Desde el inicio de la pandemia causada por la COVID-19, la economía mundial enfrentó la dura decisión de paralizar la mayor parte de las actividades económicas y dejar a sus empleados y las familias que dependen de sus ingresos en un escenario de incertidumbre. Si bien esta paralización fue implementada oportunamente por la mayor parte de países, como el Perú, cada uno enfrentó distintos retos, limitaciones y condiciones en el mercado laboral que determinaron el grado de impacto negativo en los trabajadores.

De esta manera, es probable que en países como el Perú, donde predomina una alta informalidad laboral, empresas de pequeño tamaño y con barreras para su competitividad, limitado acceso a beneficios de compensación o de salud, entre otras características, el impacto negativo en el ingreso de las familias y la estabilidad laboral se magnifique. En este contexto, son aún más relevantes las medidas excepcionales que implementa el Gobierno peruano ya que, de no incluir a un mayor número de actividades seriamente afectadas por la pandemia, el impacto en el empleo, ya sea formal e informal, o en condiciones adecuadas o no, será mucho mayor al que todos esperamos.

Con todas estas consideraciones en mente, es momento de dirigir la atención a las cifras oficiales que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha mostrado recientemente en cuanto al panorama laboral en los meses de marzo, abril y mayo. De acuerdo con el informe técnico acerca de la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana, la población económicamente activa (compuesta por personas de 14 años a más con un empleo, o desempleadas pero que buscan activamente un empleo) se redujo un 43.8% entre los meses de marzo y mayo, con respecto al mismo periodo del año anterior, en un periodo que calza con la fase más restrictiva de la cuarentena y la paralización de las actividades económicas en el país. En este periodo, la PEA ocupada (aquella con un trabajo) pasó de 4.9 millones en 2019 a 2.5 millones en los primeros tres meses de cuarentena (-47.6%) y, dada la coyuntura actual, este diferencial de 2.3 millones de personas en la capital han quedado sin la posibilidad de buscar activamente un nuevo trabajo.

Un análisis desagregado de las cifras presentadas por el INEI revela que las mujeres, personas de entre 14 y 24 años, y personas que completaron solo la educación primaria han sufrido el mayor impacto en términos de empleo (-48.1%, -57.1% y -54.9% de reducción en la PEA ocupada, respectivamente). Esto demuestra que el impacto en el empleo es alto y es aún mayor para ciertos grupos vulnerables de la población, como los jóvenes que recién se insertan en el mercado laboral o las personas con menos recursos que dependen de actividades económicas inestables, más aún si se considera que la mayor pérdida de puestos se dio en la población con empleos adecuados (-47.6%). Así, la población empleada en empresas de hasta 10 trabajadores, quienes ocupan a un 43.9% de la población limeña, se redujo un 56.8% (aproximadamente 1.7 millones de empleos perdidos frente a lo reportado en el mismo periodo de 2019).

MEDIDAS PENDIENTES CON SENTIDO DE URGENCIA

Si bien los resultados solo representan el panorama limeño, es posible argumentar que otros departamentos, donde las personas más afectadas y vulnerables ocupan una mayor parte de la población, estén enfrentando esta misma situación. Frente a ello, las medidas adoptadas por el Gobierno peruano cumplen el mayor rol en la protección de los empleos e ingresos de las familias. Aunque se hayan implementado medidas de acceso a financiamiento avalado por el Estado, subvenciones laborales, mecanismos de reincorporación de trabajadores poscuarentena, y planes de reactivación limitada y progresiva de actividades, todavía se necesitan medidas excepcionales que absorban no solo a los miles de trabajadores que, luego de la cuarentena, tendrán que buscar nuevamente un puesto de trabajo, sino a los miles de jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral.

Entre estas medidas, surge la iniciativa de potenciar la inversión en obras públicas en el mediano plazo, que tiene por objetivo la creación de puestos de trabajo temporales en diversos sectores y departamentos en el país. Así, el programa Arranca Perú, cuya formulación ha sido recientemente anunciada por el presidente de la República, busca impulsar la reanudación de las actividades económicas a través de inversión pública en sectores estratégicos. Con una inversión programada, para el segundo semestre de 2020, de S/ 3,987 millones para transportes y comunicaciones, S/ 535 millones para vivienda, S/ 373 millones para agricultura y S/ 694 millones para el programa Trabaja Perú, se crearían poco más de 1 millón de puestos de trabajo.

Si bien este programa apoya la golpeada demanda laboral por parte de las empresas del sector privado, generaría puestos temporales que no necesariamente absorberán o compensarían a toda la PEA desocupada que sale del sector formal e informal, sobre todo aquella vinculada con los sectores más golpeados por la crisis, como el turismo. Por ello, medidas sectoriales de apoyo y reactivación que tomen en cuenta la realidad de cada actividad son urgentes, así como extensiones al apoyo en pago de planillas, como anunció el Gobierno colombiano y fue recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, además de la promoción de inversiones privadas que apunten a cerrar las brechas de infraestructura y competitividad que dejan al Perú rezagado frente a sus pares de la región.