El año pasado, con el fin de mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria, el Gobierno peruano lanzó una serie de mecanismos financieros para dotar de liquidez a las empresas de distintos rubros y así evitar la interrupción de la cadena de pagos. Entre estos se encuentran el Programa de garantías estatales Reactiva Perú, los Programas de Apoyo Empresarial a las Mype (FAE-Mype), al turismo (FAE-Turismo) y al sector agropecuario (FAE-Agro). En cuanto a Reactiva Perú, el monto otorgado para su funcionamiento ascendió a S/ 60,000 millones, un valor equivalente al 8% del PBI. Dada la magnitud e importancia de esta herramienta de política, resulta relevante evaluar su desempeño y las oportunidades de mejorarla.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el total de garantías otorgadas por el Programa Reactiva Perú ascendió a S/ 57,900 millones con una tasa de interés promedio del 1.36%, muy por debajo del promedio antes de la pandemia, que era cercano al 8%. Así, se habrían beneficiado un total de 501,298 empresas, de las cuales el 30.6% fueron de Lima, seguidas por las de Puno (7.5%) y Piura (6.7%). Asimismo, este esquema contempló las características estructurales de nuestra economía al presentar una distribución similar a la de las colocaciones en el sistema financiero.

A partir de los resultados, no cabe duda de que el programa fue exitoso para contrarrestar la crisis económico-financiera de las empresas. Según el Banco Central de Reserva del Perú, además de ser uno de los programas de garantía crediticia de mayor tamaño, destaca por tener una mayor ejecución como porcentaje del PBI (7.5%), respecto de países como Colombia (1%) o Chile (4.3%). 

Sin embargo, como toda política de Gobierno, pudo haber sido perfeccionado y así ayudar a un mayor número de empresas. Por ello, cabe preguntarnos cuántas empresas pudieron resultar beneficiadas con el saldo que no logró ejecutarse dentro del plazo establecido (S/ 2,136 millones). Tras realizar una estimación del monto total no otorgado en garantías y tomando en cuenta las proporciones asignadas para cada rango de préstamos, se encontró que el total de garantías no otorgadas podrían haber servido a las entidades financieras para beneficiar a más de 3,600 empresas peruanas[1], con lo que habrían estado mejor preparadas ante la crisis.

Por otra parte, si evaluamos los Programas de FAE-Agro y FAE-Turismo encontramos que, pese a que se destinaron S/ 2,000 millones y S/ 200 millones para su ejecución, respectivamente; a la fecha solo se han asignado S/47.4 millones y S/ 47.1 millones, según información sobre el resultado de las subastas del Cofide de fines de 2020. Por ello, resulta primordial que en las siguientes semanas se evalúe adecuadamente estos esquemas de préstamos de manera que garanticen el acceso efectivo a más peruanos que necesitan financiamiento para sacar adelante sus negocios.  

No obstante, ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, así como las oportunidades de mejora evidenciadas en los programas presentados, resulta válido analizar si el país cuenta con el dinero suficiente para volver a aplicar proyectos de tal magnitud. Una de las variables por tomar en cuenta es la trayectoria de nuestros ingresos tributarios en los últimos meses, que podría darnos luces de cuán preparadas estarían las arcas fiscales de cara a los próximos años.

De acuerdo con información de la Sunat, en 2020, las pérdidas económicas de las empresas, pese a las medidas tributarias aplicadas para aliviar la crisis, provocaron una recaudación del Gobierno central de S/ 93,128 millones, lo que significó una disminución del 17.4% respecto de 2019. Así, entre en los meses de abril y junio, se registraron caídas de hasta el 41.2% y el 47%, respectivamente. Sin embargo, de julio en adelante se observa cierta tendencia al alza impulsada por la recuperación de las actividades económicas. Ahora bien, las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo de volver a cuarentena en algunos departamentos del país supondrían un riesgo para la recaudación y, con ello, para los ingresos futuros del fisco.

En tal sentido, es claro que la disponibilidad de recursos para hacer frente a la pandemia en estos momentos no es la misma que la del año pasado, lo que exige su uso eficiente para no comprometer la sostenibilidad fiscal en los próximos años. Asimismo, esto también dependerá de nuestra responsabilidad para elegir a los próximos gobernantes y evitar a aquellos con propuestas populistas que generarían incrementos de deuda no deseados.

[1] Para el cálculo se consideró el máximo monto garantizado para cada rango de préstamos entre el total de posibles garantías otorgadas.