En nuestro país, la educación inicial, la primaria y la secundaria son un derecho, y, en el caso de las escuelas estatales, el Gobierno debe velar por la gratuidad de este servicio. Según cifras del Banco Mundial, el gasto público en educación en el Perú alcanzó el 3.7% del PBI, durante 2018, uno de los menores en la región. Es mismo año, la cifra ascendió a 4.5% en Colombia y, apenas un año antes, a 5.4% en Chile.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión necesaria para cerrar la brecha en infraestructura básica de largo plazo en educación asciende a S/ 5,917 millones. Si bien, de todos los sectores que menciona el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, educación es el que menos inversión requiere para el cierre de brechas, los resultados[1] de los censos educativos evidenciarían que esto no sería suficiente.

Los esfuerzos estatales han permitido mejorar indicadores como la tasa neta de matrícula, especialmente en el nivel secundario, en el que pasó del 77.5% al 85.2% entre 2008 y 2018; no obstante, aún existe un grupo considerable de niños y adolescentes que no acceden a una educación de calidad, tanto en el nivel primario como secundario. Ante esta situación, los mecanismos de obras por impuestos (OxI) y las asociaciones público-privadas (APP) se presentan como excelentes alternativas de trabajo conjunto entre el sector público y el privado, de cara a mejorar nuestros indicadores en materia de calidad educativa a nivel nacional.

EL ROL DEL SECTOR PRIVADO EN LA EDUCACIÓN

Como se sabe, el Decreto Legislativo 1012, publicado en 2008, permitió la aprobación del marco para las asociaciones público-privadas para la generación de empleo productivo. No obstante, no fue hasta la creación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa que las APP para la mejora de la infraestructura educativa fijaron su horizonte. Cabe mencionar que, a partir de la Ley 30264, publicada en noviembre de 2014, las entidades del Gobierno nacional fueron incorporadas en los alcances de la Ley 29230, Ley que Impulsa la Inversión Regional y Local con Participación del Sector Privado. Asimismo, el MEF a través de su guía metodológica La Ruta de la Inversión en obras por impuesto (OxI), refirió que, en los próximos años, la cartera de proyectos incluirá a sectores sociales como salud y educación, además de los ya conocidos transporte, energía, telecomunicaciones, entre otros. Así, las posibilidades de la participación privada en la mejora de la infraestructura educativa se harían realidad.

Hoy, de acuerdo con ProInversión, las líneas estratégicas en educación se orientan a la construcción, mantenimiento y equipamiento de los colegios de alto rendimiento (COAR), la adecuación o ampliación del servicio educativo del nivel de educación básica regular, la adecuación o ampliación del servicio educativo del nivel de educación secundaria en el marco del modelo de jornada escolar completa y la instalación, ampliación, mantenimiento o recuperación del servicio educativo del nivel superior en institutos de educación superior tecnológica (IESTP).

Sin embargo, pese a la oportunidad del Gobierno de fomentar este tipo de mecanismos, los resultados no han sido los mejores. Según información de ProInversión, actualizada al 9 de setiembre de 2020, entre 2015 y lo que va del año, los proyectos concluidos de OxI en el sector educación alcanzaron los S/ 254 millones y beneficiaron a 136,385 personas; de estos proyectos, el Minedu apenas contribuyó con un único proyecto en 2016, por S/ 5 millones (2% del total) y una población beneficiada de 1,629 personas.

No obstante, en materia de proyectos adjudicados de OxI en el sector educación, entre 2015 y 2020, el Minedu va a la cabeza. De los 68 proyectos adjudicados en ese periodo, cerca de un tercio (20) correspondieron al Minedu. En cuanto a los montos de estos proyectos, la cifra ascendió a S/ 910 millones, de los cuales S/ 517 millones (57%) pertenecen al Minedu. Como se puede observar, hasta ahora, el desempeño de este ministerio ha sido bajo en materia de proyectos concluidos, aunque los que se han adjudicado representan una esperanza de poder beneficiar a 40,307 peruanos.

Es importante mencionar que fueron seis los proyectos adjudicados por el Minedu durante 2019 y que, en lo que va de 2020, solo se ha adjudicado uno. Esto llama la atención ya que, regularmente, desde 2016, se han adjudicado como mínimo 5 proyectos por año, con excepción de 2018, año en el que el desempeño fue nulo.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, por el momento, la cartera de ProInversión cuenta con seis proyectos de iniciativa privada, de los cuales cinco se encuentran aún en formulación y datan de 2014. Estos proyectos representan un monto de inversión de S/ 262 millones (sin IGV), que serían adjudicados entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021.

Lo expuesto hace caer en la cuenta de la necesidad del Gobierno de promover y agilizar este tipo de alianzas. Hoy, en un escenario de crisis como el que vivimos, los esfuerzos para que estos proyectos puedan darse y no seguir a la zaga en materia educativa deben duplicarse. Como se mencionó en el Semanario 1042, es necesario hacer frente a los cuellos de botella optimizando el proceso de adjudicación, para el caso de OxI, y agilizando los procesos de adjudicación en el caso de las APP. Hacer estos mecanismos más atractivos para las empresas es indispensable.

[1] Según la Evaluación Censal de Estudiantes del Ministerio de Educación, solo un 48% de los estudiantes de segundo de primaria logran el aprendizaje de grado en Comprensión de textos y apenas un 17% en Matemática.