Sobrepasados ya los 100 días del estado de emergencia, es indudable que la economía tardará un periodo de tiempo considerable hasta volver a los días “antes del coronavirus”. Pero es precisamente este periodo el que se debe buscar acortar, ya que, mientras nos demoremos en pasar el “bache”, mayor será el costo para la sociedad. En este contexto, la mejor forma de salir es mediante políticas potentes que generen grandes impulsos en el crecimiento económico.

Una de ellas es pisar el acelerador en cuanto a la inversión privada. La creación de capital es una de las principales fuentes de generación de empleo[1] y un motor sumamente importante en cuanto a producción, además de que reduce costos, impulsa la productividad e incrementa los ingresos y, por consiguiente, el consumo. Y si bien el Gobierno reactivará la inversión pública mediante el programa Arranca Perú, la inversión privada representa el 83.8% de la inversión total en el país, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Es decir, esta es la que marca la pauta.

Por ello, las proyecciones del BCRP son más que alarmantes. Según el último Reporte de Inflación, al fin de 2020, la inversión privada se habrá reducido un 30%, la mayor caída en lo que va del siglo (equiparable solo a los 80). Lo que es peor, tanto esta como el consumo privado no volverían a los niveles vistos en el último trimestre de 2019 ni siquiera al cierre de 2021. Un retraso de al menos dos años.

Sumado a ello, resaltamos que estas proyecciones se basan en que las medidas fiscales, monetarias y regulatorias dirigidas a sostener la cadena de pagos y a inyectar liquidez seguirán en la dirección correcta y harán sentir su impacto en 2021. Sin embargo, como bien señala el BCRP y otras fuentes, las medidas populistas y la incertidumbre política (especialmente en 2021) son riesgos que podrían fácilmente empeorar las expectativas de los inversionistas. Lastimosamente, ya hoy en día estamos viendo propuestas que solo tendrían efectos perjudiciales (ver semanarios 1030, 1029, 1027 y 1026). La pérdida de ingresos del tejido empresarial, sumada a un nuevo pesimismo, inevitablemente se traducirá en limitaciones y postergación de inversiones.

PROYECTOS Y MÁS PROYECTOS

La respuesta a este posible futuro debe ser firme y sustentarse en la continuidad y ejecución de proyectos de inversión, empezando por supuesto por los proyectos contemplados en el PNIC, que representan un monto igual a S/ 99,196 millones, es decir, un poco más del 18% del PBI[2]. Recordemos que, al ser priorizados, estos proyectos se caracterizan por contar con un impacto económico y social por encima de los demás. Algunos están en la cartera de proyectos por adjudicar de ProInversión en el periodo 2020-2021, que junto con el resto equivalen a US$ 5,516 millones.

Hay también proyectos que el BCRP asume en sus proyecciones que reiniciarán actividades. Tal es el caso de la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la ampliación del Muelle Sur del Callao, el Terminal Portuario San Martín, la modernización del Terminal Portuario Salaverry, así como la modernización del Muelle Norte del Callao. Para todos estos proyectos, el Gobierno es responsable de asegurar un reinicio rápido y, sobre todo, de que se eliminen trabas e ineficiencias en las fases de reactivación que sean un impedimento.

Por otro lado, hacemos un especial énfasis en el sector minería. Por sus características operativas, es uno de los sectores que más rápido puede reactivarse al 100%, lo que da a sus proyectos una ventaja sobre el resto para generar los impactos que tanto necesitamos en el corto plazo. Así, por ejemplo, de acuerdo con la titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Susana Vilca, dos terceras partes de los empleos directos del sector, aproximadamente 140,000, ya estarían nuevamente en actividad.

Con la reactivación completa del sector se tendría un aporte de un poco más del 9% del PBI, casi S/ 50,000 millones, según cifras del BCRP de 2019. A ello hay que añadir una mayor actividad en la cadena logística y sectores secundarios o anidados. La suma de todos estos factores directos e indirectos, lo que se conoce como el efecto multiplicador en la teoría económica, aportaría casi un 16% del PBI, según el portal Proyecta Minem. En términos de puestos de trabajo, la ministra ha señalado que se trata de casi un millón. A su vez, supondría una recuperación en los ingresos del Estado, pues la minería es la tercera actividad económica con mayor contribución (8.1% del total en 2019, según la Sunat), detrás de la intermediación financiera y el comercio al por mayor.

Adicionalmente, si bien el BCRP asume en sus proyecciones que los proyectos mineros activos para 2021 representan una inversión de US$ 9,800 millones, también reconoce que existen proyectos paralizados por más de US$ 24,830 millones, que generarían 50,000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 80,000 en la etapa de operación, y que contribuirían a que las exportaciones crezcan en US$ 9,400 millones anuales.

Si queremos recuperar la senda de crecimiento, requerimos un shock potente de inversiones que solo el sector privado puede dar. No allanar el camino para estas es contraproducente y representa un costo cada vez más alto. No esperemos más tiempo.

[1] Por ejemplo, según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), inversiones del 0.1% del PBI se asocian con la generación de 12,000 a 13,000 puestos de trabajo.

[2] PBI real de 2019, de acuerdo con el BCRP.