El Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 583/2021-PE, mediante el cual solicita facultades para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.

Hoy, lo urgente es abordar las principales necesidades de las familias peruanas: empleo y mejores servicios públicos (salud, educación, seguridad y saneamiento). La prioridad debe ser la reactivación económica, a través del impulso de la inversión pública y privada, que permita la recuperación de puestos de trabajo y un Estado ágil, eficiente y que luche contra la corrupción, para que los recursos que tiene se traduzcan en obras para la población.

Al revisar esta ley de solicitud de facultades, surgen algunas preguntas: ¿tiene el Ejecutivo los mejores equipos técnicos y expertos en posiciones claves del Estado para la preparación de estas leyes? ¿Se tiene una visión clara sobre qué es la empresa privada, desde la gran empresa hasta el pequeño emprendimiento, la que genera empleos y que, para ello, necesita confianza y reglas claras? ¿Es consciente el Gobierno de que el verdadero problema es la informalidad y que los esfuerzos deben estar dirigidos a formalizar a las miles de mypes y los trabajadores que no tienen ningún derecho laboral? ¿Hay una estrategia para transformar el Estado, hacerlo más eficiente, menos burocrático y reducir su tamaño? La respuesta es no, no, no y no.

Las idas y venidas del Ejecutivo no permiten tener confianza en que hará uso adecuado de dichas facultades y que las leyes que promulguen atenderán los problemas que verdaderamente aquejan a los peruanos. Por el contrario, se ha demostrado que sus anuncios golpean cada día más los bolsillos de las familias peruanas, sobre todo las más vulnerables. Las amenazas a la empresa privada, con marchas y contramarchas, y traducciones de por medio, solo han paralizado la inversión, y con ello habrá menos empleos y más pobreza.

Desconocer la informalidad como el principal problema del país es estar de espaldas a la realidad. Este problema no se aborda subiendo impuestos ni con asistencialismo ni bonos. Se requiere una reforma laboral (que brilla por su ausencia aquí y en la Agenda 19 del MTPE), pero sobre todo un Estado articulado y eficiente que impulse una transformación productiva. De esto, que es lo importante, no hay nada.

Por el contrario, el foco de las facultades tributarias es subir tasas impositivas, hacer pagar más a los pocos que pagamos impuestos. Más impuestos, en la actual coyuntura, es menos dinero para consumo, menos gasto para reactivar la economía. Es populismo, es más dinero para el Estado, para financiar una burocracia con débil capacidad de gestión.

Por ello, desde ComexPerú, consideramos que no se le debe otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo, sino que se debe dar un trámite especial a los proyectos de ley que sobre la materia presente, a fin de que sean discutidos de manera pública, técnica y transparente, para recibir comentarios por parte de distintos sectores de la sociedad civil.