónomo que no debería ser influenciado por factores políticos. En contraste, el Minedu ha expresado su disconformidad respecto a dicha iniciativa y ha comenzado a elaborar una contrapropuesta legal para evitar que se debilite a la Sunedu.

La situación es clara. Pese a la responsabilidad del Gobierno de mejorar la calidad educativa, no existe ni siquiera un compromiso entre las instituciones públicas para priorizar el bienestar de millones de peruanos, que exigen empleos de calidad y requieren seguir estudiando para alcanzarlos.

La población, por su parte, ya ha manifestado su descontento con la actual gestión. El 72.6% considera que es inoportuno insistir en el cambio de la Constitución, pues existen otras prioridades como la reactivación económica, la generación de empleo e ingresos, según los resultados la encuesta publicada a comienzos de mayo del presente año por CPI Research, empresa dedicada a la investigación, estudios de mercados y opinión pública.

Por el contrario, el Gobierno rechaza las peticiones de la población y prioriza agendas particulares que perjudicarían a millones de trabajadores; sobre todo a los informales y vulnerables, que podrían tener empleos formales. Evidentemente, debe priorizarse la estabilidad macroeconómica y aprovechar las herramientas que la actual Constitución ya establece para la mejora del sector educativo y, por ende, del capital humano en el país. Solo así podremos contrarrestar las crisis nacionales e internacionales que enfrentamos.