Recientemente, la congresista Marisa Glave presentó un proyecto de ley que pretende impulsar la actividad empresarial del Estado, intento del que hemos sido testigos en repetidas ocasiones en legislaturas pasadas, de la mano de congresistas simpatizantes de un modelo económico intervencionista, como el instaurado en los 70. Esta iniciativa pretende eliminar el principio de subsidiariedad por el que se rige el Estado y comprometer recursos públicos para que este pueda realizar actividades comerciales, campo en el que en reiteradas ocasiones ha demostrado ser ineficiente, con millonarias pérdidas de recursos que provienen de los contribuyentes y servicios que dejan mucho que desear.

Para ponernos en contexto, nuestra Constitución Política, en su artículo 60, establece que el Estado puede realizar actividad empresarial, pero solo de manera subsidiaria, es decir, solo en aquellas situaciones en las que la escasez de oferta por parte del privado no llega a cubrir ciertas necesidades de alguna parte de la población, o cuando el mercado no llegue a soluciones óptimas (las llamadas “fallas de mercado”). Es este principio el que permite al Estado enfocarse en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, que constituyen los pilares del crecimiento y desarrollo del país. Tal como señala el Tribunal Constitucional, nuestra Constitución establece, en los artículos 58 y 59, que el Estado tiene un rol promotor en estas áreas, y debe garantizar y expandir la libre iniciativa privada y los derechos esenciales de las personas.

Entonces, sin sustento técnico de por medio ni un debido análisis de impacto regulatorio, el proyecto de ley pretende modificar la norma de mayor rango en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de permitir la actividad empresarial más allá de un rol subsidiario. De acuerdo con la iniciativa de la congresista, el mercado no atendería a todos por igual, y existirían “razones estratégicas y/o de soberanía” que justificarían el intervencionismo estatal. Para el primer caso, es justamente el principio de subsidiariedad lo que permite cubrir una eventual situación como esta. Sin embargo, resulta evidente que no existe ninguna razón de interés para nuestro país que justifique regresar a esquemas que le costaron cuantiosos recursos que pudieron usarse para implementar reformas que ataquen la pobreza.

Tomar nota, por favor

La experiencia peruana demuestra que la actividad empresarial del Estado ha generado millonarias pérdidas para el fisco, así como ineficiencias en la provisión de los servicios ofrecidos en los mercados intervenidos. De acuerdo con información del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 1969, a inicios del gobierno militar de Velasco Alvarado, las pérdidas acumuladas de las empresas estatales ascendían a US$ 46 millones, y tan solo en una década se multiplicaron por 54 al sumar unos US$ 2,481 millones, es decir, jugar al Estado empresario le costó al país ¡un 10% del PBI!

Asimismo, según datos del Banco Mundial, el desempeño de las empresas estatales ha sido históricamente ineficiente. Por ejemplo, entre 1980 y 1993, la empresa estatal de telefonía llegó a atender hasta 673,000 líneas telefónicas. Sin embargo, en el periodo 1994-2007, un período exactamente igual, Telefónica del Perú atendió a 2.67 millones de personas y registró un crecimiento acumulado del 246.1%. Igualmente, en el sector energético, después de su privatización, se logró reducir las pérdidas de energía del 21.8% en 1993 al 11.8% en 1999, y duplicó su generación total.

Por el contrario, la política de apertura comercial y de libre competencia, esquema en que la inversión privada representa más del 20% del PBI —según información del Banco Central de Reserva del Perú—, ha logrado reducir significativamente la incidencia de la pobreza: tan solo entre 2006 y 2016, la tasa de pobreza a nivel nacional pasó de 49.1% a 20.7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mientras que la tasa de pobreza extrema se redujo en 10 puntos porcentuales, al pasar de 13.8% a 3.8%.

Pese a ello, la congresista Glave insiste en retomar políticas que perjudicaron nuestro crecimiento y desarrollo, lo que muestra un marcado sesgo a favor de una visión paternalista del Estado, más acorde con la Constitución Política de 1979, que mantuvo un esquema muy intenso de intervención estatal en la economía. No es coincidencia que la fórmula legal de esta iniciativa legislativa replique el artículo 113 de dicha Constitución.

Resulta preocupante que se sigan presentando proyectos de ley que no pasen por el filtro de un análisis regulatorio contundente, con cifras que reflejen un carácter objetivo. ¿Cómo es posible que el proyecto de ley manifieste que la actividad empresarial del Estado no irrogará gasto al tesoro público? Claramente, la aprobación de proyectos como este pondría en serio peligro nuestro crecimiento y la continua reducción de la pobreza. ¿Hasta cuándo?