La inversión juega un rol fundamental en el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Particularmente, la inversión privada ha sido un factor clave para mantener una senda de crecimiento positiva por más de quince años, con una incidencia importante en la reducción de la pobreza. No obstante, ignorando los beneficios que han traído las políticas de apertura, de libre competencia y de no intervención estatal, que justamente alentaron la inversión privada, hay quienes buscan implantar políticas probadamente fallidas, como la del Estado empresario. Así, recientemente, la congresista Marisa Glave, mediante el Proyecto de Ley N.º 2648/2017-CR, insiste en modificar la Constitución para que el Estado se aleje de su rol subsidiario y desarrolle actividades empresariales o participe en ellas con el fin de promover la economía, pese a los nefastos resultados que esto trajo años atrás.

El rol subsidiario, establecido en el artículo 60 de la Constitución política, es el principio constitucional que le permite al Estado enfocarse en áreas especialmente prioritarias, como salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura, que son justamente los sectores que constituyen los pilares del crecimiento y desarrollo del país, y deja en manos del sector privado los demás. Por tanto, el Estado destinará recursos de estos sectores para realizar actividad empresarial únicamente cuando el privado no pueda cubrir la demanda de una parte de la población o cuando existan fallas de mercado. Esta dinámica ha permitido el crecimiento de la inversión privada, la que, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en 2017, representó un 18.5% de la demanda interna, y un 17.1% del PBI, muy por encima de la inversión pública (4.5%), variable también importante, pero con un margen de maniobra mucho más acotado, por su poco peso relativo en el PBI.

Aunque en niveles bajos en los últimos años, la inversión privada ha sido el principal catalizador de la economía peruana y de la reducción de la pobreza. Por ejemplo, la incidencia de la pobreza extrema entre los trabajadores del sector agropecuario de la costa (donde se lleva a cabo la mayor parte de la actividad agrícola moderna) pasó del 12% a solo el 0.5%, y la de la pobreza cayó del 57% al 20%, entre 2004 y 2015. No es coincidencia que los aumentos de la inversión privada se condigan con caídas en la tasa de pobreza, y que, en los periodos de desaceleración, la reducción de la pobreza sea menor. Esto se debe a que el Perú sigue una política de no intervencionismo, en la que el Estado tiene un rol promotor de la iniciativa privada, mientras se aboca a proveer los servicios básicos para la población, especialmente la vulnerable. ¿Por qué cambiar un esquema que ha tenido grandes resultados y retroceder hacia otro que dejó millonarias pérdidas para el Perú?

El proyecto de la congresista Glave, que es el mismo que presentó en octubre último, pero con la variación de que sea el Congreso quien decida que el Estado realice una actividad empresarial, pone en riesgo todo lo avanzado. Sin mayor explicación, en el desarrollo de dicha iniciativa legislativa se llega a la conclusión de que, para diversificar la economía, habría que incentivar la actividad empresarial estatal con un Gobierno corporativo. ¿Dichas prácticas se llevarán a cabo de manera eficiente en un Estado con alta complejidad burocrática? Muy probablemente no, y se necesitaría de una gran inversión para realizar de manera eficiente una actividad que no resulta prioritaria o que el privado puede realizar, y retribuir con el pago de impuestos y otros. Esta iniciativa, carente de un análisis de costo-beneficio y de un adecuado sustento técnico (que no pasa por citar parcialmente a instituciones internacionales), pone en evidencia, una vez más, la urgente tarea de implementar un sistema de análisis de calidad regulatoria en el Congreso.

También es cierto que el Perú enfrenta grandes retos que deben abordarse para que los beneficios que trae la libre competencia lleguen cada vez más a todos los peruanos. Para ello, se requiere implementar reformas estructurales que no pasan por la actividad estatal empresarial. Se necesita un Estado enfocado en áreas primordiales, como salud y educación, y no en el manejo de empresas públicas del mercado de hidrocarburos, por ejemplo. Son estas reformas las que nos harán menos vulnerables a los choques de oferta, y que pasan por una simplificación administrativa, una modernización del Estado y de políticas para cerrar brechas en educación, infraestructura y salud. Jugar al Estado empresario le costó al Perú un 10% de su PBI, con pérdidas de más de US$ 2,400 millones —recursos de todos los peruanos—, distorsiones en el mercado y una enorme pérdida de la competitividad del país, y por ende de la capacidad de reducir la pobreza. ¡No podemos retroceder!