A mediados de 2019, ComexPerú participó en el IV Foro Diálogos para el Desarrollo, donde expuso ideas y evidencia acerca del porqué la descentralización en el Perú no ha dado resultados, así como recomendaciones de política para reducir la brecha de servicios públicos que existe a nivel nacional, especialmente en el interior del país. 

Como en muchos otros espacios, la gran interrogante se centró en por qué el crecimiento interrumpido hasta ese entonces (20 años consecutivos, y hubieran sido 21 al cierre de 2019), no se había traducido en mejoras en el bienestar a nivel nacional; por qué existían zonas en nuestro país con carencias de agua y saneamiento, pistas y carreteras, salud y educación, infraestructura en general, y seguridad, por mencionar algunas. 

Muchas de las ideas que se desprendieron de dicho foro apuntaron a identificar qué ha fallado con el proceso de descentralización, tomando en cuenta que sería uno de los problemas más graves en materia de institucionalidad y que claramente repercute en la vida de todos los peruanos. 

Innumerables técnicos y académicos han elaborado informes sobre el tema (Abusada, Du Bois, por mencionar algunos) y la gran mayoría apunta a la autonomía de los Gobiernos subnacionales (regionales y municipalidades), esa que les permite hacer o no hacer; cómo, cuándo y qué, con sus recursos para obras públicas. Al respecto, enfatizan que en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países más evolucionados en términos de descentralización, se admite que el Gobierno central no tenga una función de cohesión y uniformización de las políticas públicas. 

Así, la autonomía no puede ser entendida como autarquía y deben existir canales institucionales que permitan la intervención del Gobierno central cuando los Gobiernos subnacionales no cumplan con sus obligaciones con el bien común, con el bienestar general de la población. Muchas de las decisiones (o la falta de ellas) deberían ser corregidas por el Gobierno central y, por qué no, ser objeto de sanciones administrativas, ya que atentan contra la calidad de vida de la población y incrementan aún más el descontento social. 

En el contexto de la correcta y oportuna ejecución de los recursos asignados para inversión pública, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno nacional ejecutó el 90.5% de su presupuesto, mientras que los Gobiernos regionales, el 79.1%, y las municipalidades, solo el 63.6%. En el caso específico de los Gobiernos regionales, los de Áncash, Callao, Lambayeque, Tacna, San Martín y Cajamarca ejecutaron menos del 70% de su presupuesto. Por su parte, las municipalidades de Áncash, La Libertad, Ica, Callao, Lambayeque, Ucayali y Lima, en promedio, ejecutaron menos del 60%. 

¿Qué falta para que se cumplan las reglas de juego? De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley 29158), este es el encargado de diseñar las políticas nacionales que deben cumplirse en todos los niveles de gobierno; además, cuenta con capacidad sancionadora y de vigilancia. ¿Acaso está abandonado esta función? 

En este escenario, que no es solo del año pasado, sino que se repite año tras año, es tiempo de un ajuste. Resulta absurdo que la autonomía con la que cuentan los Gobiernos subnacionales les permita hacer y deshacer, promover o entrampar, sin ningún control por parte del Gobierno central. Un sistema de recompensa y castigo, de la mano con una efectiva aplicación de las normas, podría ayudar muchísimo a mejorar el desempeño de las regiones y mejorar la calidad de vida de la población. ¿Falta de voluntad política? 

*Publicado en Infobae el 19 de enero de 2024.