El Estado ha demostrado ser ineficiente en la prestación de servicios públicos. Aunque las empresas privadas tienen una mayor capacidad para ofrecer servicios de calidad, el Legislativo continúa proponiendo leyes para aumentar la participación de las empresas estatales. Estas iniciativas ponen en riesgo el desarrollo económico del país y el bienestar de los ciudadanos. 

En el Perú, la gestión estatal de los servicios públicos es ineficiente y ha dado lugar a pérdidas monetarias, corrupción, copamiento de cargos públicos, provisión insuficiente de servicios y precios inadecuados. Además, las empresas públicas han estado sujetas a regulaciones improductivas sin un control efectivo de rendimiento o eficacia, lo que afecta negativamente a los contribuyentes y desincentiva la inversión privada. Esta situación, además, obstaculiza la generación de recursos necesarios para mejorar la prestación de los servicios públicos y contribuye al déficit fiscal y la inflación. 

Petroperú, Córpac y algunas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) son ejemplos de empresas públicas ineficientes que generan gastos no productivos utilizando recursos públicos. Petroperú es el caso más destacado: sumido en la burocracia y preso de sus sindicatos, ha registrado pérdidas de hasta US$ 823 millones en 2023. Córpac, por su parte, ha demostrado recientemente que no actúa con sentido de urgencia en la administración de aeropuertos a su cargo, lo que pone en riesgo la vida de millones de personas diariamente. 

A pesar de ello, sorprende que, por motivos ideológicos, sigan presentándose iniciativas legislativas para afianzar la ineficiencia de la gestión estatal, incluso cerrando las puertas a los esquemas de colaboración público-privada en la gestión de servicios públicos. El ejemplo más claro es el proyecto de ley 7350/2023-CR, que propone eliminar la posibilidad de concesionar al sector privado la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en la modalidad de colaboración público-privada, bajo el argumento de una supuesta afectación a la Constitución. 

Contrariamente a lo señalado, permitir la colaboración público-privada en la gestión de servicios públicos no solo no contraviene la Constitución, sino que se justifica ante la delicada situación del servicio de saneamiento en el país (ver Semanario 1209). 

En ningún caso el Estado cede la titularidad del servicio público, sino que conserva potestades regulatorias y fiscalizadoras, además de establecer garantías mínimas sobre la prestación de estos servicios. Lo que se busca es que la ejecución de la actividad esté a cargo de empresas privadas mediante la colaboración público-privada. Con este esquema, se permite al Estado reducir el gasto público en este sector, redistribuir recursos hacia áreas de mayor necesidad, gestionar el riesgo de manera más efectiva y aprovechar las buenas prácticas del sector privado. 

Otras iniciativas recientes son los proyectos 5799/2023-CR, 5978/2023-CR y 6134/2023-CR, que proponen la creación de plantas estatales de litio, energía y uranio; mientras que el proyecto 7725/2023-CR sugiere la comercialización de combustible por parte de Petroperú en grifos propios. Estas propuestas pasan por alto la posible participación de empresas privadas que podrían competir en estos sectores. Además, el legislador ignora que el Estado debe priorizar urgencias como el acceso a salud, educación y seguridad. Al invertir recursos en nuevas aventuras empresariales, se corre el riesgo de malgastar fondos que podrían destinarse a esas áreas críticas. 

La iniciativa privada suele generar mayor eficiencia en la provisión de servicios en comparación con la pública. A diferencia del Estado, el sector privado gestiona los servicios como una verdadera empresa: si hay pérdidas económicas, las asume ella misma, no los contribuyentes. El sector privado elimina la burocracia y los privilegios para los trabajadores, ya que sus beneficios son los mismos que los de cualquier empleado del sector. Además, si una empresa privada incurre en negligencia, asumiría las consecuencias mediante el pago de multas e, incluso, con el despido de los responsables.

Otra ventaja de la gestión privada es su capacidad para realizar grandes inversiones en tecnología avanzada y conocimientos técnicos. Esto asegura que quienes proveen el servicio estén mejor equipados, lo cual garantiza la calidad y la eficiencia del servicio ofrecido. 

La intervención del Estado en la gestión de estos servicios debería limitarse a los casos donde exista ausencia o insuficiencia de las prestaciones gestionadas por el sector privado. De esta manera, el Estado cumpliría su rol de asegurar una mayor calidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos.