En una coyuntura política en la que la población está enfocada en el destino de la gobernabilidad del país, venimos siendo testigos de una serie de iniciativas y políticas intervencionistas que, si bien podrían tener como justificación el bienestar de determinados sectores de la población, generarían efectos negativos en el desarrollo empresarial y económico del país, puesto que desalentarían la inversión privada y perjudicarían a los mismos consumidores que buscan proteger.

Un ejemplo de ello es la iniciativa legislativa que plantea el control previo de fusiones y adquisiciones, cuya implementación generaría sobrecostos y desincentivos para las inversiones en nuestro país, así como supondría un gasto ineficiente de recursos del Estado al establecer un control ex ante (ver Semanario N.º 923), lo que perjudicaría finalmente a los consumidores. Otro ejemplo es la propuesta de establecer precios máximos a los medicamentos básicos con la excusa de asegurar su abastecimiento en el país, ignorando que el efecto sería el opuesto (ver Semanario N.º 924). A eso se suma, recientemente, la decisión de una institución técnica, como el Indecopi, que atentaría contra la libertad de hacer empresa en nuestro país.

ESPECTADORES DEL DESCONCIERTO

Hace unos días, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi (SPC) determinó que las dos principales cadenas de cine habrían infringido las normas en materia de protección al consumidor, al establecer la prohibición de ingresar con alimentos o bebidas adquiridas fuera de sus establecimientos, alegando que ello “constituye una cláusula abusiva de ineficacia absoluta que limita los derechos de los consumidores”. Sin embargo, los referidos pronunciamientos estarían afectando seriamente el libre desenvolvimiento de la actividad empresarial privada.

De acuerdo con un estudio publicado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford y la Universidad de California Santa Cruz, el alto precio de los alimentos en los cines forma parte de un modelo de negocio generalizado que beneficia a los consumidores, pues permite un precio bajo de las entradas. La lógica detrás de esto es que existen dos tipos de consumidores: los asiduos que van al cine todo el tiempo, quienes usualmente son los que compran alimentos, y los que van solo cuando se proyectan buenas películas, o las populares, quienes son los menos propensos a consumirlos. Estos últimos son sensibles a los precios, por lo que elevar el precio de las entradas los ahuyentaría. Por ello, la estrategia de los cines es no elevar mucho el precio de las entradas, cuyo ingreso se comparte con los distribuidores de películas, y transferir un mayor precio a través de los alimentos, lo cual, al menos para la principal cadena de cines, representa el 40% de sus ganancias. Esto además de manejar diferentes precios de entradas en función de la ubicación geográfica de sus establecimientos.

Dicho esto, sorprende el pronunciamiento de la SPC, pues constituye una intromisión injustificada que limita la libertad de hacer empresa y va contra la Constitución. Los cines son empresas privadas y tienen libertad para desarrollar las estrategias y planes de negocio que más les convengan. Medidas como esta solo traerán consecuencias negativas para el desarrollo empresarial, pues desincentivan la inversión al imponer condiciones en sectores netamente privados, donde corresponde que decidan los dueños de dichas empresas.

En el caso concreto de los cines, esta medida se sumaría a otro problema que limita seriamente su desarrollo a nivel nacional. Si lo que realmente se quiere es beneficiar al consumidor e incentivar la competencia, se debe evaluar el régimen tributario vigente. Actualmente, existe un impuesto municipal a los espectáculos públicos no deportivos que grava el 10% del valor de la entrada, adicional al IGV. Si bien este impuesto fue exonerado para la mayoría de los espectáculos, como el teatro, la ópera, el ballet, los conciertos, entre otros, se ha mantenido solo para cines, los toros y las carreras de caballos, lo cual implica una discriminación arbitraria que carece de lógica alguna.

Cabe indicar que la eliminación de este impuesto no perjudicaría la recaudación tributaria, pues la contribución de este es mínima y solo 52 de las 1,800 municipalidades que existen en el Perú lo reciben, por lo que representa aproximadamente un 0.45% de sus ingresos anuales. No obstante, este sí encarece la inversión privada, genera sobrecostos y es una de las razones por las cuales la industria cinematográfica no llega a ciertas ciudades del Perú, como Amazonas, Ayacucho, Pasco y Junín.

Como dijo Milton Friedman, célebre economista: “Mucha gente quiere que el Gobierno proteja a los consumidores. Un problema mucho más urgente es proteger a los consumidores del Gobierno”.