Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de desempleo en Lima Metropolitana ascendió a un 13% durante el trimestre móvil de noviembre 2020 a enero 2021, lo que equivale a aproximadamente 663,900 personas. Si bien esta cifra representa una recuperación, pues en el cuarto trimestre del año pasado la cifra alcanzó un 13.8%, todavía estaría lejos de retornar a los niveles prepandémicos (en 2019 se registraba apenas un 6.6%). No obstante, esto no sorprende al considerar que la gran mayoría de trabajadores en la capital se concentra en los rubros servicios (53.1%) y comercio (23.8%), los cuales fueron afectados severamente por las restricciones económicas, el retraso en la implementación de las fases de reactivación, nuevas cuarentenas y un menor consumo.

Inclusive, el empleo en el sector formal en Lima Metropolitana se contrajo en una proporción similar durante los últimos meses del año pasado, al registrarse en octubre y noviembre una evolución interanual del -13.6% y el -12.7%, respectivamente, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Si bien se situó también por debajo del desempeño nacional, los departamentos más lentos en recuperarse durante los últimos meses han sido Cusco y Tumbes, lo cual se explicaría por la gran participación del sector servicios en la generación de empleo en ellos, pues el 72.6% y el 66.2% de sus trabajadores formales se concentraron en aquel rubro en 2019, respectivamente. En contraste, Ica y La Libertad sobresalieron por sus recientes crecimientos sostenidos, influenciados por el desempeño del sector agrícola, el cual fue el único que acumuló una expansión de su contratación formal de junio a noviembre de 2020 (representó el 16.8% y el 13.9% de sus empleos formales en 2019, respectivamente, cuando el promedio nacional para aquel sector apenas había ascendido al 3.7%, según el MTPE).

Por tanto, resultó necesario el fortalecimiento de intervenciones que contribuyan con puestos de trabajo a los más necesitados, como Trabaja Perú. En particular, este programa flexibilizó sus criterios de elegibilidad de participantes, al pasar de únicamente considerar personas en situación de pobreza a facilitar el acceso a todas aquellas que se encuentren en situación de desempleo y tengan entre 18 y 64 años, lo cual, sumado a un incremento considerable de su presupuesto del año pasado (ver Semanario 1031), permitió alcanzar la cifra histórica de 200,469 empleos temporales generados en 2020, aproximadamente siete veces más que el año previo, según el MTPE. 

PROPUESTAS CONTRAPRODUCENTES

A pesar de los esfuerzos para la generación de empleo y las facilidades otorgadas para evitar la pérdida de puestos de trabajo, una contracción anual en la producción nacional del 11.1%, el peor desempeño en tres décadas, según el INEI, inevitablemente perjudicaría al mercado laboral. Desafortunadamente, el Congreso de la República pareciera desconocer esto y atribuiría sus implicancias únicamente a prácticas inadecuadas por parte de los empleadores, creyendo falazmente que prohibirles renegociar contratos con sus trabajadores o adoptar mecanismos más flexibles como el trabajo a tiempo parcial fuese a mitigar el deterioro de las condiciones de trabajo, cuando en realidad sucedería todo lo contrario.

En particular, nuestro país se caracteriza por presentar una de las mayores rigideces en su mercado laboral, sobre todo en materia de prácticas de contratación y despido, por lo que alcanzó el puesto 134 de 141 economías en el Reporte de Competitividad Global de 2019 del Foro Económico Mundial. Como consecuencia, en el Perú predominan los contratos temporales, los cuales limitan la exposición a riesgos de las empresas, pues facilitan una gestión adecuada de sus planillas, dado que el uso de mecanismos de despidos se encuentra limitado por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de 2001, según Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo.

No obstante, estos no fueron suficientes para contener la severidad de la presente crisis económica, de manera que la aplicación de renegociaciones salariales, las cuales únicamente pueden ocurrir mediante un acuerdo entre empleado y empleador, también contribuyeron a aliviar la situación. De esta manera, no sorprende que el subempleo por ingresos en Lima Metropolitana haya aumentado durante el último trimestre móvil hasta representar el 30.6% de los puestos de trabajo en la capital, según el INEI. Si bien no resulta deseable acceder a menores salarios que la remuneración relativa asociada con las funciones en cuestión, se debe recordar que esto contribuye a la preservación del puesto de trabajo y se sustentaría en la menor actividad económica, en vez de prohibirles arbitrariamente un salario digno, como sugiere el Proyecto de Ley (PL) 7087/2020-CR.

Por su parte, la propuesta del PL 7068/2020-CR, otorgar mayores beneficios a los trabajadores de tiempo parcial, también omitiría los requerimientos del mercado laboral actual. Esto porque, desafortunadamente, el país también se caracteriza por imponer costos no salariales bastante elevados (ver Semanario 1038), lo cual limita la expansión del empleo formal. Por ello, se requiere reconocer que los actuales regímenes laborales suponen desembolsos que pueden representar hasta el 46% de la remuneración del trabajador, dependiendo del tamaño de la empresa, y que de expandirse los contratos cuya finalidad es dotar de mayor flexibilidad al empleador se desembocará en un menor uso de ellos, lo que contribuirá a una mayor informalidad o desempleo.

Por ello, urge recordar que no sería la primera vez que el Estado intenta favorecer erradamente a los trabajadores imponiendo restricciones a los empleadores, como sucedió con el fallo del TC. Sobre todo, porque contrariamente a lo que se aspiraba, eso se tradujo en una pérdida de salarios equivalente a S/ 6,100 millones tan solo en 2015, según Miguel Jaramillo, situación que puede repetirse en un escenario como el presente.